Mientras el 80% de las cuotas pesqueras se ha asignado a la industria que provee menos del 20% del empleo, el 20% de las cuotas se ha entregado a la pesca artesanal que es responsable de más del 80% del empleo en este sector.
Un argumento recurrente -y a estas alturas majadero e infundado- en contra de quienes demandan mayores regulaciones y fiscalización, para evitar la sobre explotación de los recursos marinos y la degradación de los ecosistemas naturales, es la necesidad de generar empleo y enfrentar el desafío de la pobreza.
Si bien este argumento es del todo legítimo, no puede ser utilizado para explicar la situación del sector pesquero chileno, por cuanto la realidad muestra una situación del todo diferente y contraria a las pretensiones de la industria pesquera para justificarse.
Hoy en día existen aproximadamente 73 mil puestos de trabajo en el sector pesquero, sin incluir al sector acuícola. De éstos, aproximadamente unos 60 mil son aportados por los pescadores artesanales. Solamente esta cifra es suficiente para echar por tierra el argumento de la necesidad de crear empleos, a fin de justificar el tipo de regulación pesquera que ha adoptado el Estado chileno, dado que, mientras el 80% de las cuotas pesqueras se ha asignado a la industria que provee menos del 20% del empleo, el 20% de las cuotas se ha entregado a la pesca artesanal que es responsable de más del 80% del empleo en este sector.
Claramente las cifras no cuadran, dado que si la pesca artesanal es responsable de un mayor nivel de empleo, debería haber sido el sector privilegiado con la asignación de las cuotas, lo cual no ha sido en absoluto el caso.
Por otra parte, tampoco resulta razonable el modelo de administración pesquera, cuando juntamente con indicadores de rentabilidad descollantes por parte de la industria pesquera, lo que debería indicar un sector dinámico que está creciendo y, en consecuencia, mostrando una gran capacidad de ocupar mano de obra, muestra no sólo un letargo en esta materia, sino más bien, un claro retroceso, puesto que, el sector pesquero ha reducido su capacidad de proveer empleos: entre los años 1996 y 2001, el sector ha perdido 6.400 empleos.
Evidentemente, detrás de la legislación pesquera chilena, más que una cuestión de estricta racionalidad económica, lo que hay en el fondo es una cuestión de desequilibrio político, que se refleja en el hecho de que los pescadores artesanales tienen mucho menos fuerza para hacer valer sus intereses que los grupos empresariales asociados a la industria pesquera.
Marcel Claude es director de Oceana, oficina para América del Sur y Antártica
