Siguiendo los pasos de Gianni López, la nueva directora de la Conama, Paulina Saball, puso entre sus principales metas sacar adelante uno de los proyectos estrella en materia medioambiental impulsados por el Gobierno: la Ley Bonos de Descontaminación. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil, ya que este proyecto no genera consenso entre los parlamentarios de la Concertación. Por esta razón, desde abril Saball ha mantenido una serie de conversaciones con las comisiones del medioambiente de los partidos políticos de la alianza de Gobierno.
La iniciativa pretende establecer un mercado virtual del aire, donde se vendan y compren bonos que permitirán reducir las emisiones de las industrias, proyectos inmobiliarios, rellenos sanitarios, mirobuses, furgones escolares, taxis y, en una segunda etapa, autos particulares y chimeneas.
La idea principal del Gobierno y de la Conama es cambiar la actual modalidad en materia de contaminación (imposición de restricciones y/o congelamiento a las diferentes actividades que se instalan en la capital) por la máxima de que «el que contamina, paga». Con esta iniciativa y el nuevo plan de transporte público, Transantiago, las autoridades ambientales y de Gobierno esperan terminar con las preemergencias en el año 2005.
Para la Conama, las principales ventajas de este sistema son la mayor flexibilidad y los menores costos que tendrán las fuentes contaminantes móviles y fijas para alcanzar las metas ambientales, ya que permitirá una adaptación gradual de las fuentes a las nuevas tecnologías. Además, subraya que promueve el desarrollo de sistemas de fiscalización y monitoreo más eficientes. Según Conama, ésta es la única solución de fondo que permitirá a la ciudad crecer económicamente y a la vez descontaminarla a un menor costo.
Sin embargo, a nuestro entender, esta iniciativa, en la cual el Gobierno hace su gran apuesta contra la contaminación de Santiago, es arriesgada y no resolverá el problema de fondo que se vincula fundamentalmente con una mala gestión de los problemas de contaminación en la ciudad. Además, la aplicación de esta ley requerirá de un marco institucional muy fuerte que necesitará años de madurez en la fiscalización para que funcione óptimamente. En la actualidad, la Conama es una institución muy débil para controlar un mercado libre de bonos de descontaminación.
Hoy en día, en materia de contaminación ambiental (aire, agua, basura y suelos en la capital) están involucradas distintas instituciones (Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de la Vivienda, la Intendencia, Municipalidades, Conama, etc.) que tienen presiones y objetivos muchas veces contradictorios con la descontaminación de Santiago y además, cuyo esfuerzo de coordinación es impracticable. El problema de la contaminación en la capital se debe a la ausencia de una única autoridad que cuente con facultades para implementar las medidas necesarias para solucionar los problemas y que informe a la ciudadanía de su accionar.
En consecuencia, como ha venido proponiendo Fundación Terram hace varios años, Santiago requiere de una autoridad regional única con atribuciones necesarias para regular los fenómenos estructurales de la contaminación, es decir, una figura institucional que se haga cargo de una gestión integral de la ciudad.
*Paola Vasconi es coordinadora del Programa Medio Ambiente,
Fundación Terram.
