Venta de gas boliviano a Argentina: ¿Un negocio redondo? - El Mostrador

Martes, 21 de noviembre de 2017 Actualizado a las 11:32

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Venta de gas boliviano a Argentina: ¿Un negocio redondo?

por 29 abril, 2004

El acuerdo de venta de gas firmado por los presidentes de Bolivia, Carlos Mesa, y Argentina, Néstor Kirchner, es, en términos comerciales, extremadamente simple y acotado, por cuanto involucra montos monetarios y volúmenes de exportación poco significativos y por un breve período de tiempo.



En términos políticos, es complejo: abre nuevos focos de tensión y revitaliza otros, le da argumentos a los movimientos sociales contestatarios bolivianos (COB, gremios, campesinos sin tierra, cocaleros, etc.), justifica su reacción apasionada, y, en última instancia, remite a algunos de los temas y desafíos más complejos y difíciles de resolver para Mesa, como son la propiedad de los recursos energéticos -más precisamente, la aspiración popular de retomar el control estatal de los mismos- y la modificación del marco legal vigente para obligar a las transnacionales del sector a pagar más impuestos.



Dentro de las múltiples interpretaciones y consecuencias políticas que cabe atribuir a este convenio, destaca como un serio error de cálculo la sobrevaloración que Mesa le atribuye al negocio con Argentina, por cuanto sus beneficios económicos de corto plazo (US$ 45 millones aproximadamente por 6 meses que dura el Acuerdo) no se comparan con las interrogantes y cuestionamientos políticos y sociales que abre y que, finalmente, remiten a su propia continuidad y su capacidad para sostenerse en el poder.



Ante todo, es válido cuestionarse sobre los alcances y motivaciones de la solidaridad que supuestamente promueve este acuerdo. Si se sigue la línea trazada por la política exterior boliviana, bajo la administración Mesa, toda acción en el campo vecinal apunta a la reivindicación marítima. Pero, especular con un mayor acercamiento o sintonía de Argentina con la histórica demanda boliviana, es forzar peligrosa e imprudentemente los alcances que impone este convenio, por lo que, para los promotores de la soberanía marítima, el acuerdo puede resultar hasta frustrante. Por lo demás, tras la firma del acuerdo, la relación bilateral con Chile entró en tensión y la posibilidad de siquiera sentarse a conversar sobre el tema es nula. El acuerdo ha exacerbado esta distancia, ha asentado las posiciones nacionales, anulando la posibilidad de diálogo, y ha alertado a la cancillería chilena sobre los próximos pasos de la diplomacia boliviana.



Además, resulta hasta contradictorio que un país pobre, con enormes problemas económicos y sociales, en crisis permanente, con una urgente necesidad de recursos frescos, entregue a precio preferencial uno de sus activos más importantes. ¿No bastaba con establecer un precio justo? ¿No era suficiente solidaridad la celeridad con que se alcanzó y se va a implementar el acuerdo? Y cómo se compatibiliza este acuerdo con las sucesivas políticas de austeridad, de recorte de gastos y disminución del aparato estatal -incluidos despidos de funcionarios- que ha debido implementar el gobierno.



Mesa ha basado su discurso en la cercanía con las demandas sociales, en el establecimiento de tres pilares fundamentales: Asamblea Constituyente, reforma a la Ley de Hidrocarburos y Referéndum Vinculante para el gas. De ellos los dos últimos pueden ser afectados por este convenio. De hecho, la mayor crítica de los movimientos sociales al convenio con Argentina parte de estos pilares, de la necesidad de, antes de exportar el gas, plantear la consulta popular sobre la propiedad de los recursos energéticos y de reformar y aumentar significativamente -de un 18 a un 50%- la carga impositiva sobre las petroleras. El convenio vulnera estas aspiraciones, se realiza a contrapelo de las reivindicaciones populares y, por tanto, se asienta sobre un apoyo frágil: si no demuestra a corto plazo su conveniencia va a ser desconocido por la sociedad organizada y este cuestionamiento se va a extender al gobierno.



Es cierto que Bolivia recibe recursos frescos que no estaban contemplados, que la decisión de exportar gas aún contra la voluntad popular puede ser interpretada como una señal de fortaleza, de autoridad e independencia frente a los movimientos sociales contestatarios y como una demostración de seriedad del gobierno frente a planteamientos y estrategias económicas "alternativas" poco ortodoxas y derechamente inviables. Pero, también es lógico preguntarse si lo hace a un precio justo, en armonía con lo que debería ser una estrategia comercial y exportadora coherente.



Qué pasa, por ejemplo, con Brasil. ¿Le va a bajar el precio? Las autoridades brasileñas pactaron un acuerdo mucho menos favorable de compra de gas boliviano, con un precio mínimo garantizado que se contradice con los bajos volúmenes de importación y con lo que Bolivia acordó con Argentina. Si el gobierno altiplánico no renegocia con Brasil su contrato puede ser interpretado como una práctica comercial discriminatoria ante un socio mucho más confiable, constante y cercano que Argentina. Si de solidaridad se trata, basta recordar el gesto brasileño que, no bien asumió Mesa, condonó el 90% de la deuda boliviana (US$ 50 millones).



Por último, ¿Tiene el gobierno boliviano la absoluta certeza que el contrato, y más precisamente el pago por los envíos de gas va a ser fielmente cumplido por su contraparte argentina? La conducta de las autoridades trasandinas, su postura frente a los acreedores privados, en las negociaciones con el FMI, y, sin ir más lejos, con Chile y la provisión de gas, dan cuenta de una tendencia permanente al incumplimiento, a emitir señales política internas en las que poco preocupa e incide, -por el contrario, habitualmente perjudica- el cumplimiento de sus compromisos contractuales.



Bajo ese prisma cabe también preguntarse si tiene el gobierno del Presidente Mesa la capacidad para presionar a Argentina y obligarla a respetar lo acordado. Si no la tiene y se cumplen los peores presagios, la reacción interna en Bolivia será dura e intransigente.



Esto da paso a otra interrogante aún más difícil de responder: qué garantiza que, bajo el actual esquema de inestabilidad y pérdida permanente de gobernabilidad, el gobierno boliviano esté en condiciones de sostener un acuerdo impopular y cumplir con lo pactado. Un brusco empeoramiento del escenario político-social perfectamente puede indisponer al gobierno altiplánico para cumplir con su compromiso.



A fin de cuentas, se trata de un acuerdo entre dos gobiernos que se juegan permanentemente su continuidad y respaldo ciudadano, cuyas decisiones están en muchos sentidos dominadas por esta condicionalidad, impregnadas de una urgencia que inhabilita políticas de largo plazo. Bajo ese prisma a nadie puede extrañar, y menos a ninguno de los actores de este acuerdo, si la contraparte, bajo el sobrexpuesto argumento de los intereses nacionales, decide incumplir el convenio. Esta eventualidad forma parte de las reglas del juego que ellos mismos se han dado a respetar (y romper).

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