Los profesores de Derecho tienen la función de perpetuar y perfeccionar los conocimientos jurídicos, de detectar sus falencias, explorar sus renovaciones, recomendar sus reformas, y de integrar las ya aprobadas al conocimiento acumulado, paralelamente a la transmisión de los mismos a sus discípulos. Sólo así puede hablarse de evolución del derecho, de superación de los viejos esquemas, y del ajustamiento de la ley a las necesidades sociales actuales. Pero, ¿qué ocurre cuando un importante sector de la legislación no es atendido por el cuerpo docente, por los investigadores, por las universidades, o por ente formal alguno?
Esta rama de los conocimientos queda anquilosada, paralizada, su necesaria marcha se detiene, y las nuevas formas de dominación o de vulneración de los derechos de las personas quedan sin sanción ni control alguno. Es lo que ocurre con el denominado Derecho de Pesquerías, que ha sido descuidado, desatendido, casi despreciado por la cátedra universitaria, y que ha intentado ser absorbido con nefastas consecuencias, por el Derecho del Mar, del Medioambiente, el Derecho Económico, el Derecho de los Recursos Naturales, y otros. Sin embargo, reivindicamos aquí su autonomía y su especificidad, la que a la par tendrá consecuencias socialmente beneficiosas.
El asunto no queda sólo en la dimensión del mero saber especulativo, sino que por el contrario, vierte sus anómalas consecuencias en otros ámbitos, como es el de los estrados judiciales. Los jueces no podrán juzgar apropiadamente una disputa sometida a su decisión, sin la ayuda de la doctrina jurídica, de las explicaciones de los expertos. La labor del juez no es la de estudiar la ley, de exponerla en tratados, de organizar su contenido. Los jueces fallan, juzgan, dictan sentencias. Exigirles más es pedirles un imposible. Por lo tanto, si nadie asume tales labores, la tarea del juzgador se hace ciega, sus resoluciones improvisadas, y la sociedad, con serios peligros de ver que sus intereses son nuevamente insatisfechos, no garantizados.
Obviamente, esta desidia del sector académico conviene a los grupos de poder y a los sectores económicos que medran bajo la ineficacia de la norma, de su vetustez, de su desarraigo de la realidad y del desamparo de los derechos de las personas. La inexistencia de la Cátedra mencionada coopera con la manipulación y elusión de las normas jurídicas, abona al desconocimiento de las soluciones del derecho de pesquerías internacional y comparado, a la depredación de los recursos marinos vivos, y en suma, a la pérdida de importantes oportunidades económicas a largo plazo. Como gusto en señalar, el silencio siempre es cómplice.
Este texto es, entonces un llamado de atención para todas las universidades, principalmente a las que se encuentran en ciudades costeras, para que asuman como suya la tarea insoslayable de contribuir al estudio y difusión del denominado Derecho Chileno de Pesquerías, y con ello convertirse en un factor eminente en el desarrollo no sólo de su región, sino del país, y no sólo a favor de los habitantes del Chile de hoy, sino también a favor de las generaciones futuras.
Ariel León. Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica
