En los últimos días se han generado diversas iniciativas que buscan la renovación de estrategias para un próximo gobierno de la Concertación. Para ello se ha recurrido a las mentes iluminadas de los centros de investigación y estudio relacionados con ella, provocando un interesante debate académico -que no es suficiente-.
Por otro lado, se ha insistido en la necesidad de la renovación de «rostros» en nuestros partidos políticos y particularmente en los funcionarios de gobierno, demostrando una necesidad que resulta evidente, pero que también es insuficiente.
Se ha sostenido también, la necesidad de recuperar el rumbo inicial del Programa de gobierno de Lagos, extravío que ha relativizado el compromiso de nuestros partidos con el Gobierno y ha provocado confusión en torno a la lealtad, generándose el cuestionamiento de si ésta última se debe al Programa o al presidente Lagos. Esto resulta importante a la hora de sostener, como lo ha sostenido el PRSD -sin mayor acogida por los verdaderos tenedores del poder- que este es un gobierno de los partidos de la Concertación y no de la exclusiva responsabilidad del presidente Lagos. Este aspecto es igualmente trascendente, pero dilucidado independientemente de los otros factores también resulta insuficiente.
Los grandes desafíos pendientes de nuestro país inserto en la globalización siguen sin solución. Observamos esto en distintos fenómenos: falta de identidad cultural, de respeto y de reconocimiento por la diversidad; grandes y crecientes desigualdades sociales en la distribución del ingreso, que se manifiestan en enormes diferencias en áreas básicas como salud y educación; desvalorización del patrimonio ambiental en beneficio de la política económica, y un ascendente desprestigio de la clase política, capital de muy difícil recuperación, entre otros.
Debemos tener claridad en que gran parte de la sociedad ya no siente ni tiene confianza que las representaciones tradicionales del poder estén en condiciones de responder satisfactoriamente ante los grandes desafíos. Efectivamente ha existido una incapacidad por interpretar a los ciudadanos inmersos en un mundo que actualiza el conocimiento en tiempos nunca antes visto. Pareciera existir un convencimiento de que el poder parece estar transfiriéndose sin querer hacia las personas, o mejor dicho al ciudadano, pero no de igual forma en cada país.
Nuestro análisis, por tanto, debe partir por una visión más global del problema, que pueda conformarse en una propuesta integral de cambio a la luz de los tiempos y necesidades del país, es decir idear propuesta país actualizada.
Debemos partir reconociendo que no se han evaluado en lo profundo los cambios que tienen lugar en el mundo y su incidencia en nuestro país, particularmente en nuestra gente. A veces parece que no nos hemos dado cuenta que ya no estamos en la sociedad industrial sino que en la sociedad de la información, el campo del capitalismo transita de poseedor de los medios de producción de bienes, hacia medios de producción de ondas, servicios y comunicaciones. Las ideologías no se renuevan y navegan sin rumbo, como vientos arremolinados.
Cada chileno ha recibido directamente este impacto, sin un Estado ni partidos que interpreten los nuevos vientos y su incidencia social, la gente tiene acceso directo a la información del mundo global, con nuevos diseños y paradigmas que permiten sostener que nuestra democracia, sus instituciones y su actual estructura administrativa han quedado obsoletas o retardadas para adaptarse a los cambios. Cabe destacar que la actualización no significa instalar en cada estamento público una conexión a internet o interconectarlos en línea virtualmente. Es decir hay que diferenciar entre las nuevas herramientas tecnológicas y la nueva política o el nuevo poder público.
En términos prácticos lo señalado consiste en generar una nueva arquitectura país, considerando la inclusión social y la concepción de democracia deliberativa, que permite sacudirse de las estructuras tradicionales de nuestra vida republicana, incluyendo a los partidos políticos. Estamos hablando entonces de la aceptación en volver la soberanía al ciudadano para reformarlos o crear una nueva institucionalidad.
Este proceso debería avanzar tanto con una revalorización de las organizaciones comunitarias, otorgándoles más poder político en el ámbito local y regional, así como también facilitar la autogestión en sus modelos de representación y elección de autoridades. Esto significa descentralizar el ejercicio administrativo del poder hacia nuestras regiones, otorgándoles la posibilidad de desarrollar herramientas de desmaterialización para su evolución, e incorporarlas directamente a las oportunidades económicas y comerciales que ofrece el mundo global, facilitando políticas oportunas de reconversión en aquellas actividades que inevitablemente se verán afectadas por los tratados de libre comercio.
Significa también, que tendríamos que otorgar el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios que componen nuestra cultura y facilitarles la preservación de sus propios modelos de desarrollo.
Lo anterior apresura la necesidad de redefinir el rol de un Estado descentralizado y potenciar sus responsabilidades en las áreas que resultan estratégicas para el mundo de hoy, tales como la educación, la salud y la protección del patrimonio ambiental no renovable, que implica darle prioridad a temas como los de recursos minerales y naturales, la biodiversidad y las fuentes energéticas que representan el futuro.
Este ejercicio no solo es programático; se requieren cambios profundos en la estructura legal y en la organización política y administrativa del país, tales como:
* El reemplazo inmediato del sistema binominal parlamentario por una representación directa y proporcional de todas las fuerzas políticas que sobrepasen el 5 % del electorado;
* Reevaluar el sistema bicameral y su representación, teniendo en cuenta el fortalecimiento y representatividad de gobiernos regionales autónomos y facilitando instrumentos de participación directa y deliberativa de los ciudadanos (plebiscitos);
* La reformulación de los servicios públicos y sus plantas de funcionarios adecuados a cada realidad regional;
* La adecuación de las políticas educacionales y ambientales destinadas a formar al nuevo ciudadano sobre la base de las realidades y necesidades de su región y su relación inmediata frente al mundo global;
* La estructura legal de nuevas superintendencias técnicas que regulen y fiscalicen las áreas de investigación y económicas que se incorporan desde la economía global, tales como la biotecnología y bioética, el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo energético, el control integral de la calidad de productos de importación y exportación, etc
Estos, entre otros aspectos que nos llevan a soñar un nuevo Chile, han de ser componentes obligados de una estrategia de desarrollo progresista para el país.
Es inconcebible que un individuo de formación socialista, entregue estas materias a la evolución y vaivenes del mercado, marginando de la planificación y desarrollo los aspectos «valóricos» que al no ser considerados oportunamente en las nuevas políticas públicas van dejando secuelas sociales por doquier.
Es igualmente inaceptable que la concepción del desarrollo de mercado este fundamentada solo en la generación de riqueza al margen de los costos sociales, con un gasto indiscriminado del patrimonio de la nación.
El «progresismo» de hoy consiste en lograr el crecimiento de la riqueza material junto a la concepción valórica de la sociedad que queremos, preservando para las próximas generaciones nuestras riquezas naturales y culturales: esa es la visión del desarrollo sostenible. Los representantes del Pueblo tienen que liderar estas concepciones valóricas porque es la gran necesidad ya expresada a comienzos del nuevo milenio por gran parte de los ciudadanos.
(*) Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical Socialdemócrata.
