Sergio Fernández, ¿mensajero de la democracia? - El Mostrador

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Sergio Fernández, ¿mensajero de la democracia?

por 17 marzo, 2004

Fernández quiere hacernos creer que los ministros civiles del Interior funcionaron como pasapelotas de un evento deportivo sólo por el hecho de que no llevaban guerrera sino traje a medida.


El actual senador por Magallanes y ex ministro del Interior de la dictadura militar entre 1978 y 1982, y entre 1987 y 1990, Sergio Fernández, ha intentado convencernos recientemente de que no tuvo noticia ni rastro de ningún exceso concreto cometido por diversas organizaciones de orden público y seguridad durante su mandato.



Su conocimiento fue general, como el de cualquier ciudadano de a pie, aunque el primero en dudar de esta aseveración fue el presidente de la República, Ricardo Lagos, que en tiempos de dictadura fue despojado, como el resto de los chilenos, de sus derechos más básicos. Todo en nombre de la excepción y la emergencia, aunque éstas se extendieran por casi dos décadas.



Los argumentos que da el ex ministro para defenderse de otra conjura comunista son harto discutibles.



Aparte de haber sido ministro del Interior en circunstancias extrañas, pues parece querer rebajar este cargo al grado de mero director de la Policía de Investigaciones o lector de discursos para las cadenas de televisión obligatorias de la época, Fernández intenta distanciarse ahora de los servicios de seguridad.



"La información de que disponíamos en esta materia provenía de los servicios de seguridad, que no dependían del Ministerio del Interior. Hoy sabemos que ellos no entregaron dicha información tal cual hoy la conocemos", dijo, respondiendo a la incredulidad mordaz del presidente Lagos.



La evasión y el distanciamiento, estrategia que algunos civiles colaboracionistas de la dictadura parecen empeñados en usar para dejar a sus socios militares sentados en el banquillo de los acusados o tras las rejas de algún recinto penal cinco estrellas no es tan simple, no al menos en el caso de la Central Nacional de Informaciones (CNI).



El Decreto Ley 1.878 del 12 de agosto de 1977, por el cual se funda la CNI, estipula en su artículo primero que "no obstante su calidad de organismo militar, integrante de la Defensa Nacional, la Central Nacional de Informaciones se vinculará con el Supremo Gobierno en el cumplimiento de sus misiones específicas a través del Ministerio del Interior".



La figura del ministro del Interior, según se desprende jurídicamente de dicho decreto, no es meramente accesoria sino trascendental, puesto que es el vínculo ejecutivo entre el recién creado organismo militar de seguridad y el Gobierno. Asimismo, es una de las más distinguibles diferencias entre éste y su antecesora, la DINA.



¿Cuáles eran las misiones específicas de la CNI? De nuevo el artículo primero: "reunir y procesar todas las informaciones a nivel nacional, provenientes de los diferentes campos de acción, que el Supremo Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes, programas; la adopción de medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional, y el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales y la mantención de la institucionalidad establecida".



Aun cuando la CNI estuvo regida por un reglamento orgánico reservado, éste no pudo contravenir lo estipulado en el Decreto Ley 1.878, so pena de volver el vasto y meticuloso cometido jurídico de la Junta de Gobierno en una colección de actas incoherentes, más del lado de las minutas de un consejo de curso que de las normas de una república honorable.



Cabe entonces preguntarse si Fernández optó por el descuido o negligencia de funciones ante la responsabilidad que le cabía como vínculo entre la CNI y el Supremo Gobierno.



¿Y si la CNI no respondía al Gobierno ni ejecutaba sus operativos por intermedio del Ministerio del Interior, estará dispuesto a afirmar que la responsabilidad ulterior por los excesos corresponde política y penalmente al Presidente de la Junta de Gobierno y, posteriormente, al Presidente de la República?



Al margen de las admisiones históricas o la falta de ellas, lo cierto es que el ex ministro Fernández cumplió sus tareas. Una de ellas quedó registrada en un recurso de queja que presentó su ministerio ante la Corte Suprema el 29 de abril de 1981 bajo el rol No. 294-81. Dicho recurso intentaba recusar el fallo de la Corte de Apelaciones que había concedido la libertad provisional a Carlos Montes, por entonces miembro de Convergencia Socialista y actual diputado y jefe de bancada del Partido Socialista.



El recurso informaba de cuán peligroso era dejar en libertad a Montes debido a su presunta vinculación con el proscrito MAPU, pero daba cuenta también de "la detención de uno de sus más inportantes colaboradores -Juan Maino", cuya madre, Filma Canales, presentó ante el mismo tribunal, cinco meses más tarde, un recurso de amparo en favor de su hijo que llevaba más de cuatro años desaparecido.



Sergio Fernández respondió con puntualidad la solicitud de antecentes sobre Maino formulada por el Presidente de la Corte de Apelaciones, el 8 de octubre de 1981 mediante un oficio que lleva su firma.



Dicho documento, según consta en el volumen tercero de "Chile: La memoria prohibida", páginas 370 y 371, establece que "el Ministerio del Interior y ninguna entidad dependiente del gobierno ha detenido al amparado, ni existe tampoco orden alguna en tal sentido".



Los autores de "La memoria prohibida" añaden seguidamente un comentario categórico: "para los efectos de acusar a Carlos Montes y sindicarlo como un alto dirigente del MAPU, la detención de Maino era admitida; pero para efectos de la investigación de su propio paradero, su detención era negada".



Si quisiéramos otorgar el beneficio de la duda a Fernández y patrocinar su tesis general de la ignorancia ministerial, tendríamos que estar dispuestos a creer que después de haber recibido en su despacho decenas de solicitudes de antecedentes por parte de ciudadanos o jueces respecto del paradero más o menos desconocido de algunas personas, peticiones que iban goteando o, mejor aún, precipitándose como una tormenta de lluvia tropical, el ex ministro sólo se limitó a pedir informes a los servicios de seguridad y orden público y remitirlos a los solicitantes. Fernández quiere hacernos creer que los ministros civiles del Interior funcionaron como pasapelotas de un evento deportivo sólo por el hecho de que no llevaban guerrera sino traje a medida.



Tanto por el horroroso contenido de fondo, cantidad y frecuencia, como por el respaldo que estas solicitudes de antencedentes recibieron de los propios tribunales, organismos de derechos humanos, eclesiásticos e incluso internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta difícil entender por qué Fernández nunca abrió una investigación interna o, en caso de haber sido objeto de obstrucción en el ejercicio de sus funciones, nunca dimitiera.



Algo olía demasiado mal en Dinamarca, pero en lugar de investigar, Fernández asumió el papel de mensajero, como ha explicado él mismo en estos días, o colaboró decididamente en falsear información o denegarla respecto del paradero de prisioneros políticos, cuestión que dirimirán los tribunales competentes a raíz de los procesos que ya se encuentran en curso y de otras querellas que acaban de ser anunciadas por los diputados socialistas Montes y Sergio Aguiló, ambos víctimas de torturas.



Aguiló afirma que el decreto de su detención, ocurrida en diciembre de 1981 y que dio inicio a un período extrajudicial de torturas por cuenta de la CNI, lo firmó el mismo Fernández, quien denegó información sobre su paradero por ocho días a sus familiares y amigos.



Firmar decretos de detención que iban a ser ejecutados por organismos de seguridad de la reputación de la CNI a la fecha, según hicieron constar al Gobierno de la época y al propio Fernández decenas de instituciones de derechos humanos, algunas bajo el alero moral de la Iglesia católica, es una actividad harto más sofisticada que dedicarse profesionalmente a la mensajería.



El abogado del ex ministro, Miguel Schweitzer, muy dado a respaldar prontamente tesis conspirativas y conjuras mediáticas, dijo lamentar que el tema se haya politizado para ser llevado a la justicia. "Llevar la política a los tribunales es muy dañino", manifestó hace poco por las ondas radiales de Agricultura.



Resultan por lo menos irónicas sus palabras toda vez que la dictadura, de la cual Fernández fue prominente colaboracionista si no parte constitutiva de ella, llevó la política directamente a los centros de tortura y exterminio ilegales sin pasar siquiera por los tribunales, ni civiles ni militares.



El debate político fue convertido, en el mejor de los casos, en interrogatorio sobre una mesa de torturas y la disensión ideológica y el cuestionamiento moral fueron castigados con demasiada frecuencia con la muerte. Ante esas circunstancias, será bastante difícil hacer de la omisión una virtud.



Arturo Escandón es periodista y profesor universitario. Autor de la monografía Censura y liberalismo en Chile a partir de 1990, Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nanzan. Reside en Osaka, Japón.


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