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Análisis crítico del royalty del Gobierno y la distorsión del mercado III


Si se aprueba el royalty del gobierno, por ser muy pequeño, y por aplicarse efectivamente en algunos años más, será una continuación del incentivo para generar otro periodo de sobreproducción mundial, como la generada desde Chile desde mediados de la década de los 90, hasta el tercer trimestre del 2003.



Por varios años los precios fueron los más bajos en un siglo en circunstancias que la demanda mundial crecía más que en quinquenios anteriores. El precio del cobre ha bajado en los últimos días desde 143,8 a menos de 120 centavos de dólar la libra el lunes 10 de mayo. La disminución de precios podría estar relacionada con el hecho de que los agentes del mercado estiman que el royalty en Chile será muy pequeño, lo que incentivará aún más los grandes aumentos de la producción que en Chile- como principal productor mundial-, ya estaban ejecutándose para este y los próximos años.



La propuesta tiene el mérito de dejar claramente establecido que el royalty es un derecho y no un impuesto. En efecto, así como a los trabajadores se les remunera con sueldos y salarios, y el capital tiene derecho de captar ganancias e intereses, el royalty es el derecho a la renta minera que debe ser pagada a los propietarios del recurso.



La renta minera o royalty es una categoría económica cualitativamente diferente al impuesto. Sin embargo, los empresarios, los economistas ligados a las empresas y dirigentes políticos se refieren al royalty en todas sus intervenciones mencionándolo como un impuesto. Lo anterior es el tema central de la Primera Parte de esta serie de documentos. Allí señalamos también que si Chile no capta lo que corresponde y no cobra la renta minera, esto se transforma en un gran subsidio, que incentiva la sobreproducción mundial distorsionando el mercado mundial del cobre, ocasionando una drástica caída de los precios. Así sucedió con el derrumbe de precios desde Julio de 1995 a Septiembre del 2003.



Por eso es importante que el Ministro Eyzaguirre haya afirmado al presentar la propuesta del gobierno lo siguiente: «En este caso, lo que se está estructurando es un cobro por el mineral que se está extrayendo, que como la Constitución lo establece, pertenece al Estado y a través del Estado a todos los chilenos».



El royalty o renta minera, es un derecho que está establecido en la Constitución donde se afirma claramente que: «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas».

Sin embargo, la propuesta es muy insuficiente.. La insuficiencias que se desprenden de las declaraciones -no hay un documento aún-se refieren a: cuánto captar; a quién se aplicará; cuándo se aplicará; y, cómo se aplicará. Desarrollaremos sólo algunos aspectos que nos permiten concluir que no se corrige la distorsión del mercado mundial de cobre. Y es más, la distorsión se seguirá manifestando con disminuciones de precios por períodos más o menos prolongados afectando seriamente a Chile como sucedió, según hemos señalado de mediados de 1995 hasta septiembre del 2003. En la Segunda Parte de esta serie de documentos, analizamos las pérdidas para Chile, mostrando que el valor total de las exportaciones de cobre disminuyó a pesar de que las cantidades exportadas se habían incrementado en cerca del 100%.



En la propuesta del gobierno en relación a cuánto se captará, se propone aplicar un royalty entre 0 % y 3% que rendirá 100 millones de dólares, a partir del 2007, si la propuesta se aprueba ahora. Esta cantidad es mínima ya que es menor a lo que rinde un centavo de dólar adicional en el promedio anual del precio del cobre, que para Chile significa 110 millones de dólares en las exportaciones de cobre.



El precio del cobre este año puede llegar a 130 centavos de dólar la libra o más, si Chile no genera de nuevo una sobreproducción. Es decir, 50 centavos más que el precio del 2003 que fue de 80 centavos. Por lo tanto, los 50 centavos de dólar adicionales, incrementarán el valor de las exportaciones de cobre en 5.500 millones de dólares.



De este incremento, las empresas privadas obtendrían este año, 4.000 millones de dólares adicionales por sus exportaciones. Estos ingresos adicionales, debido en gran medida al aumento de precios, se transformarán en su totalidad en ganancias de las empresas privadas.



Las empresas privadas ya obtenían grandes ganancias a los precios de 80 centavos de dólar la libra de cobre. Por lo tanto, las ganancias operacionales totales de las empresas privadas, con los aumentos de precios de este año, llegarán a una cifra superior a los 5.200 millones de dólares, lo que equivale a 52 veces el royalty del gobierno.



Recordamos que el propio Ministro Eyzaguirre afirmó: «Con un cobre a US$1,35 (las empresas) van a tener utilidades enormes. ¿Qué van a pensar los chilenos si (las empresas) tienen utilidades enormes, que las remiten todas al exterior y que no pagan ni un solo peso de impuestos?». (El Mercurio, 19 de febrero de 2004).



Se ha reconocido ampliamente que el incremento del precio se debe en gran medida a la disminución de la producción desde Chile y al stock regulador que formó Codelco, que permitió absorber la sobreproducción mundial de cobre, que desde Chile habían creado las empresas extranjeras. También ha jugado su papel el incremento adicional de la demanda de cobre desde China.



Las grandes utilidades de las empresas privadas incrementadas por la adecuación de la oferta, particularmente desde Chile, en relación a la demanda mundial, les permitirá obtener ganancias en este año 2004, equivalentes al financiamiento de 13 ‘Planes Auge’ o equivalentes a 130 Hospitales con tecnología de punta, como el ‘Hospital San José’, de Santiago. El financiamiento adicional del ‘Plan Auge’ es de 400 millones de dólares anuales y el valor del ‘Hospital San José’, es de 40 millones de dólares según se informó en su inauguración.



El royalty del gobierno, comparado internacionalmente, es también extraordinariamente pequeño. Tanto en Canadá como en Estados Unidos, las empresas además de pagar impuestos elevados a las ganancias, pagan como renta minera royalties de 8% a 12% en Canadá, y de 12% en promedio en Estados Unidos. En Chile, en promedio, el royalty estaría en torno al 1% .



Además, en Chile el royalty o renta minera debería ser mayor al de Estados Unidos y al de Canadá, dado que los yacimientos chilenos son más ricos, porque tienen leyes del mineral más elevadas y una serie de otras condiciones mucho más favorables.



Como Chile es lejos el principal productor mundial de cobre, si no capta la renta minera o royalty y los niveles de impuestos que correspondan, como hemos dicho, Chile entrega un subsidio que incentiva la sobreproducción que distorsiona el mercado mundial del cobre derrumbando los precios.



También la aprobación de la propuesta del gobierno podría constituirse en un incentivo que lleve a que los precios se mantengan muy por debajo de los precios de equilibrio de largo plazo, que deben haber aumentado considerablemente con la demanda espectacular de China y de otros países de reciente desarrollo, que han provocado un cambio cualitativo del mercado mundial del cobre.



Adicionalmente, si el royalty o renta minera se aplica sobre las ventas, que están determinadas por las cantidades exportadas y por los precios, se constituye en un elemento que incentiva a que las empresas promuevan la disminución de los precios. Entregando el cobre chileno a precios bajos a sus filiales en otros países que lo usan como materia prima. La renta minera o royalty debe incorporarse como uno de los componentes de los costos de las empresas, de tal manera que se manifieste en una elevación del precio internacional del cobre que lo lleve al precio de equilibrio que considera los diferentes componentes de la oferta y de la demanda. Los incentivos a la distorsión del mercado, es lo más grave de la propuesta del gobierno y por ello debe ser modificada.



Las regiones mineras de Chile y la sociedad chilena deben exigir que el problema de la renta minera y los destinos del cobre, principal riqueza básica del país sea un tema de la campaña presidencial, aún si se aprueba el royalty propuesto por el gobierno.



*Orlando Caputo es economista de la Universidad de Chile, director del Centro de Estudios sobre Trasnacionalización, Economía y Sociedad (Cetes), y ex gerente general de Codelco.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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