A comienzos del mes de marzo del 2002, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados concluyó una investigación acerca de los créditos otorgados por INDAP a diversas organizaciones campesinas. El período cubierto por la mencionada investigación se extendió entre los años 1994 y 2000, lo que obligó a la revisión de numerosos antecedentes, con la finalidad de comprobar ciertas irregularidades que habrían sido denunciadas por algunos parlamentarios y que se advertían, tanto respecto de la función propia de INDAP, como al interior de algunas empresas campesinas. A lo anterior, se agregan hechos tan relevantes como la realización de sumarios internos y de la Contraloría General de la República, llegando incluso a abrirse procesos en los Tribunales de Justicia.
La investigación realizada, exhaustiva y prolongada, terminó en un informe unánime de la Comisión de Agricultura, lo que no dejo de ser relevante en la historia de las Comisiones Investigadoras y que posteriormente fue aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados. Entre sus conclusiones, se determinó que hubo graves negligencias en el manejo de recursos fiscales, dado que se otorgaron créditos a organizaciones campesinas que no se ajustaron a las normas reglamentarias de INDAP, recayendo buena parte de la responsabilidad en el Director Nacional de la época. Se acreditó además que numerosas actuaciones significaron una cuantiosa pérdida patrimonial para el Estado y de paso, un grave perjuicio económico para los integrantes de estas organizaciones, muchos de los cuales sirvieron de avales de esos préstamos, sin tener injerencia en la administración y gestión de sus negocios. En otras palabras, campesinos inocentes que creyeron, de buena fe, en el INDAP y en quienes dirigían las empresas de las que formaban parte.
Mientras INDAP y sus nuevos directivos hacen esfuerzos por reestructurar el funcionamiento de este importante organismo, de devolverle la credibilidad pública en el mundo rural y de recuperar, aunque sea en parte, los cuantiosos recursos perdidos, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto, hoy Ley N° 19.901, que envió a trámite el Gobierno y que autoriza al Director de INDAP para la liberación de cauciones constituidas por personas naturales que garantizaron ciertos créditos. En otras palabras, salvar a los avales de esas organizaciones campesinas que arriesgaban perder sus escasos bienes.
Esta ley, sin embargo, generó la necesidad de aclarar el destino que tuvieron cerca de 11.000 millones de pesos, que podían perderse si los avales se acogían a ella y si las acciones del INDAP por cobrarle a las empresas no tenían éxito. Una cifra de esta cuantía resulta fabulosa si te tienen presente las enormes necesidades de los campesinos más pequeños, muchos de los cuales se encuentran sumidos en la pobreza y el abandono. Esto condujo a una nueva investigación de la Comisión de Agricultura, que terminó su informe durante el presente mes y cuyas conclusiones fueron, una vez más, aprobadas por unanimidad, pues no distan mucho de aquellas evacuadas en la primera investigación.
Esta historia deja enseñanzas que las autoridades de gobierno deberían recoger y así, no volver a cometer los mismos errores que han mantenido al INDAP en el tapete de las irregularidades y como un desafortunado ejemplo de ineficiencia, descontrol y mal gasto de los recursos públicos. Este organismo es vital para los pequeños agricultores del país y el necesario proceso de modernización que deben enfrentar, por los desafíos que se ciernen sobre nuestra agricultura. Evitar su instrumentalización política y partidista, modernizar su gestión y definir con claridad su rol, deben ser materias irrenunciables del Estado, si su auténtica voluntad es preocuparse del mundo rural. A las actuales autoridades del INDAP es preciso otorgarles el beneficio de la duda en el trabajo que están realizando y evitar estigmatizarlo por las irregularidades ocurridas en otro tiempo y bajo el mando de otras personas.
Diputado
