El caso de espionaje en el consulado argentino de Punta Arenas pone otra vez a prueba la afirmación «hay que dejar que las instituciones funcionen», ya que si efectivamente funcionan, no sólo habría responsabilidad militar en el bochornoso suceso, sino también civil.
Los militares son empleados públicos sujetos a un estatuto muy especial. No se mandan solos, tienen rangos, jerarquías, estructura de mando y un sistema de relaciones interno detalladamente normado en sus reglamentos, sobre todo en materia de operaciones.
Desde el retorno a la democracia, hace más de 12 años, los civiles han reivindicado insistentemente este principio de la sujeción militar a las autoridades civiles. La Región Militar Austral depende directamente del ministro de Defensa, y es el único caso en que la sujeción llega, incluso, a romper la estructura habitual del mando, al menos formalmente. Además, es el único caso en que hay operatividad conjunta permanente de las tres ramas de las FFAA.
Se supone que cada cierto tiempo las autoridades civiles -plenamente involucradas en sus responsabilidades- repasan el cuadro de operaciones en la zona y están informadas en líneas gruesas de lo que se hace. Se presume también que los militares tienen una interacción más estrecha en materia de planificación operativa y administración militar de la zona, incluido el ámbito de la inteligencia.
Las actividades de inteligencia son normales en cualquier situación y circunstancia, porque involucran recolección de información, insumo permanentemente necesario para todo lo que hay que decidir día a día. Sin embargo, asaltar un consulado para conseguirla es una «operación especial» y, en tiempos de paz, normalmente ellas están prohibidas, más aún con un vecino como Argentina. A lo menos, están sujetas a procedimientos especiales de autorización que la máxima autoridad política debe conocer y validar.
Omisión política
Si resulta que el ministerio no sabía lo que se estaba haciendo, entonces lo del mando directo de la cartera de Defensa es solo una fantasía, y los militares no dicen lo que están haciendo, excepto cuando meten la pata. Entonces, en materia militar, no funcionan las instituciones.
Al revés, si efectivamente sabían o, pudiendo saber, delegaron autoridad e hicieron confianza, no cumplieron sus obligaciones, y sería bueno que junto con la salida del comandante en jefe de la Región, general Waldo Zauritz, también se hiciera efectiva la responsabilidad política del ministerio de Defensa por la omisión política que ello implica y sus consecuencias.
Eso es lo que corresponde cuando funcionan las instituciones, porque lo ocurrido lesiona el interés nacional de Chile, específicamente su imagen de país abierto al mundo y respetuoso de las leyes internacionales. En este caso se pasó por alto la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Ya no puede sostenerse que la culpa la tuvo un cabo de la Fach.
Finalmente, la doctrina de las responsabilidades individuales que parece imponerse en este caso, tampoco es satisfactoria. Cada vez que surge algún problema con las FFAA emerge la teoría del responsable solitario. Ya ocurrió con las violaciones de derechos humanos.
Entonces, tenemos instituciones impolutas y perfectas, donde por error se cuelan torturadores o asesinos que operan durante años -o cretinos profesionales como en este caso- sin que nadie se dé cuenta, hasta que se suscita un escándalo, o lo flagrante del hecho impide ocultarlo.
Para los que les gusta la frase, las instituciones no son sólo edificios o uniformes, son procedimientos, rutinas, normas y regulaciones, que permiten objetivar comportamientos y responsabilidades. En una institución que es un cuerpo, como las FFAA, hay siempre dos responsabilidades involucradas: la personal y la institucional.
Si efectivamente se pretende hacer efectiva la sujeción militar a la conducción de los civiles, estos deben ejercer el mando cuando lo tienen y aceptar todas las responsabilidades que ello implica. Todos los reglamentos militares llevan escrita o implícita la regla: «delego autoridad, pero no responsabilidad». La autoridad política nunca se le delega a un militar, menos la responsabilidad.
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(*) Abogado, periodista, cientista político y especialista en temas de Defensa.
