El proyecto de ley de royalty presentado por el Gobierno no pasó la prueba de fuego. La Cámara de Diputados rechazó el proyecto, el cual logró obtener sólo 61 votos de los 66 que requería como quórum establecido para este tipo de iniciativas. El rechazo no es igual a cualquier otra derrota que haya sufrido el Gobierno en proyectos emblemáticos; de hecho, es digna de estudio en los institutos de ciencias políticas, como un ejemplo tácito de la contradicciones de los políticos, de las maniobras electorales y de las falencias de la democracia.
Partamos por el Ejecutivo. Las autoridades de gobierno han tenido un discurso, por decir lo menos, contradictorio: estuvieron un año prometiendo a las empresas que no se cambiarían las reglas del juego y, sin embargo, un año después el ministro de Hacienda plantea que el royalty es «de tremenda importancia para Chile» y que es «probablemente la ley más importante en materia económica que hemos discutido durante el período del Presidente Lagos».
Es cuestionable el hecho que la ley más importante haya sido negada durante tanto tiempo y que después el royalty aparezca como la bandera de lucha para recuperar los derechos del Estado. Además, es raro que el gobierno se haya empecinado en mantener un proyecto de ley sobre el cual se anticipaba el fracaso. La idea de crear un fondo de innovación tecnológica no «prendió» entre los parlamentarios que, desde la derecha, habían apoyado el royalty condicionados a que parte de los recursos debían estar explícitamente destinado a las regiones mineras. Sin embargo, en el proyecto actual se señala, ambiguamente, que el 80% de los recursos deberán «tener un impacto regional identificable, especialmente en las regiones mineras».
El gobierno optó por no negociar; prefirió que el proyecto muriera en la cámara antes de tratar de salvar la iniciativa. Pero además, el ministro ya había señalado que estaba dispuesto a introducir, en el futuro, modificaciones al proyecto. Entonces, ¿qué explica la obstinación por pasar a la sala ese proyecto específico y dejarlo agonizar? Esto nos lleva a preguntarnos si existió la real intención de aprobar la iniciativa o si los cálculos que saca el gobierno buscan incriminar a la derecha por el rechazo del proyecto y sacar con este beneficios electorales.
Por otro lado, la derecha tiene contradicciones internas o problemas de liderazgo. Varios parlamentarios de la Alianza que apoyaban la propuesta del gobierno tuvieron que retractarse de dicho apoyo, seguramente por las presiones que han recibido desde el interior de sus partidos. Además, la coalición contradice a su líder y candidato presidencial, quien ha reconocido la necesidad de aumentar el aporte de la minería al país. Entonces, ¿por qué no apoyar la idea de legislar sobre el tema, sabiendo que se le podrían introducir modificaciones que harían (lamentablemente para nosotros) que el proyecto fuese más beneficioso para las empresas?
Asimismo, los dichos de dirigentes del sector minero y la actitud de los partidos políticos ante la votación, hacen pensar en presiones desde fuera de las organizaciones políticas, lo cual hace un daño feroz a la democracia y a la autonomía de los parlamentarios.
Pero sin lugar a dudas, surgen cuestionamientos respecto de la representatividad de la ciudadanía en el parlamento o de cómo la población puede hacer valer sus deseos respecto de las políticas públicas. Es erróneo que el apoyo que suscitan en la sociedad ciertos temas no sean recogidos por aquellos designados por la misma ciudadanía para defender sus derechos ante el Estado. Ya vivimos la experiencia con el tema del divorcio, para el cual tuvimos que esperar demasiado. Esperemos que cobrar el royalty no tenga que esperar tanto, porque, a esas alturas, nada quedará de la riqueza natural de nuestro país.
*Sebastián Ainzúa A. es economista de la Fundación Terram.
