En los próximos días, una delegación público-privada de la V Región de Valparaíso, encabezada por el intendente Luis Guastavino, emprenderá viaje a la región asiática. La misión se propone visitar las provincias chinas de Guandong, Shangai y Hong Kong, así como Seúl, la capital coreana, con el propósito de desarrollar una agenda que incluye la firma de convenios de cooperación académica, empresarial y comercial.
La delegación en comento, cuya naturaleza y objetivos podría sonar inusual, por tratarse de una entidad regional y no de una institución del Ejecutivo central, representa no obstante la culminación de un largo proceso que la V región viene desarrollando, al igual que prácticamente todas las regiones chilenas, en la construcción de vínculos cooperativos con contrapartes extranjeras tanto transfronterizas como internacionales, con el propósito de apoyar el cumplimiento de sus respectivas estrategias de desarrollo.
Pero si puede resultar sorprendente que un gobierno regional asuma estas funciones, tradicionalmente reservadas a estructuras del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiera resultar todavía más inusitado saber que se trata de una misión de composición binacional, puesto que la delegación está constituida, además, por empresarios y autoridades del gobierno de la Provincia de Mendoza, Argentina, al mando del propio gobernador Cobos. De este modo, y a decir de los propios organizadores, estamos ante una iniciativa que tiene un componente de integración chileno-argentino muy importante, en su caso, materializado en una acción internacional conjunta de significación cooperativa de amplia connotación política para ambos países.
De un tiempo a esta parte, estimulado por el proceso de globalización y las tendencias a la integración e interdependencia que caracterizan el escenario mundial y regional, estamos siendo testigos de la irrupción de actores no tradicionales en el campo internacional.
Este es el caso de las instancias subestatales o subnacionales de gobierno, las cuales exhiben un marcado activismo en la conformación de todo tipo de redes y formas de asociatividad con objetivos relacionados con el desarrollo. Por lo mismo, el concepto de «paradiplomacia», que es que describe este fenómeno, comienza a adquirir carta de ciudadanía en diferentes regiones del mundo, como una actividad que transcurre en paralelo a la acción de los órganos centrales de gobierno, particularmente de las cancillerías o ministerios de asuntos exteriores, generando una amplia gama de implicaciones de los gobiernos no centrales en las relaciones internacionales.
Tal implicación se realiza a través del establecimiento de contactos permanentes o ad hoc tanto con entes públicos como privados, con el propósito de promover variados asuntos, preferentemente aquellos vinculados a la esfera socioeconómica de las comunidades involucradas.
En el caso de Chile, desde hace al menos una década que es posible observar iniciativas de esta especie, protagonizadas tanto por Gobiernos Regionales (Intendencias) como por gobiernos comunales (Municipios), en este último caso, a través de la firma de convenios de hermanamientos de ciudades. Dicho proceso de proyección internacional, sin embargo, las más de las veces ha tenido lugar de un modo inorgánico, asistemático, en paralelo e incluso en no pocos casos en contraposición de la acción de las instituciones que tienen por mandato constitucional y legal la definición, conducción y ejecución de la política exterior del Estado.
Es bien sabido que Chile posee una normativa en materia de política exterior rígidamente unitaria y centralizada, que por lo mismo no asigna roles a las administraciones regionales en este campo. Pero la carencia de una normativa que provea de atribuciones a las instancias regionales en materia de vínculos con el exterior, siendo parte importante del problema, no lo es todo en materia de las limitaciones que las regiones encuentran en sus objetivos de despliegue hacia el exterior. Tanto o más importante lo es, además, la fuerte cultura centralizadora que en un sentido general hace parte del acerbo burocrático de nuestra administración, y que en materia de política exterior adopta una significación rígida y extrema.
Sin embargo, como demostración de que estamos frente a un fenómeno manifiesto y potente, es posible constatar que al igual que la V Región, buena parte de nuestras regiones se encuentran entusiastamente enfrascadas en similares objetivos, como lo demuestran los casos de las regiones I, II, IV, VIII y XII, todas las cuales hoy exhiben sendos y variados instrumentos de cooperación horizontal con entidades extranjeras.
Ello sin mencionar las menos conocidas y ya citadas iniciativas de hermanamiento, que han permitido a muchas ciudades y localidades tejer una vasta y densa red de vínculos con ciudades, tanto de países vecinos como de la región latinoamericana y de buena parte del mundo. Así como también la ingente acción exterior de las universidades chilenas, particularmente las integrantes del Consejo de Rectores.
Si se examina esta cuestión sin anteojeras ni prejuicios, habrá que admitir que este fenómeno hace parte sustantiva de ciertas transformaciones conceptuales que trajo consigo la globalización. Hay que mencionar en primer lugar al declive de un orden político internacional que tradicionalmente estuvo fundado en la división del mundo en Estados-Nación de carácter soberano, atributo que, entre otras cosas, implica una independencia radical frente de todo poder, injerencia o intervención exterior. A la par que significa la idea de defensa y representación exclusiva y excluyente del Ejecutivo central frente a entidades distintas en el exterior.
Vinculado a este principio de la soberanía del Estado, hay que consignar también una modificación del concepto de frontera, elemento central del discurso de la soberanía. Actualmente se está pasando de concebir a la frontera, ya no como una línea divisoria de un Estado soberano respecto de otro, sino como una bisagra de encuentro e interacción política, económica y cultural.
Hay que recordar, a propósito el papel del territorio en el campo de la integración, la construcción de confianzas y el afianzamiento de la paz y la cooperación, que por ejemplo Chile posee un total de 6328 kilómetros de frontera, y sólo con Argentina tiene 5318 kilómetros, en lo que constituye la tercera frontera más larga del mundo.
Por lo demás, existen multitud de ejemplos que demuestran las posibilidades que ofrecen las relaciones bilaterales en el nivel territorial, las cuales manifiestan una calidad, profundidad y extensión casi siempre superior a las que se dan a nivel central. Y lo que es muy importante, casi nunca reflejan las turbulencias que se dan a nivel de los aparatos centrales de relaciones exteriores, como lo demuestran las relaciones que se dan cotidianamente a nivel regional y provincial con contrapartes argentinas, peruanas o bolivianas.
Por lo dicho, hay quienes consideran que el derecho internacional no puede seguir siendo solo el «derecho entre estados». Puesto que la creciente emergencia de entidades subestatales en la escena internacional exige redefinir sus bases conceptuales más tradicionales, para pasar a fundarse en premisas no exclusivas del Estado-Nación.
No hay que olvidar tampoco que la demanda por desconcentración, descentralización y regionalización del poder público se levanta como una reivindicación ciudadana muy fundamental, e incluso como una condición insustituible para hacer posible la democracia, la participación social y el desarrollo integral.
Chile no experimenta ninguna tendencia o amenaza secesionista. Por lo mismo se debiera estar en disposición de hacerse cargo de algunos imperativos del mundo globalizado. Entre otros, de aquel que aconseja adoptar estrategias que impliquen fortalecer las capacidades regionales y locales, como factor coadyuvante de los exitosos esfuerzos del poder central para conquistar mejores y mayores grados de inserción en la región latinoamericana y en el mundo.
Carlos Parker Almonacid es cientista político
