Hace pocos días, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, anunció un importante cambio en la forma como se asignan los fondos otorgados a las Fuerzas Armadas por la ley reservada del cobre, noticia que causó profunda molestia en algunos sectores del Parlamento y que sin lugar a duda debe inquietar a más de un alto mando militar.
Según la Real Academia Española de la Lengua, diezmo es el derecho del 10% que se pagaba al rey sobre el valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos, o entraban y pasaban de un reino a otro.
Actualizado y llevado a nuestro país, del diezmo seria algo así como el 10% que se paga a las Fuerzas Armadas por sobre las ventas del cobre nacional que se comercian en un año y que por ley se reparten en tres partes iguales para cada una de las fuerzas. Por cierto no nos referimos al diezmo en su acepción religiosa -la cual se entiende como una contribución voluntaria de los frutos obtenidos para la iglesia -generalmente el 10%- por un motivo central. La función defensa es una política pública fundamental para el desarrollo del país, y como tal, no debe ni puede estar sometida a una contribución caritativa por parte del Estado.
Hace pocos días, la Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, anunció un importante cambio en la forma como se asignan los fondos otorgados a las Fuerzas Armadas por la ley reservada del cobre, noticia que causó profunda molestia en algunos sectores del Parlamento y que sin lugar a duda debe inquietar a más de un alto mando militar.
Ciertamente, la ley reservada del cobre no es nueva. El año 1938 la ley de los cruceros destinaba una parte de los ingresos obtenidos por el arriendo de estancias fiscales en la Patagonia a la «adquisición del material de guerra y a las necesidades más urgentes del Ejército, Armada y Aviación». A partir de entonces, distintos cuerpos legales establecieron en determinadas coyunturas -como, por ejemplo, diferencias limítrofes con nuestros vecinos- aportes suplementarios al presupuesto nacional con el único fin de destinar dichos recursos a la compra de material bélico. Sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas han visto a través de los años en este tipo de legislación un gran aliado para la compra de armamentos, sin embargo, también reconocen cierta rigidez del sistema que lo hace en extremo ineficiente.
Hoy, las Fuerzas Armadas están obligadas a ahorrar por algunos años y endeudarse a largo plazo para hacer efectiva una compra bélica importante (tanques, aviones, buques, entre otros) pagando varias veces el valor de mercado y altas sumas en intereses. La distribución de los recursos en tres tercios equivalentes no tiene ninguna otra justificación más que la aparente equidad; no obstante, económicamente hablando, es evidente que entre ellas existen grandes diferencias en cuanto a la necesidades de recursos para las mencionadas compras (un avión es mucho más caro que un tanque), por lo que la ley en definitiva establece restricciones presupuestarias sin lógica racional.
A pesar de estos argumentos económicos, existen razones políticas mucho más importante como para creer que el anuncio de la ministra Bachelet se enfila hacia un camino correcto. La decisión de la política de defensa, es al igual que cualquier política pública una decisión del gobierno democráticamente electo y por tanto no deberían existir restricciones legales para definir de acuerdo a su programa cómo destinar los recursos del país.
Evidentemente, no se trata de dejar a las Fuerzas Armadas a la deriva ni redestinar los recursos de la defensa de forma tal que el resultado sea la obsolescencia del material bélico que impida mantener una adecuada seguridad del país. Se trata más bien, de pensar en qué tipo de objetivos queremos alcanzar con la defensa que hoy enfrenta tareas y amenazas muy distintas a la de sólo algunos años atrás.
Si el Ministerio de Defensa quisiera en el corto plazo, renovar la flota de aviones Hércules para el transporte de ayuda humanitaria o reforzar la flota de helicópteros para las misiones de paz que cumple el país en diferentes partes del mundo le sería muy difícil con las restricciones que impone la situación actual. La ley establece el derecho de propiedad de los recursos del cobre a las Fuerzas Armadas, lo que no se condice con las características propias de cualquier estado democrático.
Las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas hoy se encuentran en un nivel cercano al óptimo, sin embargo, subsisten situaciones como ésta que de no reformularse impedirán contar con una completa normalidad. No existen razones de ningún tipo para sospechar de las intenciones del gobierno con el anuncio sobre la ley del cobre y eso las Fuerzas Armadas parecen tenerlo mucho más claro que el Parlamento; al menos, eso se demostró en los últimos días.
David Álvarez Veloso. Investigador/Editor Revista Fuerzas
Armadas y Sociedad FLACSO-Chile. Área Estudios Internacionales y
Estratégicos.
