Alerces y libertad de expresión - El Mostrador

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Alerces y libertad de expresión

por 14 junio, 2004

En las últimas semanas hemos observado la explosión del caso de la tala ilegal de alerce en la Región de Los Lagos. Al dramático hecho de cortar en un par de minutos un árbol que ha demorado dos mil años en crecer, se agregó una serie de escándalos públicos y artefactos explosivos, detonados con la detención del director nacional de la Conaf, Carlos Weber. No obstante, las denuncias datan de 1996.



El mismo Weber ha afirmado que la trasgresión a la norma es muy menor, mientras el ministro de Agricultura, Jaime Campos, señalaba que "en los últimos cuatro años se ha exportado sólo media hectárea de alerce". Al parecer, las autoridades están por bajarle el perfil al problema, lo que ya es un factor que llama a sospecha. Es importante tener presente que la motivación detrás de este tráfico ilegal no es despreciable, pero al mismo tiempo absurda desde el punto de vista de la justicia, puesto que mientras el propietario original recibe dos mil pesos por pulgada, el vendedor final -en Estados Unidos- cobra trescientos cincuenta mil.



El alerce es una especie nativa -en Argentina existe marginalmente- y es la segunda más longeva del planeta, su esperanza de vida supera los dos mil años y, con un crecimiento de apenas un milímetro por año, es en la práctica una especie no renovable. Su importancia es tal que, según los científicos, el alerce es como un libro abierto, en cuyos anillos se encuentra la historia ambiental del sur del mundo.



En 1976, Chile prohibió la exportación de alerce tras suscribir la Convención de Comercio sobre Especies Amenazadas (Cites) y, a través del Decreto Supremo 490 de ese año, el alerce fue declarado Monumento Nacional y se prohibió la corta de árboles vivos y su comercialización. Sin embargo, se dejó la puerta abierta para la trampa, puesto que al permitir la corta y comercialización de la especie cuando está muerta, se desencadenó un sinnúmero de triquiñuelas para malversar la Ley: introducir parafina en la savia, provocar incendios que dejen intacta la madera, denunciar cortas ilegales por terceros para luego comercializarlas, etcétera. Pero lo que más provoca desconcierto fue la modificación unilateral del acuerdo Cites, a través del Decreto Supremo 525 de 2003, que autoriza la corta de especies declaradas monumento nacional. En estas últimas semanas, Chile se ha quejado amargamente por el intento de Bolivia y de Argentina de desconocer convenios internacionales. No obstante, en este caso Chile modificó unilateralmente un acuerdo internacional, contraviniendo sus propias políticas.



Sin embargo, lo anterior es sólo una parte del problema. El otro -del que menos se ha hablado- tiene que ver con la libertad de expresión. A vista y paciencia de la ciudadanía, la jueza Rosa Muñoz fue amenazada de muerte y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt le negó el derecho al amparo. Por otra parte, la bancada de senadores democratacristianos, entregó un respaldo unánime a Sergio Páez, al mismo tiempo que este parlamentario interpuso una querella criminal en contra del abogado Carlos Barahona, quién involucró directamente al parlamentario en el conflicto.



A lo anterior se agrega la práctica sistemática e histórica de la Conaf de negarse a entregar información, actuando con un secretismo desenfadado, contribuyendo de manera grave a la falta de transparencia. Esto no es menor, puesto que el secretismo no sólo limita el derecho a la libertad de expresión, dado que el acceso a la información es fundamental para ejercer la libertad de opinión, sino también porque se convierte en un manto de protección para la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses, precisamente lo que se ha denunciado en el caso del tráfico del alerce.



Al ocultamiento de información, las amenazas de muerte y el manto sagrado que pretenden montar los senadores democratacristianos sobre Páez, se agrega la actitud doble de éste, al anunciar la renuncia a su fuero y luego interponer una querella criminal, sabiendo que con esto no sólo amedrenta al denunciante, sino también a cualquier otro que quiera seguir sus pasos. Aquí no sólo se ha talado fraudulentamente el alerce, sino también, el derecho consagrado a la libertad de opinión.



No corresponde que los políticos se tapen las espaldas y actúen corporativamente, como si pertenecieran a una casta intocable de cortesanos de peluca blanca y narices empolvadas, que con gestos afectados exigen consideración a su condición de cuerpos sagrados, incorruptibles y aristocráticos. Esto es absurdo pues no estamos en una monarquía sino en un sistema republicano, en donde los políticos deben estar expuestos al escrutinio público y a la crítica ciudadana. Por lo tanto, no es aceptable que recurran a la amenaza ni al amedrentamiento.



*Marcel Claude es director de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica.

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