El problema de la basura no termina. La semana pasada, el Sesma autorizó al relleno Santa Marta aumentar la cantidad de basura recibida y pactar libremente con los municipios, lo que abre la puerta para el alza de tarifas. Las comunidades locales están atentas a las posibles crisis que vengan con las lluvias de invierno. Nadie cree que exista un manejo ambiental adecuado. De hecho, desde hace 2 años que aún no se cumplen las exigencias sanitarias. En tanto, en el relleno de Rinconada de Maipú prevalecen problemas similares.
Pero la crisis es incluso más profunda. Si bien la cobertura de recolección de residuos domésticos en el país es cercana al 100%, más del 20 por ciento se dispone de manera ilegal en vertederos que no cumplen con las exigencias técnicas necesarias. Del total de vertederos existentes (246), sólo 72 cuentan con la respectiva autorización sanitaria.
Se calcula que en la Región Metropolitana existen unos 77 vertederos ilegales, los que carecen de control y con el tiempo se transforman en focos de infección y enfermedad, contaminando cursos de aguas superficiales y subterráneas a través de los líquidos percolados.
La pregunta es por qué no existe una solución integral a un tema que genera problemas sociales, ambientales y que perjudica la imagen de país. La razón, a nuestro juicio, se centra en una institucionalidad regulatoria inadecuada. En Chile, el manejo de residuos sólidos está regulado por un conjunto heterogéneo de leyes, reglamentos y disposiciones.
Los principales organismos responsables son los municipios. La Ley Orgánica les otorga la responsabilidad de la gestión y manejo de la basura, pero a su vez hace imposible exigir un cobro adecuado a los habitantes de las comunas por el servicio. A pesar de algunas modificaciones legales para captar mayores recursos, actualmente las municipalidades asumen gran parte del costo de la gestión de la basura.
Como los recursos de las comunas son escasos, en la práctica los alcaldes deben optar entre gastos como educación o infraestructura comunal -que son públicamente más visibles- en vez de una gestión ambiental adecuada de la basura, que sólo hace noticia una vez producida la crisis sanitaria.
Todo esto podría evitarse si la responsabilidad del manejo de la basura pasara a manos de los gobiernos regionales, que cuentan con más capacidades técnicas y económicas para resolver esta clase de conflictos. Se necesita voluntad política para reestructurar la actual institucionalidad que asegure un manejo eficaz de los residuos sólidos domiciliarios.
La reforma institucional debe ir de la mano con la generación de mecanismos para una ubicación óptima del relleno. Es necesario establecer una reglamentación adecuada de los lugares de disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios, coordinado con los respectivos planes reguladores metropolitanos y comunales y que no sea alterada por presiones políticas o económicas coyunturales.
También es importante incorporar mecanismos de compensaciones económicas. En general, la ubicación de cualquier proyecto genera impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de la población. En el caso específico de los rellenos sanitarios y estaciones de transferencias, éstos impactan de manera importante las comunidades en que se ubican, por la desvalorización económica de sus propiedades y por los posibles riesgos para la salud y contaminación del medio ambiente.
Finalmente, se deben generar mecanismos que permitan un seguimiento y control efectivo de los operadores de los rellenos. En el marco de la discusión de modificación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, es fundamental introducir la figura de Síndico Ambiental. La idea es que en aquellos proyectos que reiteradamente no cumplen la normativa, un juez designe, a petición de la COREMA o de la CONAMA, un interventor que adopte las medidas necesarias para resolver los problemas operativos del proyecto infractor. Esto habría resuelto mucho de los problemas de Santa Marta.
Ya es el momento de reformar el sistema de gestión de la basura de forma integral. De otra manera, los conflictos ambientales, sociales y económicos seguirán aumentando.
*Rodrigo Pizarro es director ejecutivo de la Fundación Terram.
