Filántropos a la antigua, mecenas de una cultura elitista, políticos de derecha y centros de estudios que no creen en las políticas sociales distributivas le han declarado la guerra al cuerpo legal que norma el buen uso de las donaciones acogidas a franquicias tributarias. Una auténtica fronda aristocrática se ha levantado en oposición a los cambios que la ley 19.885 introdujo al régimen de donaciones y que principalmente son:
1. La transparencia del sistema, de modo que las empresas deben informar al Servicio de Impuestos Internos del monto de las donaciones y la identidad de los receptores de ellas.
2. La sanción a los abusos, de quienes pretendan obtener ganancias ilícitas de beneficios establecidos para el bien de la comunidad.
3. La garantía de redistribución social de una parte de las donaciones, para ampliar el alcance de la acción solidaria en las áreas de pobreza y discapacidad.
Es importante recordar que no se está discutiendo acerca de donaciones comunes, efectuadas entre particulares, por herencias u otros motivos privados, circunstancia en la que el Estado no renuncia al cobro de impuestos específicos. Se trata, en este caso, de donaciones especiales, que se constituyen en un acto donde coincide la voluntad empresarial de hacer un aporte y la franquicia del Estado en orden a no gravar impositivamente los traspasos de este tipo, y más aún, permitir que los montos entregados puedan ser deducidos del total de sus contribuciones al fisco.
Dado su origen mixto, es lógico que el Estado no descuide su responsabilidad en la asignación de estos recursos, procurando el fin social o público de ellos, y su más justa distribución. El Mensaje que acompañó a la ley que ahora se critica advertía sobre la fuerte inequidad existente en el reparto de las donaciones de bien común. En el caso de aquellas con fines educacionales (ley 19.247), más de un 50 por ciento de las donaciones acogidas durante el año 2001 correspondieron a tan solo un 9 por ciento del total de instituciones receptoras.
Con la llamada ley Valdés, en el mismo período, un 8 por ciento de los donatarios captó el 50 por ciento de las donaciones. En lo que se refiere a los aportes para instituciones de educación superior, solamente 4 entidades recibieron el 50 por ciento de los montos donados: Ä„más de siete mil millones de pesos!
Aparte de su excesiva concentración, la escasa transparencia del sistema ha permitido que al amparo de grandes donaciones hayan tenido lugar prácticas irregulares, en desmedro del patrimonio fiscal y la confianza pública. Es de toda razón que la ley incorpore sanciones para quienes comentan abusos o incurran en delitos con recursos dedicados a un fin altruista.
Asimismo, la ley en comento dio un gran paso al crear un Fondo Mixto de Apoyo Social, cuyo financiamiento se obtiene con la reserva de un 33 por ciento de donaciones que, destinadas a la pobreza y discapacidad, pueden ahora rebajarse completamente de los impuestos. Este Fondo, para dar garantías de independencia y no dirigismo estatal, será administrado por un Consejo de siete personas, tres de las cuales representan al Gobierno, uno a la Confederación de la Producción y el Comercio y tres a las corporaciones y fundaciones de la sociedad civil.
La misión del Fondo Mixto es apoyar financieramente proyectos o programas de superación de la pobreza y no discriminación, presentados por organizaciones sin fines de lucro, que suelen no recibir donaciones directas de las grandes empresas, como sucede con numerosas organizaciones no gubernamentales y asociaciones comunitarias funcionales o territoriales.
El argumento más vistoso de quienes se han resistido a esta importante reforma del sistema de donaciones es que no se correspondería el espíritu de la «democracia tributaria». La verdad, sin embargo, es que este concepto está siendo usado engañosamente, porque a fin de cuentas, lo que se defiende es el ideal de una oligocracia tributaria: que los mayores contribuyentes (los que pagan más impuestos) se hagan cargo de las políticas sociales, con el aliciente de la rebaja impositiva y el crédito fiscal por las donaciones.
Así las cosas, la oligocracia tributaria («democracia tributaria») convierte a la filantropía en un poderoso negocio de elites, vestido de un discurso caritativo, que no puede confundirse con la responsabilidad social empresarial y el giro ético que ella representa en la economía moderna.
La democracia tributaria sin comillas es otra cosa. No le teme a la transparencia del sistema de donaciones, así es que promueve la accesibilidad ciudadana a la información sobre donantes, donatarios y montos transferidos. Fomenta los aportes del empresariado a la superación de la pobreza y la no discriminación, a la cultura y el deporte, por medio de nuevos beneficios tributarios que les sirvan de incentivo. Busca corregir las inequidades en el reparto de los recursos público-privados, impulsando una política complementaria de redistribución social de una parte de las donaciones a través de canales que fortalezcan la sociedad civil.
Esta otra mirada de la democracia tributaria confía en el compromiso socio-ambiental de los empresarios, en la cooperación público-privada y en la participación de la sociedad civil, como los componentes de una estrategia de desarrollo humano para nuestro país. Respeta la autonomía de las organizaciones que reciben donaciones para que éstas puedan, en un marco de pluralismo y tolerancia, practicar la diversidad de opciones que es propia de una democracia, sin quedar supeditadas a la vigilancia ideológica o política de los donantes. Procura, finalmente, extender en la sociedad los vínculos solidarios, de manera que no sólo las empresas sino también las personas, cualesquiera sean sus ingresos, contribuyan a causas de bien público.
No hay mejor fórmula para hacer crecer la sociedad democrática que el sano equilibrio entre Sociedad Civil, Empresa Privada y Estado, sobre la base de compartir responsabilidades y afianzar la participación ciudadana.
* Francisco Estévez pertenece a la Fundación Ideas y Jorge Osorio a la Fundación Ciudadana para las Américas
