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Llegó la hora de la Asamblea Constituyente


Son pocas las oportunidades en la hstoria de un país para provocar cambios estructurales de manera tranquila y ordenada. En la actualidad basta hacer un ligero análisis sobre las necesidades concretas que dicen relación con la soberanía del Estado-Nación y la globalización, la nueva relación directa entre el ciudadano chileno y el mundo, el ordenamiento del territorio y la importancia política del espacio local, los desafíos concretos de crecer sin sacrificar el patrimonio natural y cultural, los nuevos temas de la bioética, ingeniería genética -que aparentan una direccionalidad del sistema hacia la clonación humana- y la regulación de las comunicaciones , entre otros temas relacionados con los valores sociales, para establecer con certeza la necesaria adaptabilidad institucional, administrativa y organizacional que requiere el país. Un nuevo Estado, una nueva democracia, un nuevo formato constitucional.



La aún existente polaridad política heredada de los años 70 y en especial de la dictadura militar, circunscribe diálogos e iniciativas, de manera prejuiciosa, hacia cambios constitucionales relacionados solamente con el área de los Derechos Humanos, senadores institucionales o el sistema binominal de nuestro proceso eleccionario. Si bien política -y principalmente desde una óptica ética- son necesarios, impiden una visión y preocupación detallada sobre otros ámbitos de la reflexión interpretativa de nuestro Chile.



¿O acaso no ha cambiado el Chile del año 1980 con respecto del actual?



La esencia de la Democracia es su capacidad de perfectibilidad y de adaptación a las nuevas realidades. Este cambio, rara vez surge de iniciativas de quienes están en el poder, que usualmente lo relacionan con amenazas a la estabilidad del sistema, a sus fuentes de ingresos y la necesaria proyección personal. Los tiempos han cambiado y la relación del poder acumulado en la cúspide de la pirámide se deteriora y desprestigia constantemente el ejercicio de la política.



Es urgente el que se distribuya ese poder hacia las bases organizadas de la sociedad, en los ámbitos comunales y regionales, con plena representación democrática. Estas nuevas estructuras políticas y administrativas han de redefinir el rol del Estado, sobre la base de las actuales necesidades y desafíos del mundo global y su realidad comunal o regional.



Ha quedado atrás la visión uniforme de país, donde criterios geopolíticos y administrativos con una fuerte carga nacionalista crearon fronteras que hoy no existen. Por ello ésta debe cambiarse por otra, de diversidad, con un enfoque político-cultural que deriva naturalmente de un bien entendido desarrollo con sustentabilidad para enfrentar la globalización.



La minimización del Estado, que hoy aparece como paradigma ideológico, contrasta cada día más con la maximización de las necesidades regionales, experiencias nuevas que surgen a partir de su enfrentamiento directo, el de sus realidades, con el mundo global.



Es evidente que el Estado debe desprenderse de su carga administrativa y tecnológica, prevista para un tipo de democracia ya desgastada y obsoleta en su aparato público. Pero, al mismo tiempo, resulta igualmente evidente la necesidad de hacerlo crecer y de potenciar su rol estratégico de desarrollo. Primero en el ámbito cultural, particularmente en la educación y la inversión en investigación científica; el Estado debe convertirse en un gran facilitador de herramientas para el desarrollo económico; debe constituirse en un emprendedor, regulador y fiscalizador de aquellas áreas temáticas que caracterizan la aldea global y en un responsable efectivo del bienestar social en aquellos segmentos en que probadamente la empresa privada ha fracasado para satisfacer demandas sociales que no resultan atractivas al mundo de los negocios. Por último debe reconocer sin prejuicios ni atisbo ideológico, que el mercado es una herramienta a la que que no siempre acompaña la ética y la moral, requiriendo, por lo tanto, una instancia superior que pueda dar mayores garantías a los derechos ciudadanos.



Esta realidad es la que debe abordar el nuevo Chile y su mundo político. Asuntos que una Asamblea Constituyente, amplia y representativa, podrá abordar íntegramente para diseñar el nuevo formato de un país que no solo debe saber llegar a las ligas mayores, sino que, además, debe prepararse para aprender a jugar en ellas.





Héctor R. Jara Paz, del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Radical Socialdemócrata
























  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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