La legislación que regula el sector pesquero no ha sido capaz de asegurar una explotación racional en el pasado y hoy, luego de profundas reformas, tampoco ha resultado ser más eficaz en la solución de este problema. Ello plantea que la pesca en Chile no es sustentable en el largo plazo, aspecto que es avalado por estudios científicos que revelan alarmantes cifras de sobreexplotación de los recursos marinos, en las aguas nacionales.
Desde el 2000, la normativa que rige la pesca en Chile ha sido objeto de un profundo proceso de reestructuración, el cual, producto de las dificultades económicas de esos años, se tiñó de los principios inspiradores de la llamada Agenda Pro Crecimiento, pactada entre la Sofofa y el Gobierno. Básicamente, se buscó implementar un modelo normativo que permitiera acrecentar, considerablemente, la rentabilidad de las empresas pesqueras, relegando al último plano consideraciones ajenas a lo estrictamente comercial, como las medioambientales o el impacto social, producto de las trabas impuestas a la pesca artesanal.
Es cierto que el negocio de la pesca industrial se ha convertido en uno de los más atractivos, debido a cifras de crecimiento anormalmente elevadas para los niveles chilenos. Sin embargo, este auge sólo se ha logrado luego de pagar un altísimo costo medioambiental, tanto debido a los excesivos volúmenes de captura que se autoriza pescar, como por el uso indiscriminado de artes o métodos de pesca altamente destructivos, como la pesca de arrastre. Este sistema de pesca consiste en una amplia red unida a pesadas cadenas y otras piezas metálicas que se arrastran por el fondo del mar y arrasan con todo a su paso. No sólo con las especies objetivo, sino también con todo el resto de la fauna y flora que se cruza por su camino y que, por su bajo valor comercial, son devueltas al mar muertas o moribundas.
Actualmente, se tramita en el Congreso la última de tres grandes reformas a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Este proyecto, conocido como Ley Larga, no propone ningún cambio determinante que repercuta favorablemente en la conservación de nuestros mares. Podemos predecir fundadamente que con la Ley Larga, tal como fue propuesta por el Gobierno, el sector pesquero se enfrentará a una crisis en el mediano plazo, debido a la falta de cuidado de los recursos marinos.
Una forma clara de revertir esta tendencia es a través de una prohibición a la pesca de arrastre de fondo, lejos la más dañina del medioambiente, dentro de las primeras doce millas marinas. Si bien el Gobierno no incluyó en el proyecto una limitación a la pesca de arrastre, esta imperdonable omisión fue en parte compensada con una indicación de siete senadores oficialistas y de oposición, en orden a prohibir este método en todo o parte del mar chileno. Esperamos que el Congreso tenga la cordura suficiente para aprobar esta propuesta y así, al menos, se le de un respiro a nuestros maltratados mares.
*Alex Muñoz W. es abogado de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica.
