El trágico desenlace del acto de terrorismo ocurrido en una escuela de la Federación Rusa pone una vez más en el centro de la discusión la pregunta acerca de qué debemos entender por seguridad. Si efectivamente existe una definición afirmativa de ella, que conocida, permita evaluar críticamente la labor de las autoridades y la eficacia de sus políticas. O si, por el contrario, la seguridad como política positiva no existe, sino que ella se define como una reacción frente a los actos violentos cometidos por los terroristas.
Este debate es relevante, pues de él deriva la posibilidad de juzgar la eficacia real de la política contra el terrorismo que se está aplicando. Saber si el terrible costo que está pagando la ciudadanía en vidas humanas, libertades políticas y recursos materiales, dice relación con la capacidad operativa de los terroristas, o es imputable a las deficiencias de los encargados de darle seguridad.
Desde el atentado a las Torres Gemelas, en septiembre del 2001, pasando por el 11 de marzo español, y el reciente ataque en Rusia, queda la sospecha de que la competencia técnica de las autoridades y la manipulación política de los hechos ha sido una constante. Y que la guerra convencional en que se empeñaron Estados Unidos y sus aliados en Afganistán e Irak, va en contra de lo que sus propios servicios de inteligencia les indicaron.
El 11 de noviembre del 2001, Donald H. Rumsfeld, secretario de Defensa de EE.UU., sostenía en el Washington Post que "…adaptarnos a la sorpresa -rápidamente y con determinación—es una condición de la planificación militar del siglo XXI (Â…) En lugar de sólo planificar grandes guerras tradicionales en teatros precisamente definidos, debemos planificar para un mundo de adversarios nuevos y diferentes que recurrirán a la sorpresa, el engaño y los armamentos asimétricos…" A los pocos meses, su país hacía exactamente lo contrario en Afganistán y luego en Irak, y nadie puede sostener que ha sido eficaz en su guerra contra el terrorismo.
Anticipándose a lo ocurrido en Nueva York o Madrid, desde hace años los estados mayores de los países miembros de la OTAN habían trabajado la hipótesis del terrorismo de alta intensidad, elaborando escenarios donde los riesgos provenían de situaciones que se alejaban de los parámetros tradicionales de la guerra, y su eliminación no pasaba por el poder militar tradicional, sino por un trabajo sincronizado de inteligencia y cooperación policial y judicial entre los países.
La realidad terminó por confirmar de manera dramática esas conclusiones, dejando la impresión que las acciones terroristas pueden asumir formas cataclísmicas en cualquier parte del planeta, y sin necesidad de santuarios territoriales o del amparo de gobiernos que actúan al margen de la legalidad internacional. De hecho Al Qaeda es una especie de brigada internacional, cuyo financiamiento probablemente está enlazado a los circuitos financieros de carácter legal.
El tema para Chile resulta fundamental pues, en primer lugar, es un país que está de manera irrestricta por la paz, la vigencia de los DD.HH. y la afirmación de la democracia. En segundo lugar, tiene una agenda inmediata derivada de su inserción internacional, entre la que se encuentra la realización de la cumbre de la APEC, en noviembre de este año. Finalmente, el tipo de desarrollo elegido, de fuertes compromisos comerciales y financieros en todo el mundo, implica una mayor responsabilidad en la provisión de los bienes institucionales y políticos para la seguridad internacional.
Por ello, al país no puede bastarle como definición de seguridad la ausencia de actividad terrorista en su territorio. Por el contrario, precisa de una afirmación positiva que, sin perder de vista la importancia de la eficiencia policial, se asiente, en primer lugar, en la adhesión de su población a los valores que orientan su proyecto como sociedad y le dan estabilidad institucional y paz social; y, en segundo lugar, en la cooperación y construcción de confianzas con sus vecinos y la comunidad internacional organizada. Por ello, su poder militar, sin duda un componente permanente del poder nacional, tiene una dimensión esencialmente disuasiva y de defensa de la soberanía, siendo un elemento secundario para la provisión de seguridad frente al terrorismo.
Ningún país puede hoy abstraerse de las situaciones conflictivas de un mundo globalizado, ni las soluciones de los conflictos estar sometidas solo a la ética del intercambio. Las "fronteras interiores" del mundo globalizado, como Palestina, Irak, Haití, o los conflictos de África y Asia, requieren de solidaridad, pues de lo contrario terminarán por reventar en las capitales de todo el mundo.
Es necesario, por tanto, hacer una revisión fina de nuestras políticas de seguridad y nuestra doctrina acerca del uso de la fuerza, para saber si estamos debidamente preparados para hacer frente a los riesgos señalados, y si la autoridad política controla efectivamente el mando en el conjunto de los servicios de inteligencia que tiene el país.
La reciente aprobación de la Ley que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, abre una pequeña esperanza de que el atraso institucional de Chile en esta materia -principalmente por la acción corporativa de sus instituciones armadas y la falta de claridad estratégica del Ministerio del Interior- sea superado, y el país cuente a la brevedad con el conocimiento y la información capaces de sustentar decisiones certeras y rápidas frente al riego de un ataque terrorista.
