La inconstitucionalidad del royalty al cobre - El Mostrador

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La inconstitucionalidad del royalty al cobre

por 16 abril, 2004

Hace algunos días se presentó a tramitación al Congreso el proyecto de ley que establece un royalty a la gran minería del cobre. Más allá de las discusiones políticas y de inconveniencia económica que se han desarrollado en torno al tema, el proyecto adolece de varios defectos que hacen que sea contrario a lo dispuesto en la Constitución.



En primer lugar, todas las materias relacionadas con tributos son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, o sea, sólo él puede presentar a tramitación proyectos de ley que se refieran a dicha materia. Sin embargo, en este caso son varios diputados quienes han patrocinado el proyecto, utilizando una fórmula poco consistente para hacerlo.



Para fundamentar la iniciativa, en el proyecto se establece que se cobrará "una compensación en beneficio del Estado, equivalente al tres por ciento ad-valorem de los productos mineros de la gran minería del cobre", diferenciándolo de esta forma de un tributo. O sea, lo que se pretende hacer es disfrazar el tributo llamándolo compensación, cuando en la práctica dicho pago cumple con las características de un tributo: es una prestación obligatoria, en dinero, que exige el Estado a sus individuos para financiar sus gastos.



Además de lo anterior, se dice que se trata de una compensación porque el Estado es dueño de las minas y no recibe ningún pago por los materiales extraídos. Sin embargo, ello no es estrictamente así. El Estado recibe el pago de la patente minera por medio de las cuales se mantiene registro de las concesiones y, además, obtiene ingresos por la vía de impuestos, ello sin contar con los beneficios indirectos que se obtienen, tales como un alto nivel de empleos, aumento notorio del PIB, etc., que no se tendrían si fuera el mismo Estado quien explotara las minas, porque no tiene la capacidad para hacerlo.



En segundo lugar, se viola el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria. El proyecto sólo contempla el pago de esta "compensación" para la minería del cobre y, dentro de ésta, para la gran minería.



Si el fundamento de la "compensación" es que el Estado no recibe pago por los minerales, no existe razón alguna para excluir de este pago al resto de los minerales y, principalmente, a las demás mineras que no cumplen con el requisito de gran minería.



Además de lo anterior, y si relacionamos los dos puntos ya tratados, la Constitución también establece que debe haber igualdad en los tributos y que éstos no pueden ser manifiestamente injustos. Al discriminar entre empresas del mismo rubro, habría una violación a este principio, ya que lo justo sería que todas fueran tratadas de la misma forma.



En definitiva, además de todas las consecuencias negativas que tendría la aplicación de este impuesto para la minería y economía del país, el proyecto que lo consagra adolece de vicios de constitucionalidad que no pueden ser ignorados en un país donde se respeta el Estado de Derecho.



Quien debe velar porque esto se respete es, en primer lugar, el Presidente de la República, a quien la Constitución le ha conferido la misión de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. De no ser así, entraremos en una espiral de demagogia que ya vivió Chile en otra época, y comenzaremos a tener múltiples proyectos en los que se disfracen tributos con otros nombres.







*Andrea Barros es investigadora del área Legislativa
de la Fundación Jaime Guzmán E.

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