A raíz del accidente nuclear ocurrido en la Planta de Three Mile Island (USA), en 1979, que significó un gasto de 1.000 millones de dólares en trabajos de limpieza de los diseminados desechos radioactivos, en el país del norte se dejaron de construir ese tipo de centrales.
Todos tenemos en la memoria lo acontecido con el desastre en Chernobyl, en Ucrania, ex URSS, hecho luctuoso que preferimos no recordar en detalle. Se sabe que la generación de energía, a partir de la fisión de átomos pesados tiene pros y contra. El gran problema de la misma es su peligrosidad ante las desinteligencias humanas y ante los riesgos de la naturaleza. Chile es un país sísmico y lo será siempre.
Ahora bien, en el sector precordillerado, en el límite de las comunas de Las Condes y La Reina, está emplazado un Centro de Investigación Nuclear que cuenta con las debidas normas de seguridad y que, a la fecha, ha funcionado bien. Cuenta con áreas de protección destinadas a minimizar los riesgos en la población y por ello no se permite en un radio de 600 mts., ninguna actividad que implique permanencia prolongada y/o concentración masiva de personas.
Esta zona de exclusión ha sido respetada por las autoridades, porque su suelo está asociado a deslizamientos o remoción en masa de materiales o sedimentos, según el instrumento urbanístico metropolitano. Es decir, allí no pueden haber asentamientos humanos, más aún si sabemos que la Quebrada de Ramón se encuentra ahí mismo. Tenemos la impresión que las autoridades desconocen la existencia de la falla geológica del mismo nombre, que presenta una inclinación de unos cuantos grados al este.
Pero -en aras de sacarle provecho a todos los territorios disponibles- el Minvu, a través del Serviu con la Municipalidad de Las Condes, está promoviendo reducir esa área de exclusión para construir allí viviendas sociales, con el falaz argumento de que el valor del suelo, en los sectores aptos para edificar, está muy alto, teniéndose en cuenta que los recursos monetarios fiscales son escasos.
La opinión pública ya conoce los estragos que se han producido en los sectores inundables, donde el Serviu ha edificado viviendas sociales, y más aún con las consecuencias que estamos observando ahora en Puente Alto, donde se construyó en un basural tapado con una capa de tierra. Esos terrenos, justamente por no ser idóneos, eran baratos: los efectos están a la vista y los canales de televisión nos muestran recurrentemente imágenes angustiantes.
Estimamos que hay que dejar a un lado la frivolidad y esa tendencia enfermiza a ver las cosas sólo con un prisma económico de corto plazo. Somos partidarios de respetar las normas establecidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) para este tipo de instalaciones peligrosas y sostenemos que, antes que nada, hay que respetar y conservar las medidas de seguridad nuclear y radiológica del mencionado reactor.
Por lo anterior, nos gustaría que la Comisión Chilena de Energía Nuclear deseche esa posibilidad de modificar las actuales normativas en la zona de influencia de su reactor. Estamos al tanto que el propósito buscado es llevar a esos terrenos aledaños a familias de allegados, hecho que la ciudadanía desconoce, porque el proyecto en cuestión no ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como «Estudio», sino como una simple «Declaración», la que -como se sabe- no contempla el proceso democrático de la participación ciudadana.
Es más, en la respectiva calificación ambiental se estableció que el área a desafectarse se transformaría en una zona habitacional mixta, asignándosele las normas de edificación que contempla el Plan Regulador de Las Condes y que la misma «no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la ley ambiental» (sic).
¿Y qué dice ese artículo 11?
Que los proyectos que presenten, al menos una de las siguientes características, tienen que ingresar al Sistema como «Estudio»:
*Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos.
*Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.
*Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.
*Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.
*Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.
*Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Cada lector podrá sacar su propia conclusión sobre la ausencia del «Estudio», a la luz de las anteriores situaciones.
En todo caso, y así, como a la pasada, también se le levantó la afectación a un terreno de siete hectáreas, perteneciente a un privado, el cual podría subdividirlo en predios de entre 800 y 2.000 m2, con una densidad que varía entre los 25 y 60 hab/ha. ¿Algún negocio ad portas?
Como no nos gusta la segregación social, manifestamos que esta modificación es inaceptable desde todo punto de vista. Las autoridades de vivienda y las municipales, con el consentimiento de los servicios públicos que integran la Corema, desean llevar a esos terrenos de alto riesgo a 1.000 familias de escasos recursos, para que habiten las denominadas «soluciones básicas».
Sabemos que en Las Condes existen muchos terrenos municipales donde se podrían edificar tales «soluciones»: el problema es que el establishment rechaza la idea de la integración y fluidez social en el uso del territorio. Los pobres para allá, lejos y nosotros (dicen aquellos privilegiados del sistema), vivimos donde merecemos, es decir, en las áreas urbanas consolidadas.
Por las connotaciones que tiene esta nueva irresponsabilidad, sería deseable que se abra un debate público, ya que solo algunos funcionarios del Estado son los que la están autorizando. Buscamos transparencia en la generación de estas iniciativas, y en tal sentido, la Resolución Exenta, aprobada la semana pasada, debe ser dejada sin efecto.
Si se llegara a comprobar fehacientemente que ahora se dan los supuestos de seguridad que avalan una disminución en el radio de exclusión, se podría analizar -sin sesgos oscurantistas-la respectiva modificación de uso de suelo. Pero para ello todos los actores sociales, académicos, científicos, privados, de la administración y fundamentalmente especialistas geológicos, deben intervenir en el futuro «Estudio de Impacto Ambiental», proceso abierto e informado a la opinión pública.
En todo caso, nos llama la atención que, mientras en los países civilizados aumentan los niveles de seguridad para esas plantas nucleares, en Chile se proceda en sentido inverso.
¿Será que en el Chile de la modernidad -palabreja oportunista y repetitiva- impera el comportamiento «light», para abordar las materias de orden público?
No cabe duda que sí, porque actualmente la mayoría de los altos funcionarios del Estado ya no están ejerciendo su roles buscadores del bien común. Como dicen los jóvenes, «están en otra».
*Patricio Herman es miembro de la Agrupación «Defendamos la Ciudad».
