Nuevamente el tema del reajuste al salario mínimo se posiciona como un tema relevante en la agenda económica nacional. Como todos los años tenemos dos propuestas antagónicas: la de los trabajadores que exigen un reajuste del 22%, pasando de los 115.648 pesos actuales a 140.000 pesos hasta julio del 2005, y por otro lado tenemos a los economistas que nuevamente apelan a su falta de sentido común y a su insensibilidad social para estimar un ajuste de sólo un 2%, alineando de esta manera el crecimiento del salario mínimo, con el crecimiento de la inflación proyectada a un año.
Esta abismante diferencia entre ambas posturas de alguna manera refleja dos visiones diametralmente opuestas en lo que se refiere al tema del salario mínimo. Históricamente la fijación del salario mínimo servía como un instrumento redistributivo. Es esta tendencia la que todavía mueve a los trabajadores. Por otro lado, últimamente se ha consolidado una visión distinta, en donde la flexibilización laboral pasa a ocupar un rol preponderante en las economías modernas y, por lo tanto, donde se tiende a eliminar o debilitar al salario mínimo. Esta es la visión de los economistas.
A nivel internacional se ha tendido a conjugar tres intereses contrapuestos en cuanto a la fijación y reajuste del salario mínimo. Por un lado, las necesidades de los trabajadores y sus familias, por un segundo, las necesidades del desarrollo económico y, por otro lado, la capacidad de pago de las empresas.
En Chile estos tres intereses se han tenido en cuenta para determinar el nivel del salario mínimo. En relación al costo de vida y las necesidades de los trabajadores y sus familias, se toma en consideración la evolución del salario real y la canasta de necesidades básicas; en cuanto a las necesidades del desarrollo económico se considera el salario mínimo real versus el ingreso per cápita, y el salario mínimo real versus la productividad; por último, en cuanto a los salarios comparables y la capacidad de pago de las empresas se considera el salario mínimo y su relación con el salario medio total, y el salario medio de los trabajadores no calificados.
Tomando en cuenta lo anterior llegamos a los 115.648 pesos actuales, cifra paupérrima para cualquier persona que conoce los gastos que acarrea vivir en una sociedad moderna y compleja en la cual estamos inmersos. Nuestros cálculos han estimado que una persona necesita 125.774 pesos para vivir en las condiciones mínimas tal que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Suponiendo el caso, de una familia de cuatro miembros, en donde el único proveedor es el padre, la situación se torna entonces, a lo menos dramática. Si a esto le sumamos que Chile es la undécima economía más desigual del planeta nuestra realidad social no es para nada aquel ejemplo de diferencia para con nuestros vecinos del cual tanto se jactan los líderes de opinión.
La verdad es que estamos en presencia del triunfo parcial de una visión sobre otra. Hace rato que los economistas del Gobierno han dejado de lado al salario mínimo como instrumento redistributivo, y parece más bien que este se ha convertido en un estorbo para las intenciones de liberalizar aún más nuestro mercado laboral. Esto significa en la práctica que los intereses del gran capital, escondido tras la supuesta «capacidad de pago» de las empresas ha dejado en un segundo plano, y por lejos, las necesidades de los trabajadores y sus familias.
Estamos pues en presencia del proceso de extinción de un derecho ganado hace muchos años atrás por trabajadores, luchadores sociales y líderes sindicales, y somos testigos impávidos del avance imponente del neoliberalismo y su mentada flexibilización laboral.
*Cristián Gutiérrez es economista de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica.
