Grande ha sido la tormenta que desató el Ministerio de Salud, cuando a través del subsecretario de esa cartera, Antonio Infante, anunció a comienzos de esta semana la distribución de 400 mil dosis de la llamada píldora del día después, con el propósito de atender a mujeres violadas. Sólo bastará que la presunta víctima diga que fue violada, porque no se le exigirá ningún documento, ni examen que lo acredite.
La información entregada por el Subsecretario de Salud llamó de inmediato la atención, ya que en nuestro país las denuncias por violación no llegan a las 1.800 y, por lo demás, si a éstas se suman las violaciones no denunciadas, estas son a lo más unas ocho mil. ¿Cuál era la razón, entonces, de repartir esa cantidad tan grande de píldoras?
Recién al día siguiente, el subsecretario aclaró que se había equivocado en las cifras, al confundir los millones de pesos que costarían comprar las dosis, con el número de éstas y que, en realidad, eran sólo 35 mil dosis. Una cifra igualmente muy superior a la cantidad de violaciones, pero según las autoridades, la red asistencial debe contar con un stock «significativo y de resguardo».
Al parecer, se está convirtiendo en una costumbre del Gobierno el hacer importantes anuncios así, entre gallos y medianoche, cuando las consecuencias que medidas como éstas implican requieren de un debate profundo y que consideren la opinión de los diversos sectores del país. Además, el Minsal parece estar pasando a llevar ciertas normas, tales como la ley que obliga a los profesionales de la salud, que detecten signos de violación en menores de 14 años, a denunciarlos a la justicia. (En el caso de las jóvenes entre 14 y 18 años, la denuncia se hace con el previo permiso de la afectada).
Por otra parte, hay que recordar que hace un par de años la Corte Suprema prohibió la venta del fármaco Postinal por considerarla abortiva; por lo tanto, esta decisión debiera aplicarse al Postinol 2, que ahora será distribuida por Salud, ya que tiene exactamente los mismos componentes.
Así las cosas, no es raro pensar que lo que verdaderamente se esconde detrás de esta maniobra del Ministerio de Salud es evitar -como sostienen en el Gobierno- el aumento de los embarazos no deseados. Dicho de otra forma, lo que se estaría promoviendo es el aborto, amparados en que sea la propia persona afectada la que tome la decisión (o los padres o representantes legales en caso de que sean niños), «sin presiones y de acuerdo a sus propios valores y principios y no de quienes la atiendan».
Según el documento dado a conocer por el Ministerio, los establecimientos de Salud deben contar con mecanismos que eviten que las víctimas de violencia o abuso sexual sean atendidas por un profesional que tenga objeción de conciencia, respecto de estos procedimientos y, más aún, ordena que aquellos profesionales que «tienen valores, creencias o principios que le impidan indicar un tratamiento preventivo, como es la anticoncepción de emergencia», deben delegar la atención a otro profesional.
Dónde queda, entonces, la tolerancia y esa necesidad de debatir sobre los grandes temas de país de la que tanto habla el Presidente Lagos. Por qué esa actitud del Gobierno de implementar ciertas medidas sin oir otras opiniones. Lo que sucede es que no les interesa oir puntos de vista distintos a los suyos. Porque si así fuera, enfrentarían una serie de dificultades, a la hora de poner en marcha programas, como el que recientemente anunció Salud.
*Martita Fresno es investigadora de la Fundación Jaime Guzmán.
