El perfeccionamiento del sistema democrático requiere apoyar el proceso de construcción de una ciudadanía participativa, que incida en los procesos de elaboración y rectificación de las políticas públicas y fiscalice su implementación. En lo institucional diversos estudios han demostrado la necesidad de crear organismos públicos de control eficaz de la administración estatal para que los derechos de las personas sean mejor resguardados.
Prácticamente en toda Latinoamérica se han creado los ombudsman para reguardar más efectivamente los derechos de las personas. En Chile su creación es una aspiración desde el inicio de la transición. Con matices, la necesidad de su instauración ha sido planteada en tres proyectos de ley, sin embargo no logra materializase. Un tercer proyecto, denominado Defensor Ciudadano, fue presentado al Parlamento en octubre de 2000, a modo de reforma constitucional que agrega un nuevo capítulo a la Carta Fundamental.
Nunca se inició su tramitación y el gobierno -reiterando su voluntad política en favor de su creación- recientemente lo reingresó en la Cámara de Diputados, donde espera que se discuta y apruebe. Este pronunciamiento favorable sería decisivo para que, en su segundo trámite constitucional, el Senado finalmente lo apruebe.
El proyecto crea con rango de autonomía constitucional al Defensor Ciudadano. Lo concibe como un órgano de tutela de los derechos e intereses de las personas frente a la administración pública, protegiendo los derechos de los usuarios de los servicios públicos, promoviendo los derechos garantizados en el artículo 19 de la Constitución y, cuando el irrespeto de un derecho alcance un impacto colectivo, podrá incoar acciones judiciales a fin de restituir el derecho violado.
El defensor ciudadano u ombudsman está llamado a constituirse en un mecanismo privilegiado de exigibilidad de los derechos. De ahí la importancia que su aprobación sea respaldada por la opinión pública y que preserve en todo momento su independencia, criticidad y orientación efectiva al servicio de la ciudadanía.
Por ello también la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas con la ONG PROSAM desarrollan -durante enero- a lo largo del país una serie de talleres de debate ciudadano sobre la protección de derechos, como la educación, salud, seguridad social, acceso a la justicia, derechos de los niños, de personas con discapacidades, y discriminación a las minorías sexuales, para generar desde experiencias concretas una reflexión sobre los principales problemas que afectan la relación entre la sociedad civil y los órganos de administración del Estado en estas materias, y conocer de la importancia que puede llegar a tener una institución como el ombudsman cuando es acompañada por una ciudadanía que promueve y defiende sus derechos fundamentales.
Directora PROSAM
