El debate acerca del royalty minero me recordó un gran libro del economista Albert Hirschman. En Retóricas de la intransigencia, Hirschman describe los argumentos y discursos de quienes se opusieron en Europa al avance de los derechos políticos, civiles y sociales. Quienes se negaban al avance del sufragio universal reclamaron que este acabaría con la libertad, la que suponía una conciencia del honor y del deber propia de los caballeros y no de los proletarios. Las leyes a favor de los pobres generarían incentivos para que los beneficiados por ellas se transformaran en holgazanes. Finalmente el avance del Estado de Bienestar terminaría por destruir las libertades económicas y el sentido de empresa tan fundamental para el Occidente capitalista. Vaya a darse una vuelta por Europa y saque sus conclusiones.
Hirschman agrupa estos discursos en tres tesis reactivo-reaccionarias principales. La primera es la tesis de la perversidad que sostiene políticas públicas pueden ser buenas en teoría, pero producirán efectos imprevistos, no deseados y perversos en la práctica. La segunda es la tesis de la futilidad que señala que la medida propuesta se enfrentará a la dura realidad y que nada cambiará. La tercera es la tesis del riesgo en virtud de la cual se nos advierte que la política propuesta acarrea cosas positivas, pero que ellas son de menor cuantía con respecto al riesgo de perder todo lo avanzado.
Volvamos a nuestro debate criollo. Quienes se oponen al royalty están en una situación muy incómoda. ¿Por qué? Porque saben que el 75% de los chilenos lo apoya. Es duro alegar contra el sentir ciudadano. Además intuyen que es muy fácil caer en la trampa de ser acusados de antipatriotas pues, finalmente, el royalty minero afecta principalmente a empresas transnacionales. Resulta además terrible argumentar que no se pueden alterar los impuestos después que el Congreso Nacional acaba de aumentar el IVA y los impuestos a los combustibles y al tabaco. Finalmente, el cobre es chileno de acuerdo a la propia Constitución del Ochenta. Lo que tienen las empresas mineras privadas es una concesión. Entonces oponerse al royalty es como si usted es dueño de una casa que ha dado en arriendo por doce años y cuando le anuncia al arrendatario, con cinco años de anticipación, que le subirá el canon en un tres por ciento, éste lo amenaza con ir a tribunales o recurrir a las Naciones Unidas. Parece como mucho.
Por eso no atacan directamente el royalty sino que utilizan la tesis de la perversidad. Nos dicen que este cambio en las reglas del juego acarreará nefastas consecuencias. Nos explican que las grandes empresas multinacionales dejarán de invertir en Chile y ello provocará desempleo. Todo lo contrario a lo que persiguen los bien intencionados pero lerdos gobiernistas. Llama la atención que los que así argumentan sólo hablen de los efectos perversos que producirá la medida. No mencionan una sola de sus igualmente probables consecuencias benéficas. ¿O no tendrá ninguna el hecho que el Estado de Chile cuente con cien millones de dólares más para invertir en ciencia y tecnología?
Del mismo modo, la tesis del riesgo adolece de igual parcialidad y miopía. Se nos quiere decir que el cambio en las reglas del juego pondrá en riesgo todo lo alcanzado en inversión privada. El Consejo Minero dice que ha invertido en Chile 25 mil millones de dólares, multiplicado por cuatro las reservas mineras y generado 450 mil empleos entre directos e indirectos. Muy bien. Y agregan que el royalty pondrá en riesgo todo esto. Mal, muy mal. De una cosa no se sigue la otra. Ello pues, ¿debemos entender que se retirarán esas inversiones de Chile por la aprobación del royalty? Nadie ha dicho que éste se aplicará con efecto retroactivo, expropiando a las empresas extranjeras, apropiándose el Estado de sus reservas, pidiéndoles que devuelvan sus utilidades o destruyendo los empleos creados en extracciones mineras que son ampliamente rentables incluso con royalty. Lo único que está en juego es un tres por ciento en las utilidades futuras de las empresas mineras. Nada más.
Por lo demás quienes sostuvieron, a principios de los noventa, que el aumento de impuestos y las reformas laborales propuestas por el primer gobierno democrático, disminuirían perversamente el crecimiento y pondrían en riesgo «el modelo chileno» se equivocaron glamorosamente. Nunca Chile creció más que entre 1991 y 1997. ¿No estaremos utilizando la misma retórica de la intransigencia?
La cuestión es que en un debate maduro en democracia deben analizarse con rigor los argumentos y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando las razones de los contrarios o la evidencia empírica así lo indiquen. Por lo pronto, nos atrevemos a apostar por la retórica del progreso, aquella que dice que los efectos de nuestras políticas pueden mejorar nuestra condición actual y que unos y otros pueden ganar con los cambios. Que las empresa mineras pueden seguir teniendo lucrativas utilidades y los chilenos más ingresos para avanzar en donde realmente reside la riqueza de las naciones: en su gente.
