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Pedro Rosas y los subterráneos de la democracia

Pedro Rosas ha tenido el mérito de haber obtenido su título profesional como profesor de Historia durante su reclusión en la cárcel de alta seguridad. Escribió su tesis bajo la dirección conjunta de los historiadores Gabriel Salazar y Sergio Grez, texto que la editorial LOM se apresta a publicar bajo el título Rebeldía, subversión y prisión política: crimen y castigo en la transición chilena.


Según el Instituto Médico Legal, Pedro Rosas Aravena tiene una sobrevivencia de cinco añosÂ…y ya han pasado tres. Este joven historiador, condenado a 28 años de cárcel por infracción al código militar y civil, a la ley de control de armas y a la seguridad interior del Estado piensa que en su caso, el cáncer que le aqueja «es una enfermedad política».



Hoy Rosas es un caso emblemático sobre el sui generis funcionamiento de la democracia y justicia en nuestro país. Ello fue evidente con ocasión del lanzamiento de su libro «Derechos Humanos en la transición», realizado el 11 de agosto en el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, donde debió exponer custodiado por ocho gendarmes. Era la primera vez que salía y podía ver las calles de su país.



El año pasado, Pedro Rosas solicitó el indulto al presidente Ricardo Lagos, ya que había cumplido diez años de prisión y no se encontraba condenado bajo la denominada «ley antiterrorista». Sin embargo su demanda fue rechazada. Ello debido a que luego que el Congreso aprobara en agosto dicha ley, funcionarios del Ministerio de Justicia y Gendarmería, más algunos poderes «fácticos», han decidido de manera arbitraria que este profesor no gozará de esta medida, la cual ya ha sido implementada en otros casos, en que los prisioneros estaban condenados a penas más duras.



Pedro ha tenido el mérito de haber obtenido su título profesional como profesor de Historia durante su reclusión en la cárcel de alta seguridad. Escribió su tesis bajo la dirección conjunta de los historiadores Gabriel Salazar y Sergio Grez, texto que la editorial LOM se apresta a publicar bajo el título Rebeldía, subversión y prisión política: crimen y castigo en la transición chilena.



Actualmente se encuentra terminando un Magíster en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad ARCIS y es parte de un círculo académico de historiadores, quienes reconocen sus capacidades y contribuciones por lo cual aseguran su «reinserción» en la sociedad chilena. Es evidente que ha Pedro se le está aplicando un castigo adicional por las denuncias efectuadas en su primer libro y por las que se sabe vendrán en el segundo.



No obstante, Pedro no es el único preso político. A la espera del indulto presidencial quedan otros tres, entre los cuales se encuentra Elizabeth Núñez, la única mujer prisionera política en Chile. Dado que ninguno de estos presos tienen penas por la ley antiterrorista, pudiendo haber sido indultados desde el comienzo de este proceso, vuelve a quedar claro el sentido draconiano y ejemplificador de la prolongación del castigo.



Además de estos casos, existen prisioneros condenados a la pena de «perpetuo terrorista», los que deberán cumplir un mínimo de 20 años de cárcel antes de poder acceder a algún beneficio intra penitenciario.



Como ciudadanos «de a pie» nos cabe preguntarnos si en Chile los encargados de velar por el Estado de Derecho están cumpliendo realmente con su papel o si, debido a acuerdos efectuadas en los subterráneos de la «alta política» criolla, están interpretando a su arbitrio las disposiciones legales, guiados por cálculos e intereses inconfesables de manera pública.



Con la ley de indulto presidencial, Pedro Rosas podría salir en libertad, previo compromiso escrito de no volver a hacer uso de la violencia política. Él ha señalado en reiteradas oportunidades no tener problema con este compromiso, ya que en el Chile actual «la reconstrucción de los espacios públicos no tiene que ver con las armas». Entonces ¿Qué derecho tienen funcionarios de un gobierno democrático a interpretar de manera tan arbitraria una ley que el parlamento ya aprobó?



El 27 de agosto fueron liberados cinco prisioneros políticos, y durante la primera quincena de septiembre serán liberados otros siete, incluido un preso común. Todos ellos deberán acogerse a un régimen de salidas dominicales, posteriormente a un régimen de «libertad diaria» y finalmente a arraigo y vigilancia por cinco años.



Hoy, trece rejas separan a Pedro Rosas de la libertad. Sólo depende de la voluntad del Ejecutivo poner fin a las arbitrariedades que se están cometiendo en éste y otros casos.
Mientras más se prolongue este tipo de situaciones, mayor será la desconfianza de los ciudadanos respecto de la justicia, los gobernantes y la ya bastante desprestigiada «clase política» chilena.





Juan Carlos Cárdenas, Director Centro Ecocéanos.
ecoceanos@ecoceanos.cl


  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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