La decisión de enviar contingente militar a Haití, como parte de la Fuerza Multinacional Provisional, creada por Naciones Unidas, es la Hora 0 para el componente militar de la estrategia de paz y seguridad internacionales del Estado Chileno.
Todo lo que ocurra con esta misión, frente a eventuales futuros compromisos, será antecedente indispensable, ya sea para emular, corregir o rectificar. Por eso es tan necesario analizar con rigurosidad sus contenidos, a fin de saber si el país está bien encaminado.
El Presidente de la República, Ricardo Lagos, ha sido enfático en señalar la necesidad de asumir claramente las responsabilidades internacionales que enfrenta Chile, tanto por su inserción internacional, como por sus convicciones y compromisos con la paz. Y en este caso, resultaba evidente que Haití se acercaba a un dramático baño de sangre, y su población se encontraba en riesgo de desastre humanitario. Es un argumento más que sólido para explicar incluso la rápida respuesta del Gobierno chileno.
Sin embargo, cuando nos acercamos al análisis de los componentes sectoriales de la decisión, especialmente los militares, quedan flotando una serie de interrogantes que debilitan el discurso presidencial. Porque lo que se envió a Haití son combatientes de elite, para cumplir un mandato de Naciones Unidas de desarmar a las fuerzas beligerantes y «crear un entorno de seguridad y estabilidad en la capital de Haití y en el resto del país, según proceda y las circunstancias lo permitan». En estricto rigor no van a ninguna misión humanitaria, sino a imponer la paz y tienen un mandato de combate si se da el caso, con el fin de crear el entorno de seguridad.
Tan claro es lo anterior, que el Punto 3 de la Resolución señala una etapa siguiente. «Declara su disposición a establecer una fuerza de estabilización y seguimiento…destinada a apoyar la continuación del proceso político pacífico y constitucional, a más tardar tres meses después de la aprobación de la presente resolución». Es decir cuando la fuerza actual (provisional) haya terminado su trabajo.
Todos escuchamos al Comandante en Jefe del Ejército declarar que la decisión chilena era correcta, pues apuntaba en el sentido de lo que serán los ejércitos del tercer milenio. No tiene derecho a opinar en contrario. Pero el general Cheyre es un militar y sí le corresponde tener claro los temas militares, entre ellos la responsabilidad del mando y quién lo ejerce, el tipo de interacción e integración con las otras fuerzas, si habrá un Estado Mayor, cómo se integrará y adoptará las decisiones, cómo se definirán las misiones militares menores, etc. Porque la imposición de la paz implica acción. Es posible que lo sepa. Pero para la ciudadanía no está claro. Las escasas respuestas, como corresponde, han venido del mundo político, pero en general han sido vagas y se han remitido a señalar una formalidad por no decir otra cosa: que el poder político lo ejerce el actual Presidente interino, que es la máxima autoridad.
Derivado de lo anterior, no es un problema menor específicamente quién tiene el mando operativo central de esta Fuerza Multinacional Provisional, compuesta además por tropas de Estados Unidos, Francia y Canadá. ¿Quién es el comandante en jefe de toda la FMP? Resulta curioso saber que en consulta telefónica, el Presidente de Francia le comunicó al Presidente de Brasil que le gustaría que fuera este país el que asumiera la Comandancia en Jefe de la Fuerza de Estabilización, dentro de tres meses. O sea, ya se sabe acerca de lo que puede ser en el futuro y que puede ser un latinoamericano. Pero cómo es ahora, cuando Chile está directamente involucrado, no se sabe.
Las eventuales operaciones de combate siempre llevan el riesgo de violaciones de derechos humanos, si se hacen en contra de los principios del derecho internacional que protegen los derechos humanos. Chile tiene clara su adhesión a estas normas y sus militares están sometidos a ellas. Pero Estados Unidos hace tiempo que viene pidiendo inmunidad para su contingente militar involucrado en operaciones en otros países. Y lo ha hecho por la vía de acuerdos bilaterales, tratando de desvirtuar la creación del Tribunal Penal Internacional.
Desde el punto de vista operativo, entonces, las fuerzas chilenas no podrían tener un superior norteamericano, pues este puede, basado en la doctrina de su país, ordenar acciones reñidas con los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, considerando que tiene impunidad para hacerlo.
Desde otro ángulo, ¿cual es la postura que llevan los militares chilenos respecto de aquellos miembros de las fuerzas rebeldes que ha sido procesados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos? Tal es el caso de Louis Jodel Chamblain y Jean Pierre Baptiste, alias «Jean Tatoune», ambos condenados a prisión de por vida, por varios asesinatos y la matanza de Raboteau, en 1995. Ellos son parte de la jefatura militar rebelde que se mueve libremente en Puerto Príncipe.
Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han solicitado que la FMP se comprometa a garantizar la desarticulación de todos los grupos, y la detención y comparescencia ante tribunales haitianos de esos jefes rebeldes. ¿Existe una posición al respecto? Sería conveniente que el gobierno chileno explicitara este punto.
Hace bastante tiempo las Fuerzas Armadas chilenas han venido entrenando contingente militar para misiones multinacionales de paz. Durante la presente administración se creó un centro con este propósito en Peldehue. Por lo tanto, es evidente que el contingente enviado tiene la preparación necesaria para enfrentar cualquier situación operativa. Pero, ¿y el sustento político de toda la acción? ¿Está desarrollado de manera clara y efectiva de acuerdo a nuestra política internacional y la imagen de país? Porque no solo se trata de ser un país responsable sino también coherente con sus valores y convicciones.
Independiente de las declaraciones de Jean Bertrand Aristide en contra de Estados Unidos, que han llevado al CARICOM a exigir una investigación internacional acerca de su renuncia (o destitución según lo que él sostiene), la Resolución del Consejo de Seguridad y la vaguedad de la información disponible, nos llevan a la conclusión que existen temas fundamentales en el tipo, uso y composición de las fuerzas militares internacionales, que política y técnicamente están muy verdes, y que se debe evitar al máximo la improvisación.
Puede argumentarse, como siempre, que es asunto reservado. ¿En qué podría afectar la seguridad saber quién manda? En materia militar siempre es necesario que las responsabilidades estén claras, porque se sabe como se entra a un problema, pero nunca cómo se sale.
