El lunes 10 de Noviembre recién pasado se llevó a cabo en el Palacio Ariztía el Seminario ¿Quién debe pagar las Aguas Lluvias? (sic) dirigido y convocado por la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Expusieron diferentes autoridades sectoriales, académicos y asociaciones empresariales ligadas al negocio de la ejecución de obras.
Lo anterior, en razón a que ha llegado al Parlamento una modificación a la Ley NÅŸ 19.525 que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias. El Gobierno busca que el sector privado solucione el déficit de infraestructura que padecemos, mediante el método de las concesiones. Según las cifras que se manejan, se requiere de una inversión de 690 millones de dólares para abordar la red primaria del Plan Maestro de Aguas Lluvias del Gran Santiago, cifra que se eleva a 1.700 millones de dólares a nivel país.
Nos llamó la atención que los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros no dieran a conocer sus opiniones al respecto, teniéndose en cuenta que tales cuerpos gremiales son los que tienen una mejor visión de la ciudad. Tampoco fueron invitados a intervenir como panelistas las organizaciones de consumidores ni ninguna otra que oliera a sociedad civil.
El proyecto considera que los dueños de inmuebles deben cancelar una tarifa mensual para financiar los costos de inversión, mantención y operación de las obras y las cobranzas respectivas las harían las empresas sanitarias.
De lo anterior se desprende que tenemos un alto pasivo urbano-ambiental, el cual es consecuencia directa del crecimiento descontrolado e inorgánico de la ciudad. El sector empresarial que ha lucrado con el uso indiscriminado del suelo urbano no ha asumido su cuota de responsabilidad social porque las autoridades han sido permisivas con él.
En este ámbito, las constructoras se las arreglaron durante 60 años para no hacerse cargo de los costos de las infraestructuras necesarias, tales como los colectores de aguas lluvia y/o los parques lineales inundables (ver columna ¿Continuaremos inundándonos?, El Mostrador.cl, 7 de agosto de 2002) para soportar la mayor densidad habitacional, expansión horizontal e impermeabilización de los diferentes barrios y por ello ahora muchos sectores de la ciudad se inundan cuando caen ciertos niveles de precipitaciones.
En otro orden de cosas, pero relacionado con el fondo del asunto, tenemos que recordar que durante muchos años las empresas constructoras cometieron errores de diseño con los ductos evacuadores de gases, con lo cual mucha gente falleció a raíz de la inhalación de monóxido de carbono (CO), gas letal inodoro e incoloro. Las autoridades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y las direcciones de obras municipales sabían que el diseño no recto de los ductos era erróneo, pero en aras de no «poner trabas burocráticas» al negocio inmobiliario callaron e irresponsablemente autorizaban las «recepciones finales».
Cuando la prensa informó sobre la gran cantidad de muertes como consecuencia de esa «equivocación involuntaria», se hicieron mayores exigencias y los gastos de los rediseños de los ductos en los edificios mal construidos corrieron por cuenta de los dueños de los departamentos, de acuerdo a las instrucciones emanadas de la autoridad. Es decir, el Estado una vez más le cargó la mano a los usuarios, dado que estos están atomizados y no tienen capacidad de reacción para reclamar por sus derechos.
En este caso, quienes debían asumir los costos de las reparaciones eran las constructoras e inmobiliarias que no supieron hacer bien su trabajo y que sí saben ejercer contundentes acercamientos para obtener crecientes ventajas de parte de las autoridades sectoriales.
Hemos leído en la prensa que el Minvu se verá en la obligación de reparar 48.000 viviendas sociales mal edificadas por contratistas privados a lo largo del país, lo que demandará un gasto de $ 70.000 millones que saldrán nuevamente de la caja fiscal. Con esta suma de dinero se podrían haber construido 12 mil viviendas nuevas.
Por otro lado la Intendencia ha favorecido el cambio ilegal de uso de suelo de los parques-quebradas (áreas verdes) primordialmente en la zona oriente, para posibilitar la ejecución de proyectos inmobiliarios. También ha permitido que se construya más arriba de las cotas 900 y 1.000 en las zonas precordilleranas, con lo cual se han violado las propias normas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), cuyo custodio -curiosamente- es él mismo.
Volviendo al tema base de la columna, debemos recordar que muchos anegamientos se han producido -entre otros motivos- porque el Serviu ha sido el impulsor en elegir zonas recurrentemente inundables (por ser baratos) para levantar viviendas sociales que sufren las consecuencias de esa improvisación.
El proyecto de ley al cual nos referimos no contempla en su texto original la ejecución de los parques lineales inundables, solución de largo plazo y que aumenta la disponibilidad de áreas verdes en esta ciudad carente de una apropiada vegetación. Pero sí elimina la posibilidad de que la red de aguas lluvia sea unitaria con la de aguas servidas, argumento que proponían algunos operadores para obtener economías de escala. Solo en casos de emergencia calificada la autoridad podrá permitir la interconexión de ambos tipos de aguas.
En todo caso el Gobierno pretende que los costos totales de la solución final sean asumidos por los propietarios de los inmuebles, porque supone que estos, al estar dispersos, aceptarán esa inicua imposición: lo razonable sería que aquellos paguen solo los gastos de mantención y operación de las obras a construirse, sean cuales fueren.
Quienes sí deben asumir la responsabilidad pecuniaria de estas inversiones en infraestructura, son los sectores empresariales que se desenvuelven en los negocios de la construcción, los cuales, como dijimos, son los únicos causantes del pasivo urbanístico. Por otro lado, estos han sido los beneficiarios del crecimiento económico y lo justo es que salden sus cuentas con esta sociedad que exhibe una regresiva distribución del ingreso.
Nuestra proposición tiene más fuerza aún, al constatarse la iniciativa del Minvu con la Municipalidad de Vitacura, quienes en la actualidad están haciendo los trámites conducentes a modificar el Plan Regulador Comunal (PRC) de esta última. Se desea derogar la obligación contenida en dicho PRC, en orden a ejecutar obras de infraestructura (colectores, instalaciones de agua potable y otras) como prerrequisito para otorgar permisos de edificación de alta densidad. Esta municipalidad reconoció en Enero de 2000, cuando se aprobó su instrumento regulador, que tenía mucha infraestructura deficitaria con lo cual se hacía imposible una adecuada operación de la comuna.
Con este cambio de postura se demuestra que nuevamente la autoridad -con el liviano afán de facilitar negocios privados- está faltando a su obligación de velar por el bien común, previendo las externalidades negativas ocasionadas por la ocupación del suelo urbano.
Como vemos, la historia se repite y por ello creemos que el proyecto de ley en comento debe considerar que los costos de la ejecución de las obras serán de cargo del sector productivo (incrementándose el valor del permiso de edificación) y los costos de mantención y operación de las mismas correrán por cuenta de los dueños de los inmuebles, quienes cancelarán su aporte una vez al año.
Esta fórmula, por reconocer los desatinos del pasado, la consideramos justa y equitativa. El Congreso Nacional tiene la última palabra.
(*)Agrupación Defendamos la Ciudad
