Desde hace tres años, la Secretaría General de Gobierno viene trabajando en una serie de iniciativas legales, que incluyen Reformas Constitucionales, tendientes a garantizar un mejor ejercicio de la participación ciudadana. Esto, tras un esfuerzo sistemático de importantes sectores de la sociedad civil por conseguir una legislación que contribuya al desarrollo y fortalecimiento de las diversas organizaciones ciudadanas y al mismo tiempo ampliara los espacios democráticos.
Como ONGs valoramos que se haya desarrollado dicho proceso prelegislativo, al que hemos contribuido con diversos estudios, debates, propuestas y manteniendo informada a la ciudadanía. Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación tanto por la evidente dilatación con que se ha trabajado, como porque observamos que una serie de importantes avances que se habían considerado no están siendo incluidos en la propuesta que según se ha anunciado será discutida próximamente en el Parlamento.
A nuestro juicio, incluir reformas constitucionales tendientes a fomentar y profundizar la participación ciudadana, constituye una buena oportunidad para avanzar en el proceso de democratización, desde la perspectiva más del ciudadano que de las elites políticas. Desde un punto de vista simbólico, ello tiene una gran significación. Sin embargo, en el proceso de consulta interministerial esta oportunidad parece haberse perdido.
A punto de que las iniciativas legales sean enviadas al Parlamento, es posible constatar que las reformas constitucionales que se incluirían fueron literalmente «esfumadas» o desguazadas. Es así como hoy no se garantiza en la Constitución el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a participar en actividades de interés público. Se eliminó también en la nueva propuesta gubernamental la referencia que se hacía en los artículos 1ÅŸ y 19 NÅŸ15 CPE a las «organizaciones de la sociedad civil», así como el derecho a la personalidad jurídica de todas las organizaciones de la sociedad civil (en el artículo 19 CPE). La eliminación de esta garantía es grave y profundamente decepcionante, toda vez que mantiene en el nivel constitucional la posibilidad de control estatal sobre la conformación jurídica de estas organizaciones y/o su cancelación.
Participar en la gestión pública tampoco será un derecho garantizado para los ciudadanos, sino apenas un principio inspirador.
De las propuestas originales sólo quedó la Iniciativa Popular de Ley, que permitiría que los ciudadanos puedan impulsar proyectos legislativos. Se trata de una innovador derecho que sin embargo no ha contado con el debate público ni los estudios necesarios para una adecuada formulación y posterior puesta en marcha. El Ejecutivo debe manifestar una voluntad política clara y congruente, tanto en la búsqueda de consenso político como desde el punto de vista de su formulación técnica.
Por otro lado, se incorporará en el artículo 1ÅŸ una fórmula que encomienda a la ley «proteger y promover el ejercicio efectivo y oportuno del derecho de participación ciudadana en la gestión pública», agregándola a otros grandes principios o bases de la institucionalidad contenidos en la Constitución de 1980. La Constitución ya consagra en el mismo artículo e inciso el deber del Estado de «asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional», razón por la cual, el esfuerzo político-constitucional que se hará para incluir la nueva frase es hasta cierto punto redundante y su aporte dogmático y práctico no parece significativo.
Legislar sobre estos temas es una deuda pendiente de los gobiernos de la Concertación con la ciudadanía organizada y con el país en general. Reconocemos en este momento una gran oportunidad de avanzar en el reconocimiento de una sociedad civil vigoroza y activa que da vida a la democracia y contribuye a la construcción de un país más justo, sin pobreza, más rico en sociedad, en el que se respeten los derechos de todas y todos.
Los cambios generados en nuestra sociedad y las nuevas necesidades de los ciudadanos tras más de una década del fin de la dictadura, exigen leyes que profundicen la vida democrática del país.
Hacemos un llamado a las autoridades de gobierno y a los parlamentarios democráticos a que, en consideración al momento político actual, incorporen una mirada de largo plazo pensando en el beneficio de la ciudadanía y de las oportunidades que necesitan para seguir trabajando en temas de interés público y enfrentar los desafíos futuros
(*) Presidenta de Asociación chilena de ONG Acción.
