Durante la semana pasada, equipos técnicos de la oposición y del Ministerio de Hacienda han estado buscando alcanzar un acuerdo para destrabar una serie de aspectos del proyecto de ley conocido como de Reforma al Mercado de Capitales II, antes de que la iniciativa pase a la sala de la Cámara de Diputados.
Siendo ésta una semana distrital, se espera que un análisis técnico, despartidizado, para no decir, despolitizado, logre poner de acuerdo, en este orden, a los especialistas de diversos orígenes que están trabajando en el acuerdo y así dar pasos seguros hacia un posterior consenso parlamentario en las alrededor de 40 indicaciones al proyecto, que han sido planteadas por la oposición en su discusión en el Congreso.
La meta de este proceso es llegar a votar la propuesta durante la primera semana de mayo, sin que haya necesidad de que el Gobierno le ponga urgencia al mismo. En todo caso, en su vuelta desde la comisión a la sala, la oposición podría igual reponer ciertas indicaciones, si es que durante los presentes estudios no se consiguieran los acuerdos técnicos pertinentes.
En efecto, dentro de las indicaciones de los diputados opositores destacan las referidas a las facultades que el proyecto del Ejecutivo le otorga a las superintendencias respectivas, para autorizar licencias a nuevos actores de este mercado, las que, a su juicio, tienden a aumentar la discrecionalidad de la autoridad, así como otra serie de normativas propuestas para regular a las casas comerciales que emiten tarjetas.
La metodología aplicada para destrabar este proyecto, largamente esperado por el sector financiero, tras la dictación de las normas de la denominada Reforma del Mercado de Capitales I, ha despertado, empero, ciertas suspicacias por parte de parlamentarios oficialistas, quienes han declarado que los acuerdos de la comisión respectiva, incluido el trabajo de grupos de especialistas del Ministerio de Hacienda, Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán, no son vinculantes, pues una es la discusión parlamentaria, y la otra, la extraparlamentaria.
Sin embargo, un consenso en lo técnico puede permitir un avance más rápido a la hora de la discusión de las indicaciones en el Congreso, en particular si tales coincidencias responden a criterios que permitan no sólo destrabar las actuales diferencias, sino, además, reflejar equilibrada y efectivamente los requerimientos de la industria y sus clientes, es decir, la comunidad consumidora y emprendedora del país.
No cabe duda que la puesta en práctica de las normas contenidas en el proyecto del Ejecutivo posibilitará al sector financiero dar un salto cualitativo, respecto de sus actuales límites, hecho que, a su turno, favorecerá el desarrollo de sectores productivos que hoy requieren de un mayor apoyo, pero que, dado el presente marco jurídico, se ven imposibilitados de aquello.
Por de pronto, los incentivos para la creación de una industria de capital de riesgo que permita el financiamiento de miles de proyectos de mediano o pequeño tamaño, con arreglo a sus perspectivas de mercado, incentivando la participación de inversionistas institucionales en el desarrollo de esta industria -con apoyo de CORFO y el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN)- podría ser una poderosa herramienta de estímulo a la creatividad, empresarización de sectores medios profesionales y creación de miles de empleos de alto nivel.
Los mecanismos propuestos en el proyecto son ingeniosos e implican una dilución del riesgo, haciendo, además, carne la alianza privados-Estado que tan buenos resultados ha tenido en otras áreas de la economía.
Su complemento con incentivos tributarios, la reducción de costos de transacción y contratación de comercial sofisticada y la profundización de las reformas de perfeccionamiento de los gobiernos corporativos, que otorgan una mayor flexibilidad en esta área, son modificaciones sustantivas para otorgar más dinamismo a la organización de emprendimientos diversos, respecto de los cuales los profesionales chilenos tienen la capacidad de innovación de sobra, pero que están topando en la necesidad de urgente puesta al día de legislación financiera, de modo de permitirles abordar de manera efectiva y eficiente los desafíos del desarrollo que nuestro país tiene en los mercados mundiales.
*Roberto Meza A. es periodista.
