A meses de que se desarrollen las elecciones municipales en el país, el último Informe Global de Corrupción 2004 de Transparencia Internacional (TI), formuló al gobierno chileno una serie de reparos sobre la nueva Ley de Financiamiento Electoral y le recomendó cumplir con estándares mundiales referentes a este tema.
La ley representa un avance significativo, ya que hasta ahora en nuestro país no existía una norma que limitara la inversión en campañas electorales, algo que Andrés Allamand llamó, en su momento, la «caja negra» de la política chilena. Pero el informe cuestiona en la nueva legislación la ausencia de sanciones a los candidatos y partidos políticos que excedan los límites de gastos autorizados, la falta de recursos asignados al Servicio Electoral para fiscalizar y la mantención de las donaciones anónimas.
Es decir, la nueva ley sigue sin favorecer una situación de mayor transparencia en la relación entre dinero y política.
La experiencia internacional muestra una tendencia que va desde regímenes de financiamiento privado anónimo hacia regímenes donde la ciudadanía conoce la procedencia de los fondos para cada candidato. Pero en el caso chileno al menos en un 30% de las donaciones no se sabrá la procedencia de dichos montos, ya que la ley establece la categoría de donaciones anónimas.
Junto a esto la ley no especifica mecanismos de fiscalización concretos con que el Servicio Electoral pueda realizar el control de las cuentas. Pero lo más singular, es que el proyecto promulgado el 5 de agosto del 2003 no establece sanciones para los que se exceden en sus gastos electorales, eliminándose así el mecanismo que podría garantizar que los candidatos no infringieran la ley.
Esto nos lleva a que sigan vigentes aspectos que están como telón de fondo y que tienen que ver con la ingerencia del dinero en la política y en el rol que juegan las empresas privadas en el financiamiento de las campañas. Por ello creemos que se debe mejorara la actual legislación y regular también el potencial conflicto de intereses que se genera entre la labor legislativa y la actividad privada. Lo que quedó de manifiesto y de manera muy clara cuando el senador Adolfo Zaldívar fue cuestionado por participar en la votación de la Ley Corta de Pesca, siendo que debería haberse inhabilitado por estar vinculado a empresas pesqueras y grupos económicos del sector.
*Marcel Claude es director de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica.
