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¿Derecho a la vida?

por 10 mayo, 2004

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Los conflictos suelen sacarnos de las rutinas y conmovernos. Enfrentarnos a opciones y decisiones difíciles nos despierta de la modorra cotidiana en que tomamos como dada la normalidad, como si ésta no fuera una construcción que puede, por comisión u omisión, alterarse. Tal y cual como la enfermedad que nos lleva a tomar conciencia y valorar la salud o como un dolor de cabeza que nos recuerda que la tenemos, los conflictos y los momentos cruciales en que debemos optar nos enseñan que la "normalidad" la construimos socialmente y a todos nos cabe responsabilidad.



Por legítimo que pueda ser el debate acerca del uso de la llamada "píldora del día después" en el caso de mujeres víctimas de violación, hay límites. Y sin duda, el más importante de ellos es la credibilidad de quienes están detrás de los argumentos.



No puede sorprender a nadie que la iglesia católica se levante en contra del uso de la píldora, aún si se pudiera demostrar, como muchos estudios científicos lo hacen, que este fármaco no es abortivo. Simplemente, porque la iglesia está en contra de cualquier forma de anticoncepción que no sea la alternativa natural, es decir, la abstinencia. No nos sorprende, pero sin duda le pone una nota de inconsistencia a su postura, pues en definitiva su llamado a respetar la vida como obra de Dios incluye, para muchos casos, la muerte. Lo es contraer el SIDA por negativa al uso del condón, exigiendo una abstinencia ideal que, se sabe, casi nadie cumple. Como lo es su negativa al aborto terapéutico en que corre riesgo de vida una de las dos personas en juego, la madre que puede seguir engendrando otras vidas o su hijo por nacer. Como lo es su rechazo a negarle el uso de la píldora a una mujer que, después de haber sido violada, deberá enfrentar, eventualmente, un embarazo y un hijo que le recordará por siempre la agresión sufrida, en una lenta muerte interior. Con alta probabilidad, ese hijo también será víctima.



Tampoco es de sorprender que representantes de la derecha conservadora de este país estén, al igual que la iglesia, en contra de una píldora a la que atribuyen poder abortivo, aún cuando hay más evidencias en contrario que a favor de esa tesis. También en este caso surge la incoherencia de tal postura, pues ninguna de esas voces ha sido escuchada en todos estos años abordando el problema real del aborto en Chile que -por difícil que sea verificar estas cifras- se estima en torno de los ciento cincuenta mil anuales. Con prácticas clandestinas y riesgosas para las mujeres que toman esa decisión, estos millares de abortos esconden dramas de los que la derecha de este país hace caso omiso. Pobreza y discriminación, por mencionar las causas habituales -sin duda, no las únicas- que llevan a tan difícil opción en una mujer. Si tanto se defiende el derecho a la vida ¿ciento cincuenta mil abortos anuales no debería ser una potente voz de alarma para conmover a tanto defensor de los derechos humanos en una lucha frontal contra las desigualdades sociales y económicas que vive nuestra sociedad?



Pero lo que sí provoca, más que sorpresa, irritación, es escuchar a quien fuera representante de la dictadura militar ante Naciones Unidas que, con su conocida intervención negando la existencia de desapariciones y violaciones a los derechos humanos, amparó la tortura y la muerte en Chile, tenga la osadía de plantear públicamente su rechazo al uso de la "píldora del día después" porque atenta contra la vida.



De no haber mediado este sustantivo debate que pone en discusión -a propósito de la iniciativa gubernamental de proveer igualdad de oportunidades a todas las mujeres para que libremente puedan elegir- los valores fundamentales que protegen los derechos de toda la ciudadanía, muchos de nosotros hubiéramos seguido asumiendo como perfectamente normal que quien fuera cara pública y representante de una dictadura que atentó contra vidas humanas de manera sistemática con todo el poder del estado, presida un partido, Renovación Nacional, que pretende constituirse en imagen de la derecha más democrática y liberal de este país.







*Clarisa Hardy es directora ejecutiva de la Fundación Chile 21.

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