Embalses concesionados: ¿riego seguro o negocio asegurado? - El Mostrador

Viernes, 17 de noviembre de 2017 Actualizado a las 22:32

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Embalses concesionados: ¿riego seguro o negocio asegurado?

por 2 abril, 2004

Ante el visible agotamiento de la posibilidad de nuevos proyectos de concesiones en infraestructura pública, el año 2000 el Gobierno se embarcó en la tarea de inventar nuevos negocios para los inversionistas privados. Así, durante la administración del Presidente Ricardo Lagos se adoptó como política que todos los futuros embalses de regadío que se construyeran en el país, se harían incorporando al sector privado una actividad que hasta el momento era privativa del Estado.



El primer proyecto contemplado por el Ministerio de Obras Públicas en ese ámbito, es el Embalse Illapel (más conocido como El Bato), en la provincia del Choapa, proyecto que cuenta con un atraso de casi tres años desde que fue entregado en concesión y cuenta con una inversión de US$33 millones. Le siguen a lo menos cuatro proyectos que suman aproximadamente negocios por US$400 millones, Convento Viejo II (VI Región), Ancoa (VII Región), Punta Punilla (VIII Región) y el Sistema de Regadío del Aconcagua-embalse Puntilla del Viento (V Región).



En noviembre del año 2003, un flamante subsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez, plasmaba su firma en un acuerdo con Méndes Junior y Asociados, que aceptaba modificaciones al proyecto originalmente concesionado. Sin embargo, hasta mediados de marzo las obras de construcción de dicho embalse aún no se iniciaban. De esta forma, el Gobierno reafirma su convicción de que es posible concesionar a particulares grandes obras de riego independiente de si es o no beneficioso para los agricultores y el país. En enero pasado, el mismo subsecretario puso la primera piedra, mientras que en febrero, desde Washington, se anunciaba que inversionistas de EEUU estarían muy interesados en otros proyectos de embalses en nuestro país.



El Bato, primer embalse concesionado del mundo



El concesionado Embalse El Bato es un caso único, ya que es el primero en su tipo en el mundo. Se ha transformado en un caso emblemático para el Gobierno y de sus resultados depende toda una cadena de nuevos negocios asociados a las concesiones de Obras Públicas. Sus resultados marcarán el camino para los nuevos proyectos que el Ejecutivo está desarrollando bajo la misma modalidad de concesión a privados. Efectuar hoy algún cambio significativo al modelo de Obras Hidráulicas concesionadas, pondría a todo el sistema en la cuerda floja.

En esta historia, los más favorecidos son los grandes inversionistas privados. Es el caso de la empresa Méndes Junior y Asociados, severamente cuestionada en su relación con el MOP, debido a que en su momento regaló a la institución estatal 100 millones de pesos (caso que investiga la Ministra en visita Ana Gloria Chevesich).



Por otro lado, se sacrifica el Estado, quien subsidia buena parte del negocio, asegurando una rentabilidad mínima al inversionista. En el acuerdo final ha asumido incluso más costos de los originariamente estipulados. Los agricultores tendrán que pagar "precio de mercado" por el agua, mientras que el medioambiente, ente sin derecho a voz, enfrentará un marcado deterioro que se hará visible en los próximos años.



El costoso proyecto ha rendido sus frutos también para algunos altos funcionarios del Estado, quienes con buenos contactos saltan con gran facilidad del área pública a la privada. Ejemplo de ello es Pablo Anguita, quien de la dirección general de OOPP del MOP, pasó a transformarse en gerente general de la Sociedad Embalse Illapel, filial de Méndes Junior y Asociados, sin estación de transferencia con el objetivo de "desentrampar" la ejecución del proyecto. Su permanencia en el cargo fue de solo un año y medio, siendo la explicación más lógica de su salida sus desavenencias con el nuevo ministro del ramo, Javier Etcheberry.



Surge la pregunta de ¿por qué fueron tan dilatadas las tratativas entre la empresa concesionaria y el MOP? Pasaron casi tres años desde que se adjudicó el proyecto supuestamente con todos los elementos técnicos de factibilidad ya resueltos y con un permiso ambiental aprobado y su puesta en marcha.



Desde el año 2001 se viene anunciando reiteradamente el inicio del proyecto, pero al parecer los estudios técnicos no cumplían con las expectativas. A tal punto que hoy están procesados por fraude al Fisco y estafa los señores Jorge Quiroz Castro, Francisco González del Río y Luis Arrau del Canto, dueños de las consultoras que avalaron los estudios "técnicos" que respaldaban la decisión política de implementar el sistema de concesiones en la construcción y explotación de embalses. Por estos contratos también se encuentra procesado el ingeniero Roberto Salinas Briones, encargado del proyecto embalse Illapel en el MOP. Se trata de acusaciones sobre contratos, directamente vinculados a este embalse y utilizados para el pago de sobresueldos.



Para salvar el escollo, durante los últimos años, las partes han buscado alcanzar un acuerdo respecto de los parámetros técnicos del futuro embalse Illapel. Pero ahora sobre la base de un pie forzado para el Estado, su margen de maniobra es nulo. ¿Cómo podría explicar que no se implementara el proyecto tantas veces anunciado, con los permisos pertinentes otorgados y adjudicada ya la concesión? Con esta ventaja, la concesionaria pudo regatearse y, según la información pública, lo logró. La pared moldeada del embalse tendrá solo 30 metros y no 50 como indica el proyecto original, según el Estudio de Impacto Ambiental. Se trata de modificaciones de diseño que generan menores costos, pero, ¿para quién?, cabe preguntarse.



Costos ambientales



La respectiva resolución de la Corema estableció la necesidad de compensar la desaparición del ecosistema único El Bato, bosque relicto de canelo, voqui y luma chequen, declarado como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Este desaparecerá al verse inundado por el futuro embalse. La solución para el MOP era fácil, simplemente recrear un bosque parecido en otro lugar cercano y para ello se destinó un fondo de $300 millones de pesos. Pero resulta que el costo de recrear un bosque similar bordea un presupuesto entre 2 a 5 millones de dólares, de acuerdo a un estudio de la Universidad de la Serena. El costo de la mitigación o compensación ambiental estaba incorporado en la estructura de costos de la concesión. Sin embargo, en negociaciones posteriores a la adjudicación y firma del contrato, el costo de reposición del bosque se transfirió al presupuesto regular del MOP. Es decir, pagamos todos los chilenos a favor de mejorar el negocio de Méndes Junior. Curioso es constatar que a fines de los años 90 se fijó este lugar para la construcción del embalse, por ser US$2 millones más barato que su lugar alternativo, el cual por cierto carecía de bosque.



Después de estos ejemplos surge la pregunta: ¿Cuáles fueron las razones para concesionar la construcción y explotación de embalses? La autoridad pública ha puesto sobre la mesa exclusivamente los beneficios, que podemos sintetizar en dos: Permite destinar recursos públicos a tareas socialmente más relevantes y amplía los espacios para la inversión privada, verdadero motor del desarrollo económico.



Pero resulta que el Estado chileno está subsidiando en cerca de 90 por ciento la obra total, considerando el 80 por ciento desde un inicio comprometido, más los cerca de US$3 millones que se gastarán en recrear el bosque nativo, y el ahorro adicional que hará la empresa con las optimizaciones técnicas. Hasta ahora, no es posible determinar con exactitud su monto, ya que se desconoce el contenido de las últimas negociaciones sobre las características especificas del embalse.

En definitiva, el proyecto ha estado plagado de graves irregularidades en todo el proceso de su tramitación y puesta en marcha. Pero el Gobierno ha insistido majaderamente en su implementación. Como es frecuente escuchar, razones de Estado explican esta tozudez. Lo contrario podría significar una mala señal para el "inversionista", pilar y motor de nuestro "desarrollo". Que no se respeten las reglas de juego para los ciudadanos comunes y corrientes, importa poco.



*Lucio Cuenca Berger es coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

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