Voto voluntario: ¿De dónde surge la propuesta? ¿A quién le sirve? - El Mostrador

Viernes, 17 de noviembre de 2017 Actualizado a las 22:32

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Voto voluntario: ¿De dónde surge la propuesta? ¿A quién le sirve?

por 5 junio, 2004

Cuando se escucha que se propone darle legalmente al voto un carácter voluntario y se lo fundamenta en un afán de mayor democratización o de ahondar las libertades, surgen ciertas dudas de orden teórico y práctico.



Primero, no se puede dejar de recordar la vieja sublimación que el Liberalismo decimonónico hacía de la libertad: si cada cual hace lo que le venga en gana, el bien social se logrará por sí solo. De ahí que no tenía sentido el tema de la responsabilidad social, ni de por medio de qué mecanismos se tenía que llevar a efecto. Extraña que hoy, cuando esa teoría ha demostrado su falsedad en los hechos, se siga recurriendo a la limitación de responsabilidades.



En segundo lugar, habría que situar la propuesta dentro del marco de la teoría política. Si el Estado de una república es la reunión de los ciudadanos por un pacto, la voluntariedad del voto implicará el peligro (cierto en Chile) de que el Estado se quede sin ciudadanos y se termine el pacto por la inexistencia de pactados o por la abierta ilegitimidad de un pacto minoritario. A su vez, se daría la paradoja que los chilenos que no votan serían sólo habitantes y con un estatus jurídico de extranjeros (Ä„que sí pueden votar en elecciones municipales!). De esa forma, el concepto "chileno" ya no sería uno de tipo jurídico, sino un mero gentilicio.



En tercer lugar, en cuanto a lo práctico (ignorando para no alargarnos que se podría proponer también la renuncia al derecho de expresión, de reunión o de libre circulación), cabe preguntarse a quién le conviene un estado sin ciudadanos. El primer grupo sería la llamada clase política, la cual ya hoy tiene un porcentaje de recambio bastante bajo, pero que así llegaría a convertirse definitivamente en una casta política. Con la consecuente corrupción por falta de fiscalización y compromisos con grupos particulares, principalmente los económicos. Estos últimos son los otros que verían felices un estado sin ciudadanos: ya no tendrían que recurrir a lobby, a costosas campañas de relaciones públicas o coimas para lograr que el estado proteja sus intereses.



Por lo antes expuesto, pareciera que la propuesta sensata es la contraria: la obligatoriedad del voto. No sólo por una cuestión ideológica de la importancia de la responsabilidad social del cuerpo político que busca el bienestar y el desarrollo mental y físico integral de todos sus miembros. También por aspectos prácticos: se necesita que el estado democrático funcione y no sólo que se le paguen impuestos para ello. Se supone que es el gobierno de los ciudadanos y que los derechos suponen obligaciones o al menos las mínimas para que el sistema se sostenga para sostenerlos. ¿Cómo puede alguien pedir crédito universitario, subsidio habitacional, atenderse en la red pública de salud, solicitar ayuda y protección de Carabineros o acudir a los tribunales por justicia y no cooperar a que el Estado funcione? ¿Es coherente pretender ser tan democráticos y libertarios, que se facilite la crisis de la democracia y que los ciudadanos renuncien a los derechos y por tanto a su libertad (posible sólo dentro del sistema político)?



Finalmente, cuando sectores liberales insisten que en esta época de triunfo de dicha ideología toma importancia la actividad económica, en desmedro de la política, se entiende que expresen que no hacen falta estadistas. De ahí que tampoco hagan falta ciudadanos, sino sólo mano de obra entregada a intereses particulares, convertidos en leyes.







*Andrés Monares es antropólogo y profesor en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (amonares@ing.uchile.cl).

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