Todas las autoridades que no reciben el salario mínimo han quedado conformes con el reajuste aprobado por ambas cámaras en el Congreso, desde los 115.648 pesos que rigen en la actualidad, hasta los 120 mil pesos. Se trata de un alza del 3,8%, menor a la que se venía decretando en años anteriores, pero que correspondía a la propuesta del gobierno y coincidía con los intereses de los empresarios, el mundo político y nuestros particulares economistas.
El rito de todos los años se cumplió a la perfección y por ello muchas personas dirán que en Chile funcionan los consensos y estamos a un paso del desarrollo. Primero, se escuchan las propuestas de las partes; los trabajadores a través de la CUT exigen un aumento importante y en línea con la dignidad y la satisfacción de las necesidades básicas. Este año su petición ascendió a los 145 mil pesos, salario que está en sintonía con la remuneración del último escalafón que recibe el sector público.
El gobierno, generalmente, utiliza como bandera de batalla la inestabilidad de la situación macroeconómica y el posible impacto en el desempleo. Por ello, esta vez ofreció un pequeño ajuste de acuerdo al aumento de la inflación y de la productividad media de los trabajadores en la economía.
Entre medio, los empresarios y un conjunto de académicos invaden los medios de prensa escritos y el debate público con una serie de argumentaciones para convencernos de que el aumento del salario mínimo sólo provocará desempleo y perjudicará a los más pobres.
En segundo lugar, el rito continúa con la negociación entre el gobierno y la CUT, con un resultado conocido de antemano: la propuesta del Ejecutivo se impone en un 95% y es despachado al Congreso.
Por último, la Cámara de Diputados y el Senado toman entre 100 y 120 minutos para aprobar el proyecto, de manera casi unánime, para que se transforme en ley operativa el 1 de julio. Este año, 76 diputados votaron a favor, 5 en contra, hubo 1 abstención y todos los senadores presentes aprobaron el reajuste.
Aquí termina el rito, sin posibilidades de reclamo, contraparte u objeción. Los salarios siguen siendo bajos y la distribución del ingreso en nuestro país continúa ostentando el vergonzoso récord de ser la undécima peor en el planeta.
¿Cómo rompemos este rito? El desafío es difícil en un país en que nos acostumbramos a vivir en la desigualdad, sello que cada día hace los méritos suficientes para arraigarse en el corazón de la identidad nacional. En las próximas líneas lo invito a que reflexione y saque sus propias conclusiones:
1).-No está comprobado en ninguna parte del mundo que haya una relación directa entre aumento del salario mínimo y el desempleo. De hecho, existe un libro de los economistas estadounidenses Card y Krueger que se encarga de derribar todos los mitos al respecto. Por ello, para el próximo año, todos deberían rechazar las palabras de aquellos que aseguran que es preferible un trabajador empleado por $80 mil pesos que un desempleado en donde rige un salario mínimo de $150 mil pesos.
2).-La discusión no puede ser sostenida sólo en elementos de productividad e inflación. No debemos olvidar que en Chile, la línea de la pobreza es de $40.562, y por tanto, en un hogar de cuatro personas en dónde sólo una trabaja y recibe el mínimo, cada ser humano sólo podría contar con $24.000, luego de descontadas las imposiciones, para satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades. Esto nos indica, que el salario mínimo debe ser al menos de $162.248.
3).-Las políticas públicas deben tener como componente primario la dignidad de las personas. Por tanto, no se puede aceptar como mejor el hecho de que con un salario mínimo más bajo o estancado podrían incrementarse los ingresos del hogar a través del aumento del empleo. Si bajando el salario mínimo a 80 mil pesos otra persona en el hogar puede encontrar empleo, los ingresos familiares se elevan a 160 mil pesos desde los 120 mil pesos que concentraba anteriormente. Esto es correcto desde el punto de vista matemático, pero a un costo infinito: la dignidad de las personas. Nadie puede trabajar por salarios de miseria, ya que si los empezamos a justificar a través de argumentos maquiavélicos, la estrategia de desarrollo del país bordeará el sin sentido.
Y usted, ¿qué hará para romper el rito?
*Marco Kremerman es economista de la Fundación Terram.
