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¿Cuánto aguanta la democracia sin participación?

por 30 septiembre, 2004

¿Será que esta es la democracia moderna? o ¿será que ésta es la democracia que está a la altura de nuestro país?; ¿será posible motivarse si no hay posibilidades concretas de incidir?; ¿cómo nos sentimos parte de la misma sociedad si la mayoría de los medios de comunicación nos saturan con un Chile lejano al que cada una/o experimenta cotidianamente?
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El último informe Latinobarómetro señala que la cultura política y cívica no ha mejorado en los últimos catorce años. Según la encuesta, en Chile la democracia "mantiene niveles relativamente bajos de apoyo, entre el 54% y el 57% en la década, en circunstancias que en indicadores de crecimiento económico, reformas, etc., es uno de los países mejores evaluados de la región".



Aún cuando las encuestas pueden dar lugar a las más diversas interpretaciones, resulta interesante detenerse en ese dato, puesto que coincide con varios diagnósticos acerca del preocupante y a veces angustiante panorama de nuestro país en el plano social, político y cultural, que puede relacionarse con diversos procesos. Entre ellos, la crisis de la democracia representativa, la pérdida de confianza en el sistema político, una serie de expectativas no cumplidas, la ausencia de sentidos colectivos, y también las posibilidades reales que tenemos ciudadanas y ciudadanos de participar en la vida democrática del país.



Diversos actores, tanto gubernamentales como políticos y sociales, hace rato venimos hablando acerca de fortalecer la cultura cívica y política de nuestro país; sin embargo, poco hemos avanzado en lograr mecanismos eficaces para lograrlo. Y es que esto implica, entre otras cosas, abrir espacios de participación e involucrar activamente a ciudadanos y ciudadanas en el debate y toma de decisión en temas públicos.



Luego de más de diez años del retorno de la democracia formal, vivimos una democracia débil e incompleta. Tanto la institucionalidad pública como los diversos actores políticos mantienen una cultura autoritaria, que refleja escasa voluntad política para abrir canales que permitan compartir con la ciudadanía el quehacer público. Y de otro lado, una ciudadanía atomizada, descreída, con una organización centrada en su quehacer cotidiano y con poca visión de conjunto y de proyecto colectivo; más fácil de movilizar con triunfos deportivos o de impactar con algún comentario de la farándula criolla.



¿Será que esta es la democracia moderna? o ¿será que ésta es la democracia que está a la altura de nuestro país?; ¿será posible motivarse si no hay posibilidades concretas de incidir?; ¿cómo nos sentimos parte de la misma sociedad si la mayoría de los medios de comunicación nos saturan con un Chile lejano al que cada una/o experimenta cotidianamente?



Sin duda, uno de los nudos de la democracia se encuentra en la relación entre el poder y la participación, entre la ciudadanía y el poder público. Los actores políticos formales no han estado a la altura de su rol y responsabilidades. Centrados en la distribución equitativa del poder entre dos bloques, los distintos sectores políticos han olvidado la importancia de difundir este poder más allá de esos grupos, para que una lógica y cultura participativa distinta se expanda al conjunto de la vida institucional y social.



Un ejemplo de ello es la Ley sobre Asociatividad y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, enviada en junio al Parlamento. Varios sectores de la sociedad civil teníamos la esperanza de que una ley de este tipo sería un avance significativo en el plano de la participación y, al mismo tiempo, un hecho simbólico de voluntad gubernamental para que Chile cuente con una normativa que comprometa a las instituciones públicas y a la comunidad a ejercer derechos de información, opinión y control de la gestión pública.



Sin embargo, este proyecto no establece mecanismos concretos y claros para ampliar los espacios de participación. Bajo la forma de una ley miscelánea, interviene en diversas materias, logrando un avance en aspectos relacionados con la asociatividad al eliminar las barreras que hasta ahora existen para la obtención de personalidad jurídica; pero, no se traduce en la incorporación de reformas sustantivas que plasme un nuevo acuerdo social y abra explícitamente a los/as ciudadanos/as la responsabilidad de tener injerencia en la construcción de lo público.



Las reformas constitucionales -uno de los planteamientos originales del proyecto-, tendientes a fomentar y profundizar la participación ciudadana eran una buena oportunidad para avanzar en el proceso de democratización, más desde la perspectiva de la ciudadanía común y corriente que de las elites políticas.



Podría parecer simbólica la búsqueda del reconocimiento constitucional del derecho de participación ciudadana en la gestión pública, no obstante, para un gobierno y partidos políticos de diversos sectores, que tengan como objetivo alcanzar el desarrollo e integrarse a los procesos de globalización, la participación de la ciudadanía debería ser incorporada como sustento democrático y como un eje movilizador y transversal que inspire su acción.



Un sector importante de la sociedad civil, entre ellos las ONGs, llevamos años insistiéndole a los partidos políticos, a las autoridades gubernamentales y a los parlamentarios, sobre la urgencia de modernizar el sistema democrático, haciendo de la participación ciudadana un desafío y a la vez una construcción cotidiana y, para ello, la ley era una buena oportunidad. No obstante, el Gobierno terminó elaborando una débil propuesta, podada en cada instancia ministerial por donde ha transitado antes de llegar al Parlamento. No propone cambios de fondo como los que se esperaban en torno a materias tan fundamentales como las reformas a la Constitución y el mejoramiento del marco financiero y tributario de las organizaciones de la sociedad civil.



Difícil encantarse con esta ley que, en principio, en el título y mensaje del proyecto, formula interesantes y sentidas declaraciones acerca de la necesidad de que nuestro país cuente con una sociedad civil fuerte, pero que en su contenido no logra coherencia, ni propone avances concretos para ello. Nuevamente aparece la interrogante acerca de la voluntad política real que sustentan algunos proyectos de ley y nuevamente, también, surge la duda interna desde varias organizaciones de la sociedad civil, respecto a si vale la pena seguir dando la pelea.



Desde la sociedad civil, queremos seguir porfiando y apostando a que aún es posible encontrar puntos comunes para dialogar con los distintos actores que tienen una responsabilidad política en la calidad de la democracia que tenemos. Seguimos apostando por abrir un debate que nos permita soñar y pensar en una democracia que no se limite a la medida de nuestras posibilidades.



María Eugenia Díaz Mujica. Presidenta de la Asociación Chilena de ONGs Acción.

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