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A propósito del Caso Coimas: ¿Qué pena merece un felón?

por 17 julio, 2004

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El conocimiento público de las condenas de primera instancia del llamado Caso Coimas, vuelve a actualizar la corrupción entre los funcionarios y las instituciones del Estado. Lo cual nos da una oportunidad para reflexionar más a fondo sobre los delitos contra el Estado y que le provocan un daño económico; sobre todo los realizados por personas que ocupan cargos de elección popular. Puntualmente, como ciudadanos deberíamos meditar sobre la naturaleza de esos ilícitos y sobre las penas que en consecuencia les deberían corresponder.



Para empezar, pocas son las voces que se alzan para solicitar que se aumenten las penas a los delitos contra el Estado que le provocan perjuicio económico; como sí ocurre en el caso de los llamados delitos comunes. Lo que se hace sin comprender que la amenaza de penas más elevadas no incidirá mayormente en el grueso de los delincuentes comunes o profesionales para que abandonen su "trabajo", sino sólo en que pongan más cuidado en él. Por ejemplo, entrarán a un domicilio por una ventana abierta y no forzándola, para evitar la pena mayor que conlleva un robo con fuerza en las cosas. Este tipo de delincuente responde a una cultura antisocial, a una forma de ver la sociedad política o civil desde "afuera" y con valores que legitiman mantenerse "afuera" y perjudicar a los de "adentro".



Mas, en el político (o funcionario) corrupto no concurren eximentes, como provenir de un medio deprivado socioeconómica y moralmente, ni se puede comprender su ilícito al ubicarlo dentro de la cultura del hampa, que es abiertamente antisocial. En general, el político corrupto no es un delincuente habitual y en otras esferas de su vida comparte la negativa valoración social del delito, incluso de su delito. Este tipo de delincuente "inhabitual" se sirve de su cargo o función (que está dentro de ese ámbito socialmente aceptado y que existe para reforzarlo y reproducirlo) para llevar a cabo un ilícito con premeditación. En principio, entonces, dentro de la generalidad de lo ilegal, las características de una acción de ese tipo, realizada por un delincuente habitual, es diferente y no comparable en lo específico a la que comete un político corrupto.



Luego, si se toma en cuenta que un ciudadano que ocupa un cargo de elección popular recibió su autoridad por parte del pueblo o soberano para promover, mantener y acrecentar el bien común, la mirada sobre esa acción contra el Estado debería dejar en evidencia lo gravísimo de su naturaleza. Es decir, cuando se reconoce que el Estado no es ese ente abstracto que no corresponde a nada tangible, sino que es la expresión institucional de todos los ciudadanos reunidos, tales conductas corruptas nos deberían merecer un juicio mucho más severo. No se trata de un robo o una venalidad cualquiera.



La democracia en teoría obliga a un constante ejercicio racional y crítico. Los ciudadanos, aparte de informados, deben poseer un conocimiento suficiente de lo que es una sociedad política y así entender que son parte integrante y activa de aquella. De ese modo, fácilmente se darán cuenta que, por ejemplo, el comercio ambulante ligado a mafias que proveen los productos, representa un delito al no tributar. Lo que finalmente es un daño contra cada ciudadano, contra cada uno de nosotros. Lo mismo que un funcionario deshonesto que pide o acepta una comisión para manejar un concurso público, a fin de que gane un contrato una empresa que cobra más al Estado que otras.



Si se perjudica al Estado de Chile, se perjudica a todos los chilenos que en teoría son ese Estado y por las consecuencias prácticas que ello conlleva. Al tomar en cuenta la idea republicana de un cuerpo político pactado, se entiende que un delito contra el Estado chileno afecta simultáneamente a quince millones de personas. Que va en desmedro de su salud, educación, calidad de vida, ingresos e incluso de las propias vidas de esos millones de compatriotas. En el caso de una persona elegida para trabajar por ellos, ¿qué peor felonía o traición que esto? Si tal conducta no merece elevadas penas de presidio, ¿qué acto lo amerita entonces?



Sabemos que la educación y práctica cívica no es uno de los puntos fuertes de este país. Como también que el sistema político no es especialmente participativo; ni los políticos de ambas coaliciones hacen un particular esfuerzo por remediarlo. No obstante, esas fallas no se corregirán solas y ya es un comienzo que se entienda que el Estado es de todos, porque el Estado somos todos.



Mal nos ha ido hasta ahora con la percepción de que lo público no es de nadie. Cada vez que se lesiona económicamente al Estado (sea el político o el funcionario corrupto y el privado corruptor, el pequeño comerciante que no da boleta, la transnacional que no paga derechos de explotación o el gobierno que asume la deuda privada como pública, que vende las empresas estratégicas y las riquezas de la nación), pensamos que nadie pierde, por lo que no hay para qué hacer algo y no se responsabiliza a nadie. Pero la teoría y la realidad nos señalan, con claridad, que los afectados somos todos los chilenos e incluso las futuras generaciones.



De hecho, sólo se ha pretendido aquí dar la opinión de un ciudadano. Y ella es que los delitos que perjudican económicamente al Estado deberían ser sancionados con altas penas de cárcel, más todavía cuando sea el caso de una persona elegida por votación popular para trabajar por sus conciudadanos. Si la razón, el honor y el espíritu democrático no son suficientes para asegurar una conducta proba, tal vez una ayudita jurídica sería buena. Quizás ello marque el camino para que a futuro cualquier acción que vaya en contra de los intereses de la comunidad política sea castigada como se merece. Pues, la felonía también puede hacerse aparecer como legal, como lobby o adornarse falazmente con razones del bien común.



*Andrés Monares es antropólogo y profesor en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

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