El escritor mexicano Carlos Fuentes fue bien preciso cuando hace dos años se refirió a que la economía norteamericana no puede prescindir del trabajador indocumentado, sea éste mexicano o no: «El trabajador migratorio no sólo deja su país por miseria o falta de empleo, sino, sobre todo, porque lo convoca la necesidad de las economías desarrolladas. Prive usted a los Estados Unidos del trabajador migratorio mexicano y habría en los Estados Unidos escasez de productos, inflación y ocupaciones abandonadas. Los Estados Unidos seguirían requiriendo mano de obra migratoria y tendrían que traerla, si fuese necesario, del Polo Norte.»
La posible solución, según la reciente determinación del gobierno de Bush -que necesita la aprobación Congreso norteamericano, lo que no será nada fácil-, es conceder visa temporaria a cerca de 10 millones de trabajadores que residen ilegalmente junto a un permiso de trabajo «legal» por un límite de tres años, con posibilidad de renovación y también de que, vencido el plazo, pueda obtener su residencia permanente. La propuesta parece, aparentemente, de un gran humanismo para con esos 10 millones de ilegales que verían resueltos sus problemas de vivir escondidos para que no los deporten a México, a países de América Central, al Caribe e incluso a lejanos países de América del Sur.
Sólo que como resulta imposible deportar a 10 millones de ilegales, porque no se tiene información sobre ellos: de dónde son ni en qué parte viven en los Estados Unidos, la propuesta de Bush es, principalmente, económica e indirectamente destinada a mantener control de alta seguridad en su territorio. No es un azar que la propuesta aparezca cuando Bush tiene abiertos muchos frentes de lucha contra el terrorismo. Incluido «el deber de proteger» el territorio norteamericano, creando -luego del 11-S– el «Departamento de Seguridad Territorial» (Department of Homeland Security).
La iniciativa del presidente Bush le permitiría a Estados Unidos mantener un cuidadoso registro de identificación de 10 millones de personas que nadie sabe -ni el departamento estatal que trata con la inmigración y ni siquiera los que emplean a los indocumentados- en qué lugares concretos viven.
No faltan, y no son pocos, quienes afirman que la propuesta para los trabajadores indocumentados tiene como finalidad -si se implenta- la de convertirse en un control riguroso y preciso de quienes entran, quienes salen y a quienes se les dará trabajo, puesto que cada «indocumentado» deberá dar todos sus datos en una página en Internet creada por el gobierno estadounidense. Para millones de indocumentados esto constituye nada más que un inteligente plan «caza bobos» pues nadie sabe qué medidas inmediatas tomará inmigración al saber dónde trabaja y dónde vive cada trabajador ilegal. Además, como la propuesta de Bush da un permiso de tres años de trabajo, nadie sabe si los invitados a aceptarla continuarán en el país en forma indefinida o deberán salir inmediatamente, y deportados. Así que no es difícil suponer lo que el plan Bush desea: saber específicamente dónde trabajan y viven millones de indocumentados que entran anualmente a EE.UU.
De los aproximadamente 10 millones de indocumentados trabajando en el país, ocho corresponderían a mexicanos. Por esto último, al gobierno mexicano le interesa que ese tráfico anual se resuelva de una manera positiva para México, puesto que la segunda gran entrada de divisas -la primera es el petróleo- es el dinero que envía a México esa vasta población de trabajadores indocumentados. La cantidad del envío anual es astronómica: entre 10 mil y 14 mil millones de dólares a través de Westen Union o casas de envío instaladas en todo el territorio estadounidense..
Pero el plan de la Casa Blanca es también mantener la economía con bajos costos de producción, sin cerrar para siempre sus fronteras ni detener indefinidamente los millones que entran ilegalmente al país todos los años. Es decir, Bush quiere «legalizar» que al trabajador extranjero, especialmente no calificado -o invitado según los términos de la propuesta- se le pague sólo el salario mínimo por hora. Esto dejará a esos trabajadores y trabajadoras indocumentados en el mismo nivel de trabajo barato que ha sido siempre el salario de un inmigrante indocumentado
Tampoco la propuesta habla de otros beneficios, como servicios médicos o aquellos para hijos de indocumentados. Lo cierto es que el trabajador ilegal en EE.UU. sí paga impuestos -lo deduce su empleador del cheque con que le paga-, pero aún así no recibe los beneficios arriba mencionados. Y si los recibe, debe pagar altas sumas en efectivo por algún tratamiento médico de urgencia.
Toda esta propuesta tiene que ver con mantener la economía en tiempos de globalización con caracteres beneficiosos para Estados Unidos, aprovechándose del trabajador indocumentado, pero ahora dándole un aura de «legalidad» y «humanitarismo». Sin trabajadores ilegales los salarios en ciertos sectores de la economía norteamericana sin duda repercutirán a nivel global: tendrían que subir, pues los ciudadanos norteamericanos contribuirían con «el trabajo más duro», y lógicamente los precios de los alimentos -desde una hamburguesas de MacDonalds’s hasta la compra de una casa- subirían en distintos porcentajes
El New York Times del 11 de enero subrayó sólo «algunas calamidades económicas» graves que se producirían en Estados Unidos (y con consecuencias a nivel global, decimos nosotros) sin el trabajo de los indocumentados. Recalcó también que la fuerza laboral en el sector agrario y servicios norteamericanos está constituida en casi un 50% por «manos y brazos» indocumentados. Sin el trabajo barato de los ilegales no habría fruta y verduras en las casas de los norteamericanos, pues se pudrirían en los campos; no habría quien cuidara a los niños de familias ricas de Manhattan; las toallas de los hoteles de Florida, Texas, California no se podrían lavar; los pasajeros que vuelan diariamente desde Miami a New Jersey quedarían estancados en el aeropuerto pues no habría choferes que manejaran los taxis; el trabajo de reparación de casas en todo el sur de EE.UU. se paralizaría; las bacinicas de los cuartos, y las bandejas del almuerzo en los asilos de ancianos, no podrían ser recogidas diariamente, etc.
Pero esta situación que ocurre en Estados Unidos no es nada diferente de otros países en el planeta – aunque no tengan los 10 millones de indocumentados- cuya economía, donde se usa mano de obra barata, se basa también en el trabajo del inmigrante ilegal. Ni siquiera Chile se escapa del «uso» del inmigrante sin documentos, porque hay cerca de 80 mil trabajadores peruanos ilegales que ayudan a la economía chilena de algún modo.
Por otro lado, «con la globalización, la geografía es historia» dijo recientemente un empresario hindú en Nueva Delhi, a cargo de una empresa norteamericana que contrata a gente -en la India misma- con ciertas habilidades tecnológicas para trabajar por 400 dólares al mes lo que en EE.UU. se pagaría 4.000 dólares mensuales. Son principalmente jóvenes con habilidades tecnológicas y dominio de un inglés norteamericano -les dan clases de pronunciación antes de comenzar- que trabajarán en empresas norteamericanas u otras multinacionales vendiendo productos a todo el mundo por internet.
Y la geografía es historia también cuando pensamos en el largo corredor de maquiladoras en toda la frontera entre México y Estados Unidos -desde Tijuana/San Diego a Matamoros/Bronwnsville- que aumentaron con el Tratado de libre comercio de América del Norte. O sea, industrias manufactureras de origen extranjero -Irlanda, Estados Unidos, Japón, entre muchos más- en territorio mexicano, cuya mano de obra incluso es más barata que el salario por el mismo tiempo que recibe un indocumentado mexicano en EE.UU .
Sin duda la globalización ha abierto fronteras de comunicación que antes estaban bloqueadas y ha permitido un flujo de conocimientos al instante vía Internet. Pero también los países más ricos -o países como Chile que es frontera con países más pobres- usan la misma globalización, especialmente el «trabajo barato» del indocumentado, para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos del país que recibe a ese trabajador, considerándolo únicamente como «un par de manos y un par de brazos».
(*) Escritor y académico chileno. Profesor de la Universidad Jesuita de Fairfield, Connecticut, EEUU, y autor de La mujer que se parecía a Sharon Stone, cuentos sobre «latinos» en Estados Unidos.
