Si las decisiones adoptadas en materia de política exterior, en relación con la reivindicación marítima, se produjeran en un contexto distinto a la globalización, el tema se mantendría en el plano estrictamente bilateral. que caracterizó a los reclamos del siglo XX. Sin embargo, hoy precisamente en el marco de un mundo más global, las decisiones en política exterior repercuten de manera diferenciada en las regiones involucradas.
En opinión de los expertos, en los últimos años, la dinámica internacional se estructura sobre la base de la expansión del sistema democrático en el mundo capitalista, la generación y distribución de la riqueza y la globalización comunicacional. Sin embargo, el sistema internacional no es hoy más pacífico, ni registra cualitativamente menores niveles de violencia. Menos aún cuando se trata de Estados con elevados niveles de desigualdad económica interna, fundamento principal de la reducción de los márgenes de gobernabilidad de numerosos Estados, en los casos de pobreza extremos, como es el caso de Bolivia. (Bartolomé, 1999)
En ese contexto, la pregunta de estos nuevos tiempos es si a partir del deterioro de los niveles de gobernabilidad en Bolivia, se podrían producir impactos no esperados en Chile. Como es ya conocido, en el caso de Chile y Bolivia, se observa un círculo vicioso de descalificaciones, con relación a la reivindicación marítima con múltiples consecuencias. No obstante, en qué medida este problema puede afectar a la parte norte de Chile, la más cercana geográficamente a Chile.
Caracterizado como un conflicto intermitente, radicalizado sólo en las fases críticas de la economía boliviana, ha estado siempre vigente. Sin embargo, el nuevo siglo ha abierto un impasse de contradictorias y ampliadas dimensiones, durante la presidencia de Ricardo Lagos, que obliga a observar el asunto desde la perspectiva de los nuevos actores en la escena internacional: la sociedad civil y los grupos de interés.
Este nuevo episodio de las relaciones chileno bolivianas, no parece ser por los entendidos del tema, otra «bravata» de Bolivia, sino más bien un mecanismo de presión definitivo de las autoridades paceñas, con relación al tema marítimo, en el que también han intervenido toda clase de interlocutores de la sociedad civil. Además, inéditamente se conecta con las últimas declaraciones hemisféricas, concretamente con la última reunión en México de la Conferencia Especial de Seguridad, realizada a fines de octubre del 2003, la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de Santa Cruz de la Sierra, efectuada dos semanas más tarde y los incidentes acaecidos durante el desarrollo de las conclusiones de la Cumbre Extraordinaria de Monterrey, la segunda semana de enero del 2004.
En este nuevo ambiente de debate internacional, los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron un concepto «multidimensional» de la seguridad hemisférica, que reconoce a la pobreza como una amenaza a las democracias de la región.
En ese contexto, la Conferencia expresaba en sus conclusiones que a la antigua amenaza «militar y externa» emergente de la Guerra Fría se suman, además de la pobreza, la violencia, las drogas y la corrupción. Los cancilleres participantes de la CES, subrayaron que para contribuir a la seguridad hemisférica se debe poner mayor acento en lograr un mejor desarrollo, puesto que los peligros para la democracia son la pobreza, la falta de empleo, de justicia y de equidad en el comercio internacional.
Así como Colombia había llevado a la mencionada Conferencia una propuesta para lograr ayuda económica y política destinada a forzar a los grupos armados ilegales a acogerse a un proceso de paz, logrando que los países de la OEA emitieran una declaración expresando su «solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia en su lucha contra el terrorismo y otras amenazas desestabilizadoras, en defensa de la democracia y en la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto», el canciller boliviano, Juan Ignacio Siles de Bolivia, matizó la discusión en forma urgente para el caso de su país. Por ello, puntualizó en su intervención ante la Conferencia, que «es evidente que la crisis vivida en Bolivia ha marcado una nueva agenda en nuestra visión sobre seguridad y -que- la violencia que se registró no se puede atribuir a una sola causa, porque fue producto de una crisis de esperanza que tiene que ver con el débil desempeño de la aplicación de las reformas». Enfatizó que la pobreza endémica y el enclaustramiento geográfico suponen serias amenazas para la seguridad de Bolivia y la región. ¿A qué tipo de seguridad alude la Cancillería boliviana? ¿Cómo le puede afectar a la región norte de Chile un clima de inestabilidad adverso a nuestro país?
Se ha argumentado que si estas declaraciones y otras similares realizadas, posteriormente, por el Presidente Carlos Mesa se fundamentan en alguna lógica que permita reconocer la necesidad que Chile retome en la agenda de su política exterior el tema marítimo.
Merced de lo anterior, se explica que «la superación de la pobreza requiere de la aplicación de políticas integrales y desarrolladas por el Estado con la participación de todos los sectores de la sociedad, siendo el crecimiento económico una condición necesaria pero no suficiente para promover una mejor calidad de vida, superar la pobreza y eliminar la exclusión social.»
Por estos motivos, los Jefes de Estado señalaban que era «nuestra voluntad de reforzar las políticas y estrategias orientadas a luchar contra la pobreza y las causas que la originan, que hagan posible establecer condiciones de mayor inclusión social y expresamos nuestro convencimiento de que el mayor ejercicio de los derechos ciudadanos, la promoción de la equidad y la justicia social y la plena participación en la toma de decisiones sobre todos los asuntos de la vida nacional serán factores determinantes para el desarrollo de nuestras sociedades y para el afianzamiento de la gobernabilidad y la estabilidad democráticas.»
En ese sentido, la Declaración de Nuevo León (13/01/04) no escapa, pese a tratarse de otro foro internacional, de la «nueva agenda de discusión latinoamericana», al enfatizar que «el bienestar de nuestros pueblos requiere el logro de tres objetivos estrechamente vinculados e interdependientes: crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática, con la salvedad de que uno de los aspectos para alcanzar un crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza sea comprometer también la transformación cualitativa de la administración pública a través de su modernización, simplificación, descentralización, transparencia y redoblar los esfuerzos para mejorar el clima de inversión en nuestros países y promoviendo la responsabilidad social de las empresas. Suscrita por el Presidente Lagos, estas declaraciones colocan a Chile con un marco de responsabilidad adicional en lo que su vecino Bolivia se refiere.
En apoyo al compromiso con el Consenso de Monterrey, adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en 2002, la Cumbre de las Américas de Monterrey ha remarcado el hecho que cada país sea el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través de políticas racionales, buen gobierno y el estado de derecho.
Contradictoriamente, estas declaraciones se ven menoscabadas por la efectividad de los estados latinoamericanos para ponerlas en práctica. En efecto, en el otro extremo del análisis están los argumentos del absurdo deterioro de unas relaciones transfronterizas y de la necesidad de revisar el problema de acuerdo a los intereses regionales, directamente afectados por las decisiones que se adoptan en el marco constitucional de ambos países. En ese aspecto, el punto esencial del debate se vincula con la creciente importancia económica y política de la intervinculación de las regiones de distintos países, de acuerdo al principio de subsidiariedad en materia específicamente territorial, máxime si se trata de áreas postergadas y deprimidas, como es el caso de la región del norte chileno y occidente boliviano.
Una nueva tendencia hacia una cultura de integración, es la que subyace a una mirada nacionalista y centralista de las relaciones, en la que el fin último es un camino hacia la convergencia económica, pero sobre todo cultural que dé paso a una disminución de los desequilibrios regionales. Por ello, y tal como lo ha referido el propio Carlos Martínez Sotomayor ( 2002), el avance de la integración se perfila ambicioso. Los corredores bioceánicos, así como el desgravamen progresivo del comercio, constituirían una primera etapa que debería conducir hacia una nueva forma de mirar el histórico espacio «sur peruano» (Sempat Assadourian) y que restaría conflictividad a la mediterraneidad boliviana.
No obstante, el mayor escollo de esta perspectiva radica en la forma en que se conduce constitucionalmente, la política exterior en Chile y Bolivia: esto es desde la toma de decisiones desde los poderes ejecutivos/contra mecanismos de cooperación horizontal, que evitan la construcción de lo que Karl Deutsch ha dado en llamar «comunidades de seguridad», que proporcionan un sentido de comunidad.
Por todo ello, la función moral y a la vez, político/económica de la «paradiplomacia» debería convertirse en la línea de conducción de las relaciones transfronterizas, lo cual mitigaría la conflictiva conducción de la política exterior, en este caso de Chile y Bolivia. Con ello, la cooperación y la integración se convertirían en el soporte de estas regiones para su ingreso en el nuevo orden mundial. Esta nueva filosofía de frontera apunta a la eliminación de barreras y restricciones y por ende, a una búsqueda común de mercados y relaciones en un contexto donde aparecen las convergencias y retroceden las rivalidades.
La pregunta que se desprende de este nuevo enfoque es si es posible construir esta forma de relacionamiento dado el actual contenido de las definiciones del Tratado de Paz y Amistad suscrito por Bolivia y Chile en 1904, y si más bien, no sería útil y oportuno, establecer una nueva forma de relaciones en la que -en el caso de Chile- la Primera Región tuviera algún protagonismo. ¿Es útil el cambio de estrategia? ¿De qué manera se beneficiaría la cancillería chilena de este cambio? Efectuar un análisis de impacto, desde el espacio mismo de la controversia y rescatar constructivamente los aspectos de seguridad regional vinculados con la problemática internacional entre los dos países es una tarea pendiente para la que se debe formular una pauta mínima de trabajo con luces innovadoras motivadas por valores que involucren una planificación de mediano y largo plazo.
2.- La pregunta de rigor en este sentido es si dado el marco de definición de los temas de pobreza en una agenda «multidimensional», es posible debatirlo sólo en el marco de las relaciones bilaterales o si bien, entramos peligrosamente en el ámbito de solucionar el tema de la pobreza en un contexto hemisférico, donde todas las naciones habrían de actuar coordinadamente.
3.- La Razón, La Paz 29/10/2003
4.- Declaración de Santa Cruz de la Sierra. «La inclusión social, motor del desarrollo de la Comunidad Iberoamericana». Véase en: http://www.cumbreiberoamericanabolivia.com
5.- Véase en http://www. summit-americas.org
*Loreto Corres es investigadora del Instituto de Estudios Avanzados, de la Universidad de Santiago de Chile.
