¿Estamos dispuestos a compartir el poder? - El Mostrador

Sábado, 18 de noviembre de 2017 Actualizado a las 10:22

Autor Imagen

¿Estamos dispuestos a compartir el poder?

por 18 abril, 2004

"... expresamos nuestro convencimiento de que el mayor ejercicio de los derechos ciudadanos, la promoción de la equidad y la justicia social y la plena participación en la toma de las decisiones sobre todos los asuntos de la vida nacional serán factores determinantes para el desarrollo de nuestras sociedades y para el afianzamiento de la gobernabilidad y estabilidad democráticas"(*1).



Se estima que próximamente el Ejecutivo debiera enviar Ä„por fin! al Parlamento el Proyecto de Ley sobre "Participación Ciudadana en Políticas Públicas", proyecto de ley incluido en los "Acuerdos Político-Legislativos para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento", logrado entre el Gobierno y la oposición a fines de enero de 2003.



Sinceramente, a pesar de una demora francamente excesiva en la etapa prelegislativa, si esto ocurre, será una muy buena noticia para la democracia, para el mejoramiento de la calidad de la política y para la sociedad civil chilena. Lo que antes se llamaba pueblo. No importa. Lo que vale es que todavía existe y que desde Palacio se valora y se requiere su presencia ineludible para influir en el destino del país. Para que la libertad, la democracia plena y el desarrollo sustentable con equidad y justicia social tengan mayor consistencia y viabilidad. Sin una sociedad civil fuerte y organizada, eso es imposible. El Presidente Lagos lo sabe y lo ha reiterado muchas veces, al igual que diversos representantes del Gobierno, del mundo político y parlamentarios de todos los colores. Al parecer, llega la hora de saldar una de las mayores deudas que la democracia reconquistada tiene consigo misma y con quienes la hicieron posible: el ya intolerable déficit de participación y ciudadanía que mantiene la democracia chilena.



Esta iniciativa legislativa es la respuesta del Gobierno a la histórica demanda de las organizaciones sociales, al compromiso contraído con éstas en la campaña presidencial el 30 de agosto de 1999 y a las propuestas del Consejo Ciudadano convocado por el Presidente Lagos al inicio de su mandato. Lo que posteriormente se tradujo -entre otras importantes acciones- en el "Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana" a los órganos de la Administración del Estado, en diciembre de 2000; en la creación y puesta en marcha de la fase experimental del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil y su Consejo Provisorio, el 6 de septiembre de 2002; en la consulta nacional a organizaciones y dirigentes sociales realizada entre septiembre de 2002 y enero de 2003, en torno a qué tipo de modificaciones legales y recursos necesitamos en materia de participación ciudadana en la gestión pública y para el fortalecimiento de la sociedad civil.



Hasta donde conocemos, en términos jurídico normativo el proyecto de ley propone una reforma constitucional que consagre el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública y obligue al estado a velar por su promoción y cumplimiento. Con el mismo rango, inicialmente incorporaba también la "Iniciativa Popular de Ley", materia que aún no logra consenso en la etapa prelegislativa, por lo que su futuro es incierto en esta fase. Hay quienes todavía no aprecian el valor estratégico que tendría democratizar el poder en Chile. Situación que genera especial preocupación en las organizaciones de la sociedad civil por considerar la iniciativa popular de ley emblemática e ineludible en la perspectiva de una democracia moderna, participativa y ciudadana; que fortalece el sistema político, abre nuevos cauces a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y potencia la responsabilidad social en los asuntos de interés público.



Igualmente, en el proyecto de ley en comento se proponen alrededor de 120 indicaciones que modifican otras normas legales vigentes: Ley NÅŸ 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley NÅŸ 19.418, de Juntas de Vecinos; Ley NÅŸ 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; Ley N° 19.885, que norma el buen uso de las donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos (discapacidad y pobreza); Ley NÅŸ 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; el Título XXXIII del Código Civil; y crea además modificaciones normativas.



Por otra parte, este proyecto de ley también hay que entenderlo como un producto del componente "Participación Ciudadana" del "Programa para Fortalecer Alianzas entre la Sociedad Civil y el Estado" (PROFASCE), que finaliza en abril de este año. Programa que contó con un crédito suscrito por el gobierno chileno, en marzo de 2001, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de US 14,5 millones (8,7 millones de aporte BID y 5,8 millones de aporte local), en el marco de un acuerdo de cooperación que consulta otras tres áreas de gestión: Ciencia y Tecnología, Minorías Étnicas y Modernización del Estado.



Estamos en conocimiento de que el Ejecutivo desea enviar este proyecto de ley al Congreso lo antes posible, tal como está en la actualidad; y que está abierto a la más amplia participación de la sociedad civil en el debate parlamentario. Esta postura es compartida y exigida por los principales referentes de la sociedad civil organizada y por los representantes sociales del actual Consejo Provisorio del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, independientemente que éstos tienen fundamentadas preocupaciones, reparos y puntos de vista distintos respecto de importantes contenidos del proyecto de ley hasta ahora conocido.



En especial acerca de la autonomía, institucionalidad y financiamiento del Fondo, de la composición y representatividad de su Consejo, de su misión, objetivos y líneas de acción, las que a nuestro juicio tienen que estar obligadamente en concordancia con el espíritu y la letra del mensaje presidencial y en línea de continuidad con la valiosa experiencia acumulada en la fase experimental del Fondo actual. Esto es: "contribuir al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil como un actor social diverso, innovador y responsable, para el pleno ejercicio de la democracia, la participación ciudadana, la creación de condiciones para la asociatividad y el enriquecimiento del tejido social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su conjunto"(*2).



Respecto de la "Iniciativa Popular de Ley", idea que empezó a rondar por los pasillos de palacio y del parlamento por allá por el año 1993, ésta no debe ser vista como una "amenaza al sistema político", como sostienen algunos personeros del mundo político. Su fundamento, valor y pertinencia es inherente a una democracia moderna, como indicamos anteriormente.



Salvo que con ese argumento se quiera mantener unilateralmente y para siempre, el privilegio de algunos mandatarios o instituciones en la toma de decisiones respecto de las políticas públicas, sin la debida participación y control social; así como la exclusividad de su ingerencia en los llamados "asuntos de interés público". Salvo que queramos seguir ahondando la brecha entre el sistema político y una ciudadanía que cada día se aleja más y desconfía de éste. Los resultados están a la vista. Y valga la comparación: al igual que lo hace el modelo de desarrollo que tenemos, tan excluyente y concentrador de la riqueza y de los frutos del progreso, pareciera que no todos están dispuestos a compartir el poder con el "soberano" en el ámbito de lo público, más allá del discurso democratizador institucionalizado y de los esfuerzos gubernamentales realizados a la fecha. La costumbre, en este sentido, no es buena para nadie: es una mala costumbre.



También nos interesa que cada norma legal actual sea perfeccionada al máximo para lograr una participación ciudadana real en la gestión pública, así como para el fortalecimiento de la sociedad civil chilena. Esto es una condición ineludible. Lo primero no funciona sin lo otro y viceversa. Ello significa invertir en capital social para el desarrollo de una sociedad civil legitimada, organizada, autónoma, independiente y representativa interpares y en su relación con la administración del estado, especialmente en el ámbito del poder local. Exige superar en la práctica los actuales niveles de participación, tan reducida y muchas veces frustrante e ineficiente, cuando se establece y mantiene sólo en su primer nivel, el de información y consulta. Debemos avanzar progresivamente, sin prejuicios ni temores, hacia lo que realmente se debe entender y practicar como participación ciudadana en la gestión pública en una democracia moderna. Vale decir: la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación, seguimiento y control social de las políticas públicas.



Ese es el desafío y objetivo principal, lo que realmente debemos promover y respaldar, para llenar de ciudadanía la democracia que tenemos. En otras palabras, que en el proyecto de país con desarrollo político, económico, social y cultural afincado en la libertad y la gobernabilidad democrática estén todos los que creen en ellas y las hacen posible en la realidad nacional.



Es importante resaltar que, desde la perspectiva de los derechos, este proyecto de ley, el número 34, incluido en la llamada "Agenda Larga de Modernización del Estado", no es el único que puede y debe generar mejores niveles de participación ciudadana en la política, la gestión y los asuntos de interés público. Están el "Defensor de Pueblo", la "Ley del Consumidor", "Ley de Rentas II", en trámite parlamentario; la "Ley 19.880, de Procedimiento Administrativo y Derechos de las Personas", promulgada en mayo de 2003. A pesar de que algunos se están demorando demasiado en su trámite legislativo y no han estado exentos de dificultades y trabas para su promulgación, cada uno en su mérito, en la medida que se conviertan en ley de la república y se apliquen consecuentemente, fortalecerán el entramado de los derechos para una democracia mejor que la que tenemos.



Sin embargo, una de las "gracias" principales que tiene este inédito proyecto de ley de participación ciudadana, es que nos obliga a todos a actuar con la máxima responsabilidad social; interpela a todos quienes operan en las instituciones del estado de derecho, especialmente al parlamento... a compartir el poder, si queremos transitar de una democracia representativa a una democracia participativa y ciudadana.



Si los "institucionales" de todos los colores quieren mantener sus privilegios y la totalidad del poder o están dispuestos a compartirlo con el pueblo, para perfilar un país más justo y solidario. No sólo para el quintil más poderoso, el que las gana todas. Perdón, quise decir con la sociedad civil. Ese imperdonable ausente de las decisiones que afectan su destino y su futuro. Ese que sólo vota de vez en cuando. Ese al qué sólo se consulta e informa, como si fuera un niño de pecho. Ese que no sale en la "tele". Ese que ya no cree en la divina providencia ni menos en la teoría del chorreo.



Ese tan olvidado, necesario y formidable contrapeso del estado y del mercado que sólo pide inversión en cuanto "capital social acumulado", plural, disperso, diverso y todo; que sólo pide una oportunidad y los recursos necesarios para ejercer su cuota de responsabilidad social para cambiar el rumbo del desarrollo nacional, de la democracia y la calidad de la política: Ä„sólo tenemos que responder si estamos dispuestos a compartir el poder!







- (*1) "Declaración de Santa Cruz de la Sierra" de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Iberoamericanos. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 15 de Noviembre de 2003.
- (*2) Misión del actual Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil definida por su Consejo Provisorio.
_______________________



* Enrique Norambuena Aguilar es presidente nacional de UNPADE y secretario general de la Sociedad Civil de Chile.

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Más Noticias

Blogs y Opinión

Mercados

TV

Cultura + Ciudad

Deportes

Plan Individual

Anual:
$90.000
Semestral:
$40.000
Trimestral:
$20.000
Mensual:
$10.000

Plan Empresa

Anual:
$700.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 1.200.000)

Semestral:
$400.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 600.000)

Trimestral:
$200.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 300.000)

Mensual:
$80.000

Hasta 10 usuarios
(valor normal 100.000)