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Acreditación universitaria

por 12 julio, 2004

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El proyecto de ley sobre aseguramiento de la calidad en la educación superior, no obstante sus buenas intenciones iniciales, se confunde cuando trata de explicar y, peor aún, cuando se construye en torno a la calidad.



De no perfeccionarse, terminará siendo uno de aseguramiento de la existencia de procedimientos de autorregulación, en manos privadas y voluntario además, en una lógica según la cual bastaría una acción administrativa como ésta para lograr la calidad. No esfuerzo. No inversiones. No estándares. No decisiones. No costo político. De ser así, ¿cómo no darse cuenta antes que era tan fácil?



Calidad es un concepto relativo; no absoluto como a veces aparece. Sólo cuando comparamos una universidad nuestra a otras en el mundo, el potencial relativo (o calidad) se hace explícito. Un sistema de acreditación confundido en el tema de la calidad mimetizará las componentes de la educación universitaria, tendiendo un manto de seriedad que oculte situaciones de inequidad y mediocridad.



¿Por qué no pensar en un esquema con niveles de universidades (cinco, por ejemplo), según ellas sean capaces de satisfacer diferentes niveles de estándares sobre la robustez de su cuerpo académico, el producto de su investigación, creación y docencia -de pre y postgrado-, instalaciones, outreach, etc.? Este esquema sería obligatorio y reflejaría de manera transparente las diferencias que existen y existirán en el sistema universitario nacional, y que todo el mundo reconoce por lo demás, ya que habrían datos duros que avalen los niveles resultantes. Miembros de los consejos de Conicyt y de las academias del Instituto de Chile, y expertos extranjeros establecerían los estándares en que el nivel más alto correspondiera a estándares de instituciones que sean reconocidas internacionalmente, y por qué no, de clase mundial.



Aunque el proyecto de ley establece que las acreditaciones podrían darse hasta por siete años, en esencia se trata de un proceso en que la institución "pasa-no pasa" la acreditación, lo que deja un amplio margen "de maniobra". No así cuando la institución debe ser adscrita a un nivel, y hacerse público ese nivel y quiénes realizaron la acreditación.



El tema de los conflictos de interés y de las eventuales presiones no es algo menor. Con más de 60 universidades y 2.000 carreras y programas a acreditar, no existe la capacidad instalada en el país para acreditarlas a todas, o a parte importante de ellas, en forma independiente. En un escenario al que se agregan: clases dirigentes del país relacionadas con universidades y con reconocida capacidad de lobby; grupos sociales de todo tipo con proyectos propios en el ámbito universitario; personeros de los poderes públicos en número considerable, relacionados con actividades en las universidades privadas; académicos del sistema tradicional que trabajan en las nuevas universidades; marketing despiadado de las propias universidades, sin tener los elementos que avalen su oferta. Obviamente son aspectos no incluidos en la acreditación.



Es comprensible que proyectos de esta naturaleza requieran de acuerdos políticos para su aprobación legislativa, pero no lo sería el que, con el argumento de no afectar la libertad de enseñanza, el Estado renunciara a su responsabilidad de ser garante de la fe pública en la educación superior, debiendo establecer él los estándares de calidad que ésta debe cumplir, y no los privados ni el mercado.



El proyecto señala, además, que las instituciones deberán reconocer y respetar siempre los principios de pluralismo, tolerancia y libertad de pensamiento y expresión de sus miembros. Así, éstos no debieran ser discriminados por sus ideas, su condición marital o sus preferencias de diversa naturaleza. Como decimos en el campo, el papel aguanta todo.



El pilar ético fundamental sobre el cual construir una educación superior de calidad no ha estado presente en este debate. Mas bien, cuidadosamente evitado. Olvidando el por qué del oficio riguroso y paciente de educar, formar, crear, inventar, mejorar estándares... olvidando el simple hecho de tratar de hacer una sociedad mejor.





*Víctor L. Pérez Vera es profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

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