Por razones estratégicas para la competitividad y para el desarrollo futuro del país, aprovechando los espacios que nos abren los tratados internacionales en un mundo globalizado y complejo, el Presidente Lagos planteó, acertadamente, el desafío de potenciar, en diez años, la calidad y cantidad de nuestro capital humano. Para ello, se pretende ampliar la cobertura de la educación superior de 550.000 alumnos, en la actualidad, a 1.000.000 en el 2012.
Por otra parte, tal como lo declara el Ministerio de Educación (Mineduc): «El talento está igualmente distribuido entre todos los jóvenes y niñas, por lo que es imprescindible ampliar las oportunidades para todos chilenos. Si no realizamos este esfuerzo, estaremos perdiendo talento para Chile, su progreso y su desarrollo» (ver política de educación superior, Mineduc 2004, en www.mineduc.cl).
En capital humano, al gobierno le interesa poner a Chile a la altura de los países más desarrollados, los cuales se caracterizan por una población más educada, con mayor base científica y tecnológica; y capaz, por lo tanto, de asumir tareas más calificadas y emprendimientos empresariales, científicos y técnicos de mayor complejidad.
Para darle viabilidad a este ambicioso objetivo, hay un asunto central, que el propio gobierno debe liderar con decisión y urgencia: asegurar una mayor coherencia en la política pública de educación superior, de tal modo que el desafío estratégico no se quede sólo en un acertado discurso, con la consiguiente frustración de las personas y del país en su conjunto.
Es decir, afinar la política pública de educación superior constituye un imperativo en el difícil camino por sacar al país del subdesarrollo, y en esa dirección es necesario internalizar y asumir los siguientes hechos:
1)- Entre 1990 y 2003, la cobertura en educación superior se amplió notablemente, pasando de 16% a 31,5% de los jóvenes, entre 18 y 24 años.
2)- Pero esa cobertura está fuertemente concentrada en muchachos provenientes de hogares con ingresos superiores: el cuarto quintil tiene un 43,5% de cobertura y el quinto quintil un 66,5%.
3)- Los tres quintiles de menores ingresos tienen las coberturas siguientes: tercer quintil: 28,9%; segundo quintil: 16,2%, y primer quintil: 9,5%.
Lo anterior significa que la base poblacional disponible, para incorporar jóvenes al sistema de educación superior es, mayoritariamente, de nivel socioeconómico pobre y desde allí se alimentará el aumento en la cobertura de la educación superior, para cumplir la meta puesta por el Presidente Ricardo Lagos. Por lo mismo, las instituciones deben esperar que las admisiones sucesivas se caractericen por una marcada tendencia a la concentración en alumnos de ingresos medios bajos y bajos.
Pues bien, las características de esos contingentes de jóvenes son hoy las siguientes:
a)- En su mayoría provienen de la enseñanza municipalizada, cuya calidad es mala, según lo demuestran, para los niveles dásico y medio, los resultados de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad y la Equidad de la Educación (Simce) y los de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), para el ingreso a las Universidades.
b)- Por razones de reproducción del círculo de carencias o derechamente de la pobreza, los muchachos no tienen un entorno familiar que favorezca un clima de desarrollo cultural, a partir de la formación de sus padres, del hábito de lectura, de la conversación culta, del uso de la Internet, del manejo de un segundo idioma, etc.; con los consiguientes impactos negativos en la base intelectual, para afrontar estudios superiores.
c)- Evidentemente no tienen los recursos para acceder a la matrícula de cualquier carrera en educación superior y menos de nivel universitario; pero tampoco los tienen para solventar gastos de materiales, traslados, alimentación, libros, salud, etc.
Con esa realidad, es imperativo enfrentar con nitidez dos ejes de acción: por un lado, mejorar la calidad de la educación municipalizada, en sus niveles prebásico, básico y medio; por otro, afinar la política pública de educación superior en las siguientes direcciones:
1)- Acentuar la focalización de las ayudas estudiantiles, crédito y becas de arancel actuales (72.000 millones de pesos), en las personas que más lo necesitan. No es presentable, por ejemplo, el que universidades que concentran grupos sociales de ingresos altos, sigan captando una parte importante del crédito solidario. A lo menos el gobierno debería fijar un «arancel referencial» de matrícula, hasta el cual estará dispuesto a facilitar el financiamiento con recursos públicos. En la actualidad a algunas universidades les basta con subir los aranceles para mantener la concentración del crédito histórico.
2)- El Aporte Fiscal Indirecto actual (17.400 millones de pesos), dirigido a las instituciones de educación superior que captan a los alumnos que obtienen los 27.500 puntajes más altos en la prueba de selección, es marcadamente regresivo, porque está referido a alumnos de los estratos sociales de más altos ingresos. El Aporte Fiscal Indirecto deberíamos otorgarlo a las instituciones que capten a los mejores alumnos de la cohorte de cada establecimiento en el país y que, además, su situación socioeconómica lo amerite, permitiendo así que los estudiantes pobres, pero de buen rendimiento, no sean percibidos como una carga financiera al llegar a los planteles de educación superior.
3)- El Mineduc, a través de su División de Educación Superior, debería seleccionar a las universidades públicas que concentran a las personas de los sectores socioeconómicos de más bajos ingresos y sumarlas a un vigoroso programa de integración social, que apunte a nivelar la base cultural, científica y de formación integral de esos estudiantes; con el objetivo de romper las desventajas de inicio de los alumnos, potenciar su rendimiento académico y fortalecer su competitividad. Hay instituciones que, por las características de sus alumnos, derivadas de su pertenencia a sectores socioeconómicos altos, no necesitan o pueden autofinanciar iniciativas como incorporación masiva al uso de la tecnología, manejo de idiomas, hábitos de lectura, dominio del lenguaje, pasantías estudiantiles, inserción a redes sociales, tecnológicas y profesionales, etc.
4)- Implementar, a través de Mineduc, de un agresivo Programa Nacional de Ayudas Estudiantiles que amplíe las ayudas actuales, hacia cubrir las necesidades de alimentación, traslados, salud, compra de materiales, libros y equipos. Es decir, mirar integralmente a nuestros alumnos más necesitados, posibilitándoles así concentrarse en sus estudios para poder rendir adecuadamente.
Para tener un Chile que sea más Chile para todos, debemos ampliar la base calificada del capital humano, lo cual demanda afinar el diseño de la política pública de educación superior, orientándola hacia asumir las carencias que presentan nuestros jóvenes provenientes de familias más necesitadas.
* Héctor Gaete es vicerrector académico de la Universidad del Bio-Bio (www.ubiobio.cl)
