El Director del INP, Ernesto Evans, ha escrito recientemente en El Mostrador que Chile es un país moderno en lo que se refiere a higiene y seguridad laboral, tanto porque la accidentabilidad laboral ha llegado a un 7,5% y corresponde a una de las tasas más bajas de América Latina, como porque el organismo que dirige está impulsando el sistema de pausas durante el trabajo en algunas organizaciones.
Es muy loable la preocupación de este Ejecutivo por los trabajadores chilenos y es estimulante que un Jefe de Servicio esté orgulloso de su desempeño, sin embargo, es recomendable que en sus evaluaciones considere un espectro más amplio de información, especialmente la que se extrae de las estadísticas que elaboran organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, el Instituto de Salud Pública y el Banco Central de Chile.
Efectivamente, en Chile hay un porcentaje de trabajadores del mercado formal que está cubierto por la ley de accidentes del trabajo. Las empresas cotizantes en el sistema más el INP agrupan a un 55% del total de la fuerza de trabajo ocupada (SUSESO), pero todas no cumplen a cabalidad las exigencias de la ley, especialmente las PYME.
La Encuesta Laboral ENCLA, del 2002, analizando cada tipo de instrumento que exige la ley, concluye que el mayor nivel de incumplimiento se da al carecer un 25% de las empresas entrevistadas de departamentos de prevención de riesgos, el 22,6% carece de reglamento de higiene y seguridad y el 17,7% de las empresas no tiene comités paritarios.
Además, el 38,2% de las empresas entrevistadas no poseía ningún instrumento de prevención de riesgos, lo que en las microempresas se elevaba al 62%. Por otra parte, existe una gran cantidad de enfermedades profesionales que no están reconocidas como tales, como es el caso del stress de los profesores o choferes de micro y muchas incapacidades invalidantes que no se contemplan como riesgo laboral.
Por otra parte, es por todos conocido que muchas empresas afiliadas a las mutuales tratan de ocultar la accidentabilidad para que no les aumenten las primas. En muchos casos envían a trabajadores accidentados o enfermos al sistema de salud público para disminuir su tasa de accidentabilidad.
Esto es grave en el caso de los trabajadores temporeros de la agroindustria que son los más afectados por los riesgos ambientales, pero, pese al ocultamiento de los empleadores, cuentan con una accidentabilidad superior a los promedios nacionales.
La tasa de 7,5%, que enorgullece al señor Evans, no considera por lo tanto gran cantidad de accidentes y enfermedades que afectan a estos temporeros, especialmente a las mujeres que comienzan a trabajar a los doce años. Ellas trabajan largas jornadas, careciendo de higiene y seguridad, en toda la cadena que abarca su relación con la fuente de empleo, desde el transporte que muchas veces es peligroso. Carecen de baños, lugares donde comer y si tienen que dormir lo deben hacer en galpones o lugares sin ninguna condición de salubridad.
Están gravemente afectadas por el uso de plaguicidas prohibidos, que se siguen usando sin ningún pudor por parte de los empleadores y sin ninguna fiscalización seria por parte del Estado. Es necesario destacar, que las importaciones de plaguicidas en Chile se han triplicado entre 1984 y 1997. En 1984 se importaron 5.572 toneladas y en 1997 16.000. En los años 90, el Instituto de Salud Pública prohibió la docena maldita, el PARAQUAT con severa restricción y el PARATHION se suspendió en el año 2000. El Instituto hizo un estudio, en octubre del 2002, donde se comprobó que el 21% de las frutas y verduras consumidas en Chile están contaminadas con plaguicidas prohibidos: 4% de las muestras, en general, tenían mayor cantidad que la permitida, un 9% contenía ethilparaitión, plaguicida prohibido en Chile desde 1999, y un 8% contenía Mevinfos prohibido en 1994.
En Chile se notifica anualmente la intoxicación aguda de cerca de 700 personas (2002), incluido los niños. Entre los meses de enero y septiembre del año 2003 se registraron 394 intoxicaciones agudas por plaguicidas, con una tasa de 2,9 por 100 mil habitantes. A esto se agrega la intoxicación crónica que provoca enfermedades catastróficas, como cáncer, malformaciones congénitas y alteraciones de los sistemas inmunológico, reproductivo y neurológico.
Pero los temporeros consideran que sus condiciones empeoraron al ser contratados por empresas intermediarias subcontratistas, modalidad que han asumido los empleadores para desligarse de la protección a sus trabajadores. Los subcontratistas a veces ni les pagan el salario o cobran comisiones demasiado altas lo que les disminuye el pago. La actividad de subcontratación no está legalizada, por lo tanto los subcontratistas pueden hacer lo que quieran. Recién la Inspección del Trabajo está haciendo un registro de intermediarios.
Una preocupación del Estado, a lo menos por las malformaciones congénitas de los hijos de las temporeras, sería bienvenido, más aún si se considera que estos trabajadores son claves en el modelo agroexportador que ha traido grandes utilidades a las empresas involucradas y que se considera jugará un gran papel en la implementación de los TLC.
*Patricia Santa Lucía es periodista.
