En el debate interno del PPD que precedió al voto en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Protección de la Intimidad y el Honor de las Personas manifesté mi oposición a ella calificándola como restrictiva e inhibitoria de la libertad de prensa y de información y, por ello, señalé en mi intervención, durante el debate del proyecto que elimina la figura del desacato, que era un contrasentido eliminar los privilegios de las autoridades y reponer la igualdad ante la ley y a la vez aprobar esta ley. Por ello , estando presente en la sala, no voté el proyecto como expresión de mi desacuerdo con la iniciativa.
La aprobación de la ley sobre protección de la intimidad y el honor de las personas representa no solo un grave error del progresismo sino una fuerte incoherencia con los postulados de una sociedad más abierta, libertaria, igualitaria – y por tanto también sin privilegios jurídicos para las elites – y transparente que son la base de los principios culturales del ideario progresista.
Pero, además, este voto es una muestra de una profunda incomprensión de las características de la sociedad que vivimos y un intento absurdo de establecer por ley esferas y ámbitos respecto de los cuales no se puede informar y sanciones civiles e indemnizatorias para quienes los trasgredan.
Esto, en medio de la sociedad de la información, que ha destruido todos los pilares de la vieja sociedad tradicional y entre ellas la idea de que hay un compartimiento estanco de la vida de las personas públicas, que es la esfera privada, que la prensa debe resguardar. Una feroz crítica a esta idea es la que sirvió de inspiración al magnífico film del director húngaro Sandor Vicios Privados, Públicas Virtudes, es decir solo las virtudes son públicas y publicables, los vicios de cada cual son privados y no pueden ser revelados.
En la sociedad de la información, donde todo está bajo el escrutinio de los medios y donde esto es justamente lo que resguarda la esperanza de la transparencia, cambian radicalmente los espacio de lo público y de lo privado, se reduce la esfera privada sobre todo para quienes ejercen funciones públicas y hay que acostumbrarse al hecho de que cualquier aspecto de la vida que pueda resultar de interés público es susceptible de ser publicado.
Intentar limitar e inhibir, a través de una ley, esto que es una tendencia del mundo de la información y de la imagen planetarizada es un intento culturalmente conservador , pero además profundamente inútil ya que está contra la lógica de las exigencias que los propios ciudadanos le ponen a los medios y a los poderes públicos y , al final, primará la lógica por sobre la norma que intenta aferrarse a las costumbres y a los hábitos del pasado donde el poder decidía lo que se publicaba o no sobre las vidas privadas de sus actores.
Hay que entender que el que los medios investiguen, denuncien y descubran irregularidades y delitos es hoy parte del equilibrio de la democracia y una manera de resaltar los derechos muchas veces de las personas que tienen menos voz y contra las cuales se cometen las irregularidades. Por tanto, la libertad de información que incluye este nuevo rol de los medios es un bien para la democracia. No es posible pensar, como muy bien lo sostiene el sociólogo Eugenio Tirón, que los medios solo deben publicar las verdades oficiales, las resoluciones de los magistrados en las investigaciones judiciales o las conferencias de prensa de los políticos.
Por el contrario, grandes escándalos financieros, coimas y sobresueldos, graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocultas, redes de pedofilia que abusaban de menores prostituídos, se conocen y se investigan judicialmente gracias a las denuncias de los medios.
Sin la investigación periodística es seguro que el Watergate en EEUU nunca hubiera sido conocido y tampoco en Chile los pinocheques y otros escándalos de la dictadura militar. Sin la acción periodística de Chilevisión – más allá de cualquier legítima aprensión sobre los medios utilizados- hay que ser claros en señalar que nunca se hubiera sabido que el Magistrado Calvo era susceptible de enormes presiones en una delicada investigación judicial y que como el mismo señaló, estaba ya siendo extorsionado.
Ciertamente hay excesos e incluso abuso y daño a la imagen y de muchas personas acusadas por los medios apresuradamente y es cierto que el derecho a réplica en Chile es muy débil y que la opinión pública es aún poco crítica para filtrar lo que los medios publican y no asumir como verdades los rumores y esperar, donde hay delitos, a que los Tribunales establezcan la verdad judicial.
Pero mirar este tema intentando penalizarlo y judicializarlo es erróneo y corresponde a una forma conservadora de enfrentar el tema. No se puede -y esto es lo que hace esta ley- canalizar el malestar existente en la llamada «clase política» contra la intromisión de los medios limitando la libertad de informar y de opinar.
Lo que corresponde es abrir un debate con los medios y con la propia ciudadanía para crear una nueva cultura de la información y de la transparencia que ponga en el centro el tema ético del ejercicio del periodismo, que establezca límites éticos y no penales, que estimule la autorregulación ética de los medios, que informe con menos proselitismo político y que se atreva a entregar nombres también cuando los afectados sean parte de la elite política que controla económicamente ese medio.
Ello no ha ocurrido con importantes periódicos que han encabezado, con legitimidad, la oposición a la ley de resguardo de la intimidad, pero que no han informado con transparencia en el caso Spiniak . Allí también la ciudadanía espera que se tenga la misma apertura que frente a las indemnizaciones, al caso «coimas» o a la investigación del MOP donde nunca se dudó en colocar en primeras paginas los nombres de los presuntos involucrados. Es malo para la libertad de prensa tener doble estándar.
Por ello es clave reponer en el proyecto la idea, expresada en el proyecto original del gobierno, de que no se consideren intromisiones ilegítimas aquellas actuaciones en que predominen intereses sociales, interés de la ciudadanía, y que se elimine todo precepto que limite la investigación periodística, que inhiba la información o que obligue a pago de elevadas indemnizaciones ya que ello afectará más que a las grandes cadenas a los medios que tienen menos recursos y que son los que garantizan la existencia de aquel poco de pluralismo informativo de que gozamos.
Por ende, regulación ética del medio periodístico, opinión pública con capacidad de crítica, fin a cualquier privilegio de autoridades frente al escrutinio de los medios, tolerancia, eliminación de la facciosidad política al informar, apego a establecer la verdad, aunque duela. Todo ello es mejor que una ley claramente intimidatoria contra los medios de comunicación como la aprobada en la Cámara de Diputados y que se discute hoy en todo el país.
(*) Sociólogo. Diputado del PPD.-
