Violencia sexual y anticoncepción de emergencia - El Mostrador

Martes, 21 de noviembre de 2017 Actualizado a las 18:25

Autor Imagen

Violencia sexual y anticoncepción de emergencia

por 14 abril, 2004

Que la violencia sexual afecta especialmente a niñas y mujeres es un fenómeno social y cultural irrebatible, que corroboran todos los estudios y datos recogidos durante años. En tanto tal, es deber de todos los órganos del Estado sancionar la violencia y permitir que las víctimas accedan a la reparación del daño causado. Esta tarea no es privativa de los tribunales, sino que compete a todas las instancias que estén en condiciones de hacerlo. Las consecuencias de estos delitos son múltiples y graves, especialmente cuando entre víctima y agresor hay relaciones de parentesco, cercanía, afectividad o dependencia económica.



El nuevo modelo de justicia penal que se implementa en Chile,, desde el 2000, recoge precisamente la importancia de dar protección a víctimas y testigos, especialmente espacios de resguardo desde donde puedan colaborar a la persecución eficaz del delito. En Iquique y Temuco, por ejemplo, el Ministerio Público y los Servicios de Salud regionales han suscrito convenios de trabajo, en virtud de los cuales se atiende y trata adecuadamente a las víctimas de la violencia sexual. Ello ha resultado altamente beneficioso, no sólo para el sistema penal, sino fundamentalmente para las víctimas, personas cuyo trance requiere de un trato especialmente digno y humanizado.



La reciente dictación de normas técnicas y protocolos de intervención clínica, para la detección y manejo de casos de violencia sexual, no hace sino recoger estos factores y uniformar criterios. De hecho, desde 1998 que la Guía Clínica del Ministerio de Salud dispone que la respuesta de los servicios, a las víctimas de agresiones o maltrato, debe ser distinta a la habitual. En este marco, recientemente evaluamos para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas la atención de casos de violencia sexual, bajo el nuevo sistema, en cinco regiones del país. Dicho estudio tuvo por objeto indagar cómo el sistema responde a las necesidades de las víctimas, y en especial, evaluar si un sistema con nuevos actores y más recursos es capaz de reducir la victimización secundaria, fenómeno en que se responsabiliza a la víctima por la agresión o en que el procedimiento o investigación penal produce daños adicionales, por ejemplo, obligando a la víctima a recorrer distintos escenarios, relatando una y otra vez lo ocurrido. El estudio incluyó además una revisión del manejo de casos en los servicios de urgencia.



La investigación demostró que los funcionarios de salud entrevistados tenían escaso conocimiento de la Guía para la Detección y Trato Clínico a Víctimas de Violencia Sexual, lo que afectaba la capacidad de los servicios para enfrentar y atender adecuadamente este tipo de casos. En efecto, además de tratar traumatismos y lesiones, los servicios de salud están llamados a prevenir infecciones de transmisión sexual y el riesgo de embarazo y de eventuales abortos clandestinos por embarazos no deseados. Así lo entienden sociedades tan cercanas a la nuestra como Ecuador y Brasil, países que cuentan con medidas clínicas que, lejos de ser una imposición para las usuarias, reconocen su autonomía y pleno derecho a evitar un previsible daño mayor. No hacerlo es negar el derecho inalienable de toda persona a la integridad física y psíquica.



Este esfuerzo del Ministerio de Salud es una mirada seria hacia la formulación de políticas públicas que reconoce incluso el derecho del profesional de la salud -como algunos ya lo han hecho públicamente- a plantear objeciones de conciencia. Esto permite transparentar el debate y llama al objetor a no seguir escondiendo, sin justificación, su negativa a atender a las víctimas y a los servicios de salud a suplir la falta donde ella se produzca.





*Lidia Casas Becerra es abogada y profesora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales (lidia.casas@udp.cl).

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Más Noticias

Blogs y Opinión

Mercados

TV

Cultura + Ciudad

Deportes

Plan Individual

Anual:
$90.000
Semestral:
$40.000
Trimestral:
$20.000
Mensual:
$10.000

Plan Empresa

Anual:
$700.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 1.200.000)

Semestral:
$400.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 600.000)

Trimestral:
$200.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 300.000)

Mensual:
$80.000

Hasta 10 usuarios
(valor normal 100.000)