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Un equivocado proyecto de ley

por 13 septiembre, 2004

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El 6 de septiembre, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, tuvimos la ocasión de intervenir en un interesante seminario sobre la modificación a la Ley de Urbanismo y Construcciones que el gobierno ha enviado al Senado de la República, y como el asunto es de interés general, resumiremos lo allí expresado. La autoridad desea incorporar en la legislación los negocios inmobiliarios condicionados, en los sectores rurales todo el país.



En la ocasión dimos a conocer nuestra extrañeza y molestia ante la no presencia de la señora Paulina Saball, directora nacional de la Conama, ya que su nombre, teniéndose en cuenta sus altas responsabilidades públicas, estaba en el programa como expositora y nadie entregó las explicaciones de rigor excusando su inasistencia, hecho que nosotros consideramos reprobable.

Expresamos que concurríamos a ese tardío seminario como representantes, sin mandato expreso, de la sociedad civil interesada en conocer, participar y contribuir con aquellas iniciativas del gobierno que signifiquen progreso y bienestar para todos los chilenos. También dijimos -en tono humorístico- que éramos la famosa señora Juanita, pero con una diferencia: nosotros sí manejamos la información, circunstancia determinante a la hora de la verdad.



Asociado a lo anterior, manifestamos que, como teníamos buena memoria, no nos hemos olvidado de las precisas instrucciones del Presidente de la República, en diciembre de 2000, impartidas a todos sus colaboradores inmediatos: ministros, sub-secretarios, intendentes, seremis, etc., en orden a que estas autoridades debían ser receptivas ante los planteamientos y demandas que, responsablemente, la ciudadanía someta a sus consideraciones.



El primer mandatario nos decía en su Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana que, bajo su gobierno, la ciudadanía se iba a incorporar en la generación de las políticas públicas, y como este es un país serio, tenemos certeza de que ese alto mandato se cumplirá a cabalidad en el caso que nos convoca.



1.- Consideramos que este proyecto de ley, que contiene un mensaje presidencial de extraordinario interés, y con el cual concordamos completamente, continúa con un articulado enteramente opuesto al mensaje. Es decepcionante decirlo, pero el texto de ese proyecto modificatorio busca otorgar legalidad a la agresión desmesurada de nuestro ya castigado territorio, y de manera muy especial a nuestro campo chileno, como seguramente lo estarán representando en diferentes ámbitos de acción las autoridades del sector agrícola y entendemos que también la Sociedad Nacional de Agricultura, tradicional organización gremial empresarial.

La regulación urbana en nuestro país debería responder o ajustarse a la planificación territorial, como se observa en los países que cautelan este irremplazable bien natural, planificación que determina los límites para los desarrollos urbanos, y establece los diferentes y variados tipos de áreas, para que sean rigurosamente respetados por todos los actores. En el articulado es notoria la despreocupación por el territorio en su conjunto, falencia que debemos revisar con urgencia y con visión de país.



Por lo expresado, sostenemos que no se justifica aprobar con premura este proyecto de ley, que fomenta y favorece en el corto plazo la ocupación territorial, sin un análisis multisectorial indispensable, como asimismo, sin prever el resultado a largo plazo de acciones que, por su naturaleza, son irreversibles.



2.- El análisis crítico de este proyecto de ley nos lleva a la conclusión que su articulado está orientado a la desregulación total del actual proceso de urbanización, pues reemplaza los planes reguladores intercomunales, por la propuesta de "áreas de desarrollo urbano condicionado", las que originalmente consideraban una superficie de 300 hectáreas, y que ahora aparecen reducidas a 100 hectáreas, con un impacto desconocido sobre nuestro territorio.



3.- Una de las inmediatas consecuencias será la plusvalía no captada por el Estado de las áreas rurales, al adquirir la condición de "urbanizables", debido a que se crean altas expectativas de negocios basados en la especulación inmobiliaria. Sobre esta materia, el país ya conoce los resultados de las transacciones comerciales derivados de los cambios de uso de suelo en la provincia de Chacabucoa partir de 1997.



Se debe advertir que una fuerte valorización del suelo en las zonas de expansión urbana originará una severa falta de interés en las áreas urbanas aún no debidamente consolidadas, como lo revela el notable estancamiento de la construcción en muchas comunas del Gran Santiago.



4.- El proyecto de ley en discusión, obedece a una fuerte motivación que favorecerá la expansión urbana en las cuatro o cinco ciudades más pobladas de Chile, lo que sin duda acentuará la tendencia que acusa el insuficiente desarrollo urbano que se observa en la mayoría de las regiones del país. Estos proyectos condicionados, por sus características, encuentran mayor acogida en los sectores de altos ingresos de la población, los que son capaces de soportar el transporte privado y la vida cotidiana a mayor distancia de los equipamientos urbanos superiores, acentuando la marginalidad urbana.

5.- Constituye una grave omisión que este proyecto de ley no contemple en su articulado incentivos para que la autoridad y el sector empresarial de la construcción se interesen por atender y trabajar en la revalorización urbana, a través de la utilización de la infinidad de sitios eriazos disponibles, pues es imperiosa la necesidad de dar soluciones a los problemas de deterioro, subequipamiento, hacinamiento e insalubridad que están afectando gravemente a la población que reside en extensas áreas urbanas de la metrópoli y ciudades de nuestro país, en las que habitan el 85% de los chilenos.



6.- El Minvu -con esta modificación legal- asumiría responsabilidades que corresponden a otros organismos y autoridades de la administración del Estado, señaladas con anterioridad por leyes orgánicas de la República. Sólo nos permitimos ejemplificar nuestra observación, indicando que algunas de las modificaciones propuestas, debilitan grandemente las atribuciones que actualmente poseen las autoridades de los servicios públicos del sector agrícola.



El área urbana en Chile alcanza a unas 185.000 hectáreas, que representan el 0,2% del territorio nacional. Pero la expansión urbana que se pretende facilitar, creando expectativas e ilusiones comerciales, afectará a las 3.800.000 hectáreas de suelo agrícola que dan carácter y solidez económica a nuestro país. Si prospera el proyecto en los términos planteados, estaremos amenazando una de nuestras fortalezas como nación soberana, ya que la inversión productiva rural se cotejará con la rentabilidad potencial de una urbanización en el mismo suelo, por improbable que ésta sea. Los proyectos de inversión en el agro, sus factibilidades y sensibilidades tenderán a esperar que llegue el ansiado inversionista inmobiliario condicionado.



Resumiendo, lo medular de la impugnación a este impulsivo proyecto modificatorio, es la incorporación de los instrumentos condicionados de planificación urbanística, con las más amplias facilidades y flexibilidades para permitir el crecimiento urbano en cualquier parte de nuestro territorio, con ausencia absoluta de garantías reales, por parte del sector privado, para asumir sus responsabilidades pecuniarias.



Con este tipo de instrumentos urbanísticos, el país consagraría la casi total desregulación del desarrollo urbano, llegándose así a un estado de libertinaje y caótica disposición y uso de nuestro territorio.



Nuestra posición crítica, referida a esta importante iniciativa legal, ha sido detallada en carta del 19 de agosto pasado, enviada al Presidente de la República, fundamentando nuestra petición en orden a que el experimental proyecto de ley sea retirado del Senado, para su perfeccionamiento, mediante las observaciones que surgen en seminarios como el referido, talleres de discusión académica e informes elaborados por profesionales especializados en estas disciplinas.



Estamos seguros que -si se procede en los términos señalados- con los aportes de los anteriores, lograremos un eficaz ordenamiento territorial en nuestro país, teniéndose en cuenta que requerimos una legislación integradora que establezca un régimen jurídico y urbanístico del suelo, en función del bien común de nuestra nación.



Somos partidarios de que este asunto tan relevante para todos, debe ser abordado con una necesaria prudencia para que así, en el transcurso del próximo año, estemos en condiciones de que el Congreso Nacional reciba el nuevo texto de la Reforma Urbana que la ciudadanía requiere. Si se procede en tal sentido, y dado el enriquecimiento del mismo, el gobierno dará una clara señal de responsabilidad, lo cual será valorado por el país.



Por último, si los lectores desean conocer algo más en profundidad con respecto al contenido de esta columna, les recomendamos que lean la columna "El riesgoso incentivo a la especulación inmobiliaria, tras proyecto de reforma de la L.G.U.C." de Patricio Tupper, publicada el jueves 9 de septiembre pasado en este democrático medio de expresión.

*Patricio Herman es director de la Agrupación Defendamos la Ciudad.

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