¿Por qué nos desprecian tanto? - El Mostrador

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¿Por qué nos desprecian tanto?

por 18 noviembre, 2003

De acuerdo al CERC sólo uno de cada cuatro chilenos tiene confianza en que los Ministros de Estado pueden solucionar los problemas nacionales. En los senadores y diputados se confía menos aún (un 15% de los chilenos así lo declaran). Cuando se trata de confiar en los políticos llegamos al piso: un chileno de cada diez lo hace.



¿Qué se esconde detrás de esta violenta desconfianza hacia nuestras instituciones políticas y públicas, más allá de los desafortunados sucesos del 2003? Ciertamente que las causas son muchas. Me centraré en una. Creo que el abierto repudio nacional a las desigualdades existentes y a una sociedad percibida como de privilegios. Así como el viejo populismo latinoamericano atacaba a los oligarcas e imperialistas, hoy un neo populismo dirige sus dardos contra quienes son percibidos hoy como los que están "arriba": "los señores políticos".



Así la crisis de confianza hacia las instituciones políticas y el éxito del discurso antipartidos, que incluso triunfa hoy entre los estudiantes universitarios, se debe a que apela a dos sentimientos muy generalizados. El primero es el desencanto e inseguridad vital de los "perdedores" del modelo de desarrollo nacional (jóvenes, mujeres, tercera edad, pobres, minorías indígenas, ruralidad y ciertas provincias). El segundo es el individualismo apolítico de los "ganadores". Estos cuentan con salud, educación, previsión social y seguridad privadas. ¿Para qué necesitan al Estado y a la política?. Así los perdedores acusan a los políticos de la causa de sus males. Y los segundos los encuentran un estorbo atroz.



Enormes son las dificultades para sobrevivir de unos desconfiados "perdedores". Y ello a pesar que Chile ha hecho un enorme esfuerzo en términos del desarrollo de políticas sociales que ataquen la pobreza y la indigencia. El gasto social ha aumentado significativamente y el crecimiento económico ha sido esencial para ayudar a los marginados de Chile a salir adelante. Empero estamos muy lejos de alcanzar la meta de vivir en un país desarrollado.



Un setenta por ciento de los hogares chilenos perciben ingresos autónomos iguales o inferiores a 420.219 pesos mensuales. Si se trata de un hogar con dos hijos en edad de estudiar en la universidad, deberá enfrentar el drama que los aranceles universitarios estatales alcanzan 85.842 pesos mensuales; las universidades privadas sin aporte fiscal cobran 131.324 pesos mensuales, los institutos profesionales 72.901 pesos mensuales y los Centros de Formación Técnica unos 53.876 pesos mensuales. Es decir ese hogar debería destinar entre un 26% hasta un tope de 62% de todos sus ingresos para pagar la educación superior de sus dos hijos. Sobran comentarios.



No es raro entonces que la gente considere que en Chile no hay igualdad. De acuerdo a la última encuesta CERC, un 92% de los chilenos sostiene que el trato que dan las autoridades depende del tipo de persona que se trate. Menos de un 8% cree que se le da un trato igualitario. ¿A quién echarle la culpa de estas desigualdades y angustias vitales? A los señores políticos.



¿Y qué hacemos los políticos frente a este desafío de igualdad? No todo lo que debiéramos, pues estamos atrapados en un modelo de desarrollo que plantea que el motor de la economía, y por ende de la producción y distribución de la riqueza y del empleo, depende del empresariado y de los mercados, particularmente de los mundiales. Y que toda intervención estatal, es decir política, es mala.



Sin embargo todo lo anterior es sólo parcialmente cierto. En efecto, entre 1990 y 1997 Chile creció a una tasa del 7,6 %, en circunstancias que Estados Unidos sólo lo hizo al 2,7% y el mundo a un magro 2,2%. Aún más, Corea del Sur que sufrió duramente la crisis gatillada en Tailandia, ha desarrollado una política estatal activa que le ha permitido salir adelante, creciendo entre 1998 y el 2002 a un 4,3 % sin esperar la reactivación externa. Y en 1992, Alemania liquidó la pobreza llegada desde el mundo comunista de la RDA aplicando impuestos y políticas públicas redistributivas. Y lo hizo sin vergüenza ninguna. La pobreza ese año pasó de un 21,6% a un 2,8%. Y Costa Rica, país pobre como nosotros pero donde la población está satisfecha con su democracia en más de dos tercios, sigue este camino de economía social de mercado.



Por todo lo dicho no es cierto que los políticos no podemos hacer nada para combatir las desigualdades, las cuales, al perpetuarse en democracia, arrastran el descrédito de las instituciones políticas y sus autoridades. Desde los tiempos de la revolución francesa sabemos que los pueblos no están dispuestos a soportar la riqueza y el privilegio de sus líderes cuando ellos ya no cumplen, en la percepción popular, ninguna función útil. Los que practicamos el difícil pero noble arte de la política debemos entender que necesitamos contar con más herramientas estatales y sociales para combatir las desigualdades. En caso de no hacerlo y de seguir gozando de los derechos y honores que supone el ejercer cargos públicos, no nos debiera extrañar que la gente común y corriente nos mire con desconfianza.





Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)

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