A la luz de las últimas opiniones de prensa acerca de los variados casos judiciales que por estos día copan la agenda noticiosa local, pareciera que en ciertos casos y respecto de determinados involucrados se rasgan vestiduras en pos de la defensa del derecho que cabe por la presunción de Inocencia, la misma que nos recuerda: «Toda persona se presume inocente y debe considerarse como tal mientras no exista en su contra sentencia firme que impute determinada culpabilidad». Surge, entonces, una pregunta ¿Están los medios de comunicación dispuestos a defender este principio en todos los casos o sólo se trata de una excusa para exculpar a algunos, y acusar y linchar popularmente a otros?
Hace pocos días el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, señaló, refiriéndose al caso del Agregado Militar de Chile ante la ONU y sus antiguas conexiones con los organismos de la represión del Gobierno de Pinochet, que mientras éste funcionario no esté procesado o inculpado en un determinado proceso, no es culpable. Lo propio ha sucedido también con ciertos medios de comunicación que señalaban lo importante de resguardar la inocencia de determinados personajes públicos que presuntamente habrían participado de las fiestas del empresario Claudio Spiniak, como asimismo la sistemática idea de dejar que sean los Tribunales de Justicia los que determinen la culpabilidad de los involucrados.
Lo cierto pareciera ser que este principio, de antigua data en la historia constitucional, sería defendido por la sociedad y los medios de comunicación sólo cuando sobre los implicados no se tiene por parte de la opinión pública una idea clara sobre su culpabilidad o cuando sobre los involucrados median consideraciones de índole política, económica o de otra especie.
Lo anterior no resulta un dato menor, y la pregunta que surge naturalmente es ¿Cuan dispuestos están los medios a defender este principio cuando la sociedad ya ha atribuido, al margen de la legalidad de los tribunales, una cierta culpabilidad social al imputado? En palabras sencillas: ¿nuestra prensa y nuestras autoridades están dispuestas a defender con la misma fuerza la inocencia de imputados como Claudio Spiniak, algunos de los involucrados en los casos MOP-Gate, Coimas entre tantos otros que han sido parte de las páginas policiales y de tribunales y sobre los cuales no pesa ninguna sentencia firme o definitiva?
A mi juicio, mientras pese sobre algunos la mera sombra de sospecha basada en creencias sustentadas por la fuerza de la opinión popular, ni la prensa, ni menos aún las autoridades -que viven del elixir de la aprobación de la ciudadanía- estarán dispuestos a jugarse por enteros ante este principio. Lo anterior resulta no menor en una sociedad democrática, en donde las autoridades y los medios buscan una suerte de relativización de principios en beneficio propio, lo que es particularmente grave cuando estos mismos se relacionan con el sustento del Estado de derecho democrático.
Debe entonces hacernos pensar o, al menos, mirar con cierta detención esta suerte de acomodo de principios y valores, y la sujeción que dicha actitud tiene en la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Esta imposición de una suerte de opinión «dictatorial» de las mayorías no puede imponer una cacería de brujas respecto de quienes tienen el legítimo derecho de resguardar su propia inocencia como derecho fundamental que le asiste a todo ser humano.
Por último esta actitud sociológica tan antigua como la sociedad, que debe encontrar culpables a sus propias culpas, puede terminar socavando el respeto por ciertos valores que la sociedad occidental ha hecho suyos hace ya varios siglos. El propio Jean Jacques Rousseau dijera hace algunos siglos: «Las injurias son las razones de los que tienen culpa».
No vaya a ser que algo de ello exista entre nosotros.
(*) Estudiante de Derecho. Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales.
