TVN y poderes públicos (¿Las razones de un no?) - El Mostrador

Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 04:02

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TVN y poderes públicos (¿Las razones de un no?)

por 8 abril, 2004

Como sabemos, el Senado rechazó en primera instancia la nómina que el Presidente Lagos había propuesto como directorio para Televisión Nacional. Ello ha dado lugar a una serie de reacciones; algunos centraron la atención en la forma en que el Presidente había propuesto la nómina, que, para ellos, no resultaba la adecuada. Otros, por su parte, apuntaban las críticas a la conformación del directorio propuesto que, sostenían con fuerza, no garantizaba el pluralismo que la estación estatal requiere.



Es que Televisión Nacional de Chile, como se ha repetido hasta el cansancio -al punto de convertirse ya en un cliché-, es el canal de todos los chilenos y, entonces, su directorio debe ser capaz de representar, en plena armonía con los principios constitucionales, la pluralidad de opiniones y posturas en frente de, por ejemplo, la contingencia política.



Dicho de otra forma, el directorio del canal estatal debe ser capaz de replicar en su seno la multiplicidad de posturas que, una sociedad plural, como la chilena, exhibe. Es que todos y cada uno de nosotros poseemos diversas posturas y opiniones acerca de cómo se vive una vida buena y no queremos que el Estado nos imponga ninguna de ellas. Siendo Televisión Nacional una estación que funciona con fondos públicos, por lo tanto, debe abstenerse de imponer -así como lo hace el Estado- una postura (moral, política, religiosa, etc.) sobre las personas para, a cambio de ello, permitir el libre fluir de las ideas y alentar, de esa forma, el debate democrático.



Pero permítanme llamarles la atención sobre un aspecto que, estas discusiones sobre la composición del directorio, han invisibilizado. Cuando decimos que la composición del directorio de Televisión Nacional debe ser plural, estamos sosteniendo que, en él, deben tener cabida las más diferentes posturas. Si ello es así, lo que debemos encargarnos de hacer, como ciudadanía, es de escrutar a las personas que, en un momento determinado, se proponen para componerlo. Solo llevando adelante ese cotejo estaremos en condiciones de satisfacer, al menos, las siguientes exigencias de un Estado de Derecho:



a)- podremos saber, de manera más o menos sensata, cuáles son las posturas de aquellos que son propuestos al directorio;



b)- una vez que conocemos sus posiciones, estaremos capacitados para que rindan cuenta de su gestión en el directorio.



Sin embargo, nada de ello ocurrió (ni ocurre); la ley que regula la estación estatal ordena al Senado llevar adelante estas votaciones, en las que deben decidir si ratifican o no las nómina presentada por el Presidente, en secreto. Es decir, jamás la ciudadanía podrá conocer las preferencias de quienes son postulados al directorio, de una parte, y por ello, mucho menos podremos exigir cuenta de su gestión, de otra. Pero dejemos de lado las razones que podrían explicar -no justificar- esta normativa.



Como si lo anterior no fuese ya razón suficiente para sostener que esa ley desplaza a la ciudadanía del auto control que una república reclama para sus ciudadanos, el Presidente de la Cámara del Senado declaró el jueves 1ÅŸ de abril, que "así como el Presidente tiene la facultad para proponer la lista de posibles miembros del directorio al Senado, el Senado, a su turno, tiene la facultad para decir no". A la luz de lo expuesto hasta acá, veamos, brevemente, algunas consideraciones al respecto.



Los Senadores ocupan esos escaños, más que por sus virtudes -que por cierto las tienen-, porque han sido capaces de captar las preferencias de los ciudadanos. De ahí, entonces, que ellos no llevan adelante sus funciones de la manera que mejor les parezca, sino que deben hacerlo de conformidad al mandato que el pueblo, actuando soberanamente en las elecciones, les ha entregado.



De ahí que, su función, debe realizarse de cara al país, de frente al electorado y no, en cambio, encerrados entre cuatro paredes. Cuando el Presidente del Senado, don Hernán Larraín, señala que el Senado "está facultado para decir (simplemente) que no", está diciendo que el Senado está facultado para actuar discrecionalmente, de espaldas a quienes le hemos entregado el mandato de legislar y sin entregarnos razones que den sustento a esa decisión.



No solo sobre los jueces pesa el deber de entregar razón de sus decisiones (fundando las sentencias); la transparencia y publicidad de las formas y razones conforme a las cuales se adopta un acuerdo, pueden exigirse de todos y cada uno de los órganos y miembros del Estado, pues ellos, como lo señala la Constitución, están al servicio de la persona humana y cumplen, ejerciendo sus funciones, con el mandato popular. Ese mandato, como toda actividad en que se encomienda una gestión, supone la rendición de cuentas, pero para ello, debe conocerse el resultado de la gestión (el no a la propuesta del Presidente), pero, por sobre todo, las razones que llevaron a ese resultado (que el Senado ha preferido guardar).



En los meses que vienen, este procedimiento de ratificación se replicará cuando, el Senado, deba pronunciarse frente a una nueva propuesta del Presidente. Como se sabe, existe una vacante de Ministro de Corte Suprema que, a través de un mecanismo similar, debe completarse; el Presidente propondrá al Senado, para su ratificación, un posible candidato que extraerá de la quina presentada por la propia Corte Suprema. No se tratará, entonces, del directorio de un canal público, sino que de la instancia de decisión jurídica más alta e importante del país. Es de esperar que, entonces, las autoridades estén a la altura de la exigencia democrática y transparenten el procedimiento, permitiendo la participación de la sociedad civil y entregando siempre -como lo exige el mandato popular-, razón de sus actuaciones.









*Domingo Lovera Parmo es abogado del Programa de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos (domingo.lovera@udp.cl).

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