Como un último recurso, los dirigentes de la APICAL fueron donde Alvaro García, cuando éste ya no fungía como ministro de Economía, sino que como secretario general de la Presidencia: le dijeron que dejarían de pagar impuestos si el Gobierno no les daba alguna solución: «García nos respondió que no nos preocupa sus impuestos, sino que los que paga la gran empresa. Estaba ensoberbecido’, recuerda Varela.
La totalidad de los zapatos comercializados por las grandes cadenas de supermercados criollos es china, elaborados por empresas originarias del gigante asiático o ‘maquilados’ por encargo de grandes (ex) fabricantes locales, encabezados por la trasnacional Bata. El hecho no es exclusivo de esos «templos del consumo»: similar fenómeno se advierte en muchas zapaterías del centro de Santiago. Tampoco debería alarmarnos: si el zapato chino cuesta cuatro o cinco dólares el par y 20 el nacional, una lógica elemental de mercado conduce inexorablemente a preferir el primero. No importa que las medianas y pequeñas fábricas locales de calzado den comparativamente más empleo que una gran exportadora de salmones o de celulosa, ni que (curiosa paradoja) muchos de los compradores de zapato de supermercados sean familias de ingresos medio-bajos, en su mayor parte empleados de miles de otras PYMEs, como las del calzado.
El calzado chino parece y hasta huele como cuero…pero es de puro plástico. Lo deplorable de esta situación no está en que lo sea, sino en que el consumidor desconozca lo que está comprando, o que en algunos casos tampoco sepa de dónde proviene. Nadie, ni siquiera el propio Ministerio de Economía que la dictó en 1984, parece recordar ni querer hacer respetar una norma que estableció la obligatoriedad de identificar la procedencia y composición del calzado vendido en el país. ¿Pero a quién puede importarle eso, si vale un cuarto del precio de su similar nacional y -como me explica Julio Varela, presidente de la Asociación de Pequeños Industriales del Calzado (APICAL)- ‘lo que interesa a la mujer-consumidora-tipo es un nuevo par que lucir por unos días, sin importarle su calidad’.
La norma debiera hacerla cumplir la Dirección de Aduanas, pero un especialista en el tema me informa que ésta efectúa el control de manera aleatoria, en una suerte de «este container sí, este no», aplicando en la mayoría de los casos el principio de la buena fé, que -está visto- en el caso chileno poca veces funciona.
Los pequeños y medianos fabricantes de calzado criollos demandaron reiteradamente al Ministerio de Economía que estableciese la exigencia de un etiquetado de origen: «Empezamos a conversar en 1988, cuando ingresaba al país un millón de pares de calzado; lo dejamos de hacer en 2002, cuando la importación ya superaba los 30 millones». Cansados, abandonaron todo esfuerzo tras comprobar la negligencia o incapacidad del mismo funcionario ministerial que los atendió todo ese tiempo.
Un estudio sectorial efectuado por la CEPAL detectó que entre 1992 y 1997 el consumo aparente de calzado en Chile aumentó de 33 a 44 millones de pares. Pero mientras la manufactura nacional bordeaba los 45 millones de pares, hoy apenas alcanza a los 10 millones. En igual lapso, las importaciones se elevaron de tres a 21 millones de pares y la exportación descendió en un 50%, desde 4,99 a 1,93 millón de pares. El empleo sectorial total cayó a una quinta parte. «Esto trajo consigo un efecto contractivo sobre la industria del calzado y, en consecuencia, sobre todo el sector industrial. El efecto negativo sobre las microempresas fue aún mayor».
Como un último recurso, los dirigentes de la APICAL fueron donde Alvaro García, cuando éste ya no fungía como ministro de Economía, sino que como secretario general de la Presidencia: le dijeron que dejarían de pagar impuestos si el Gobierno no les daba alguna solución: «García nos respondió que no nos preocupa sus impuestos, sino que los que paga la gran empresa. Estaba ensoberbecido’, recuerda Varela. Complementa: «Fabricar zapatos hoy en Chile es suicida. Lo perverso del sistema no tiene que ver con sus personas, sino que con sus decisiones».
La soberbia del entonces ministro (hoy flamante embajador en Suecia) no es sin embargo exclusiva a un funcionario. Ella refleja una suerte de ‘síndrome auto-referencial’ de los gobiernos concertacionistas no muy distinto del que imperó bajo el régimen militar: pocos hoy se acuerdan del apelativo de ‘gasfíteres de la economía’ con que alguno de sus ministros intentó desautorizar a los opositores que levantaban una voz crítica ante la política económica. La actitud del ex ministro García de ponderar la «importancia política» de un grupo de pequeños fabricantes de calzado según el monto de sus aportes tributarios no difiere en esencia de aquella otra que ha hecho de la suscripción de Acuerdos de Libre Comercio (ALC) más un objetivo que un medio, «mirando hacia el lado» al momento de considerar los impactos sociales de una apertura incondicional de los mercados.
El caso mexicano
Cuando la negociación de un ALC con China parece ser un hecho -un probable anuncio en tal sentido se haría durante la Cumbre de Líderes de APEC en noviembre próximo-, conviene tener en cuenta la experiencia mexicana, que tanto en número de Acuerdos suscritos (para infortunio de algunos funcionarios gubernamentales criollos) como en materia de experiencia comercial lleva considerable delantera a Chile.
A pesar de las rebajas arancelarias vigentes para el acceso de los productos mexicanos al mercado estadounidense, los similares chinos resultan más baratos a la hora de ingresar a ese país.
Pero China también le está causando problemas a México en sus propios mercados internos: juguetes, electrodomésticos, productos textiles y hasta reproducciones de las artesanías mexicanas made in China han comenzado a sustituir al producto local. Aunque ambos países acordaron adoptar medidas severas contra el contrabando y la piratería, el gobierno mexicano estima que nueve de cada diez productos textiles chinos ingresados a su mercado lo hacen manera ilegal, generando una pérdida estimada cercana a los US$ 3.000 millones en menores impuestos. Sumando textiles, vestuario y calzado, más de 270.000 personas habrían perdido su trabajo en 2003 como consecuencia de la competencia desleal
A tres años de haber ingresado a la OMC, con 103 investigaciones en curso, China es hoy el país contra el cual se ha presentado el mayor número de acusaciones por prácticas de competencia desleal, una docena de las cuales corresponde a México, quien junto otros 44 países pidieron en junio pasado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que aplace en dos años la eliminación de cuotas arancelarias a las exportaciones textiles chinas a los EE.UU., que debe operar desde el uno de enero de 2005. Este grupo teme que si la OMC no accede a la petición, China podría tomar el control de las dos terceras partes del mercado mundial respectivo.
Hace sólo cinco años China ocupaba un sitial marginal como exportador a México; hoy ocupa el segundo lugar. Ello explica que mientras el comercio bilateral bordea los US$ 10.000 millones anuales, menos de US$ 500 millones sean exportaciones mexicanas.
China compite con las exportaciones de los países en desarrollo en segmentos del mercado intensivos en mano de obra, extrayéndole máximo de competitividad de unos salarios considerablemente más bajos que los de muchos países de AL. Según un reciente informe de la CEPAL, los salarios de México son 7,8 veces, los de Bolivia 3,7 y los de Chile 12,5 veces superiores a los del gigante asiático. La mano de obra barata, la producción en serie, las deficientes o inexistentes regulaciones laborales y ambientales y el propio tamaño del mercado chino han comenzado estimular que firmas ensambladoras hasta ahora instaladas en zonas francas de México y países de América Central perdiesen interés en las «ventajas comparativas» ofrecidas por estos países y comenzaran a desplazar sus inversiones hacia Asia.
¿Por qué la experiencia chilena debiera ser distinta a todo ese escenario mexicano? En el caso de la industria chilena del calzado, una respuesta fácil podría atribuir la pérdida de mercado y la consecuente sangría de empleos al atraso tecnológico y la pérdida de competitividad. Pero ello no resulta fácil de entender en el caso azteca, que hasta poco figuraba en el tercer lugar como exportador mundial de calzado.
Chile puede llegar a «hacerse la América» en China, pero difícilmente competirá con los bienes de ésta, ni dentro del país ni ante erceros mercados. La búsqueda de simetría -un principio virtualmente ausente de las consideraciones tenidas presente por quienes negociaron por ejemplo con los EE.UU.- deberá en el caso chino defender no sólo la reciprocidad de ingreso de productos, sino que prever aspectos que como el «dumping social’ (el uso de trabajo infantil, la comprobada existencia de pésimas condiciones laborales, el pago de salarios misérrimos) o el contrabando tendrán un decisivo impacto sobre la economía local.
China puede resultar un fuerte aliado comercial para Chile, pero también ser un inmisericorde competidor tanto internamente como en aquellos países adonde hoy exporta Chile. Así, la oportunidad (único factor que hasta ahora parece haber predominado en la mentalidad negociadora chilena) de un ALC con Beijing fácilmente podría devenir en amenaza, extendiendo a otros sectores la situación ya verificada en el caso de la industria nacional de calzado.
