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El poder de un juez de instrucción y los excesos con la prensa

por 5 mayo, 2004

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La incautación de computadores que afectó a El Mostrador.cl es una expresión muy clara del poder excesivo con que cuenta un juez de instrucción en Chile. Se trata de un funcionario, que actúa en el contexto de un expediente secreto y, por lo tanto, los fundamentos de sus decisiones no son conocidos y no pueden ser objeto de crítica, aunque ordene a la policía ingresar en un recinto privado, retirar computadores pertenecientes a personas que no están imputadas de delito alguno y clonar la información contenida en ellos, la que incluye información privada no vinculada en modo alguno al caso que se investiga, y parte de la cual incluye muy probablemente datos que están protegidos por reglas de secreto profesional, que la reciente ley de prensa ha reconocido explícitamente.



Los afectados, por su parte, periodistas que cumplen una función pública de control del ejercicio del poder, no tienen cómo saber cual será el destino de la información incautada.



Suena anacrónico y lo es, y eso se debe a que la figura del juez de instrucción corresponde a una concepción institucional muy antigua, que no contemplaba la existencia de un sistema de libertades, como las que hoy pretendemos ejercer en un sistema democrático moderno. La verdad es que el juez tiene todavía bastante más poder que ese: puede disponer de nuestra libertad y privar de su libertad a un ciudadano por tiempo indefinido, entregándole un mínimo de información y sin tener que darle mayores opciones de defenderse. Normalmente esto no nos llama la atención, debido a que quienes diariamente son objeto de este tipo de procedimientos son personas con muy poca capacidad para hacer oir sus reclamos.



La buena noticia es que se trata de un modelo que está desapareciendo. El avance a todo el país de la reforma procesal penal supone la supresión de ese mecanismo de persecución penal y su reemplazo por fiscales que no pueden afectar las libertades personales sin pasar por el control de un juez completamente desvinculado de la tarea de investigar los delitos y frente al cual el defensor también puede hacer valer sus argumentos en condiciones de igualdad. Es mas, en esta materia concreta el nuevo sistema prohíbe específicamente la incautación, ni aun con orden judicial, de cualquier documento que de cuenta de informaciones protegidas por el secreto profesional.



Lo que sorprende es que en un contexto social en que las libertades son tan valoradas por los ciudadanos, algunos jueces sigan manifestándose tan insensibles frente a ellas. Porque si bien es cierto que la jueza puede sostener que tiene facultades para hacer lo que hizo, también es cierto que hay leyes y sobre todo principios jurídicos que reconocen cada día con más fuerza la importancia de un periodismo independiente y que ponen en el centro del sistema legal a las libertades individuales.





*Cristian Riego es abogado y director del Programa de Justicia Criminal de la Universidad Diego Portales.

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